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El Congreso cita a Correa por la supuesta financiación ilegal del PP

La comisión de investigación pide un informe jurídico sobre la falta de colaboración de la Audiencia Nacional

Miquel Alberola
Francisco Correa declara desde prisión por videoconferencia por su implicación en la trama Gürtel.
Francisco Correa declara desde prisión por videoconferencia por su implicación en la trama Gürtel.Monica Torres

Las dificultades a las que se enfrenta la comisión sobre la presunta financiación irregular del PP son evidentes, después de que la Audiencia Nacional le haya negado documentación solicitada sobre casos de corrupción que afectan al PP, entre ellos el del caso Bárcenas sobre la caja b del partido. Sin embargo, los tres grupos proponentes, PSOE, Podemos y Ciudadanos, están muy comprometidos para seguir avanzando en la comisión, según el diputado socialista Artemi Rallo.

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En ese sentido, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, comparecerá en la comisión el próximo 6 de febrero, en una jornada en la que también lo hará el considerado blanqueador de la red Ramón Blanco Balín. Ha sido la decisión adoptada este martes por la Mesa y Portavoces de la comisión, cuyo periodo de trabajos se ampliará otros seis meses. Con la oposición también del PP, la comisión ha acordado solicitar un informe jurídico a los letrados de la Cámara para analizar si es posible plantear un conflicto de atribuciones contra la Audiencia Nacional por su negativa a entregar al Congreso parte de la documentación que había solicitado.

El presidente de la comisión de investigación, el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, que ha pedido el amparo de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para que garantice los derechos de los diputados ante la falta de colaboración de la Audiencia Nacional, no puede ocultar su malestar. Considera que la negativa “afecta a la dignidad” de una comisión del Congreso de los Diputados. “No es razonable”, critica, que una comisión del Congreso “se entere por la prensa” de la decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que se opone a proporcionar la información al Congreso. “Esto no es un grupo de amigos: es una comisión del Congreso de los Diputados”, remarca.

Quevedo no es partidario de que una comisión política necesite recurrir a la vía judicial para obtener una información, que, “además, está publicada por los medios”. Es optimista respecto al futuro de la comisión. La falta de colaboración, admite, “puede dar la sensación de que la comisión se queda sin gasolina”. “Pero hay más gasolina”, previene, para que a comisión siga funcionando. “Esa información no es imperativa para funcionar”, explica. Quevedo, que reconoce los esfuerzos que está haciendo desde la presidencia para mantener la neutralidad, está convencido de que la comisión puede continuar su cometido pese a la falta de colaboración.

En su opinión, la función de la comisión “depende de otras cosas”. Entre ellas, los comparecientes. Aunque algunos de ellos tampoco se han mostrado muy participativos, como sucedió recientemente con el coronel jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, que no aportaó ningún dato sobre la presunta financiación irregular del PP bajo la justificación de que no podía comentar nada del fondo de las investigaciones. El presidente de la comisión juzga más inquietante la actitud de estos comparecientes citados que “asisten sin responder”. “No es razonable que no contesten”.

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La comisión ha dado curso a un escrito a la presidenta del Congreso para que el Congreso exprese a la Audiencia Nacional una queja por el modo en el que ha conocido su decisión y para que reconsidere su decisión. Lo argumenta en que los documentos solicitados "son de acceso público" (han sido publicados por diversos medios) y, en su caso, la comisión dispone de instrumentos para declararlos secretos.

Por su parte, el PSOE, que ha solicitado el estudio de los letrados, pedirá que se incorporen a la comisión los informes publicados por la SER al día siguiente de conocerse la negativa de la Audiencia Nacional en el caso de que mantenga su actitud de no colaborar. Son dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre la caja b del Partido Popular. Uno analiza cobros, pagos y otros indicios de los denominados papeles de Bárcenas. El otro, es un exhaustivo documento sobre las obras de la sede nacional del PP, pagadas presuntamente con 1.5 millones de euros en negro.

La diputada de Unidos Podemos Carolina Bescansa, que considera "absolutamente desconcertante" el papel de la Audiencia Nacional, ha negado que la comisión esté "bloqueada" y valora como "buena noticia" que Correa y Blanco Balín tengan que comparecer en febrero: "Nos van a decir cosas muy interesantes de la corrupción del PP".

Por el contrario, la diputada del PP Beatriz Escudero ha reprochado al resto de partidos que vayan a ampliar otros seis meses los trabajos sólo para "divertirse", porque la comisión ya nació "muerta" y sus conclusiones sobre la culpabilidad del PP “están escritas de antemano”.

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Sobre la firma

Miquel Alberola
Forma parte de la redacción de EL PAÍS desde 1995, en la que, entre otros cometidos, ha sido corresponsal en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa del Rey en los años de congestión institucional y moción de censura. Fue delegado del periódico en la Comunidad Valenciana y, antes, subdirector del semanario El Temps.

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