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Las autonomías piden al Estado que ceda más dinero para servicios básicos

Los expertos cifran en unos 16.500 millones de euros el dinero necesario para que las comunidades presten el mismo nivel de servicios que en 2009

La mayoría de las comunidades reclaman al Gobierno que ponga más dinero para el sistema de financiación con independencia del criterio de reparto. Andalucía y la Comunidad Valenciana lideran este bloque en el que reclaman más fondos para sufragar los servicios públicos, como son sanidad, educación, prestaciones sociales y dependencia. Los expertos estiman la falta de recursos entre 9.500 y 16.500 millones. El Gobierno se resiste a poner más dinero para negociar el sistema, como en anteriores ediciones, pero acepta ceder parte del aumento de recaudación que se obtenga por el crecimiento económico.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaria y el ministro Portavoz, Iñigo Mendez de Vigo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaria y el ministro Portavoz, Iñigo Mendez de Vigo. EL PAÍS

Una de las claves de la próxima reforma del sistema de financiación autonómica tiene que ver con la suficiencia: el debate sobre cuánto dinero necesitan las comunidades para prestar los servicios públicos. Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias y Extremadura reclaman al Estado central que ceda más recursos a la bolsa de reparto del sistema de financiación, con independencia de cómo se reparta ese dinero posteriormente, según se desprende de las alegaciones que las comunidades han presentado al proyecto de reforma del sistema de financiación elaborado por los expertos designados por Hacienda y las propias autonomías.

Las diferencias entre las comunidades se agudizan precisamente al determinar los criterios de distribución de esa bolsa entre los territorios. El problema es que, a diferencia de otras ocasiones —en 2009, por ejemplo, el Gobierno de Zapatero puso 11.000 millones más en el sistema— la Administración central apenas tiene dinero de sobra para aportar al sistema, según insisten desde el Ministerio de Hacienda. Sobre todo cuando el Ejecutivo aún tiene que tapar el agujero de la Seguridad Social, con un problema estructural de financiación.

No obstante, desde el departamento que dirige Montoro se muestran partidarios de ceder a las comunidades parte del aumento de la recaudación generada por el mayor crecimiento económico. Pero las fuentes de Hacienda no aclaran si será a través de nuevas aportaciones anuales o con una mayor cesión de la capacidad tributaria.

El tema de la suficiencia de recursos es controvertido porque algunos de los expertos de la comisión creen que las autonomías ya disponen de suficientes recursos para prestar los servicios. Y proponen que si estas quieren más dinero ejerzan su responsabilidad fiscal. Por eso, plantearon la posibilidad de que pudieran subir el IVA de forma colegiada.

16.500 millones más

En cualquier caso, los académicos cifran entre 9.500 millones y 16.500 millones los recursos necesarios para que las autonomías puedan pagar los mismos servicios públicos básicos con el mismo nivel de calidad que en 2009, cuando dispusieron del mayor nivel de gasto. Se da la paradoja de que las comunidades recibirán en 2018 más dinero procedente del sistema de financiación que antes de la gran recesión, que estalló en 2008. El próximo año percibirán más de 100.000 millones. Una cantidad que consideran insuficiente para sufragar los crecientes gastos sanitarios y de dependencia, que son imparables ante el envejecimiento de la población.

El problema es que las comunidades no han recuperado el nivel de ingresos por impuestos propios de antes de la crisis, cuando obtenían una buena tajada por el boom inmobiliario. Y, por último, tienen que pagar en intereses casi el triple que hace una década. Algunos expertos creen que las autonomías siempre querrán más dinero y defienden que hay que determinar el nivel óptimo de servicios públicos antes de aportar más recursos.

"El nuevo sistema de financiación ha de partir de nuevo de un acuerdo entre la Administración del Estado y las autonomías sobre cómo distribuir los recursos públicos para el desarrollo de las competencias que las distintas administraciones tienen encomendadas", explican los expertos en su informe. Recuerdan que el gasto público autonómico para servicios esenciales alcanzaba en 2009 casi el 42% del total. Siete años después, las comunidades cargan con el 37% del gasto público del conjunto de las Administraciones Públicas. La Seguridad Social, por su parte, ha absorbido más de la mitad de los compromisos.

La deuda regional será clave en la negociación

El Gobierno tiene el compromiso de abordar la reforma de la financiación autonómica durante el primer trimestre del próximo año. Su intención es vincular el nuevo marco regional a la aprobación de los Presupuestos de 2018. Pero el escenario de la negociación es diferente del de anteriores ediciones, cuando los sucesivos Gobiernos cerraban el nuevo sistema de financiación con más dinero. Ahora, el Ejecutivo apenas dispone de recursos de sobra. Pero sí guarda una baza con la que negociar: el 66% de la deuda de las comunidades está en manos del Estado.

El Tesoro Público ha inyectado unos 232.834 millones de euros a las autonomías desde 2012. El plan de pago a proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la Facilidad Financiera son mecanismos ideados por el Estado para apoyar a los Gobiernos regionales.

Varios presidentes autonómicos han reclamado al Gobierno una quita de parte de esta deuda. Aunque el perdón de estos préstamos es complicado, porque Bruselas pondría pegas jurídicas, Hacienda admite que está abierta a estudiar la situación de la deuda. De hecho, el ministro Cristóbal Montoro no descartó hace unos meses una reestructuración de esta deuda.

Los expertos tienen profundas discrepancias sobre qué hacer con esta deuda. Algunos plantean una solución de consenso como convertirla en perpetua o aplazar su vencimiento a 50 años. Aunque el escenario político se emborrona ante la cercanía de la negociación, porque los presidentes autonómicos maximalizan sus posturas, casi todas las autonomías aceptarían una solución de este tipo.