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El PSOE propone que acudan a la comisión territorial Serrat, Marías, Évole, periodistas y tertulianos

Los partidos piden más de 200 comparecencias en el Congreso, con expresidentes, padres de la Constitución y una larga lista de expertos

Ana Pastor, presidenta del Congreso, y Pío García-Escudero, presidente del Senado, saludan al secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, en la fiesta de la Constitución.
Ana Pastor, presidenta del Congreso, y Pío García-Escudero, presidente del Senado, saludan al secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, en la fiesta de la Constitución.

La comisión territorial formada el mes pasado en el Congreso, que el PSOE ve como un primer paso para explorar cambios en la Constitución y que el PP afronta con bastante más escepticismo, reacio a una reforma, ya tiene un punto de partida. Los tres principales partidos que la integran, PP, PSOE y Ciudadanos, han presentado este jueves sus propuestas de planes de trabajo, que dan pistas de cómo se plantean esta tarea, y de listas de posibles comparecientes. El número de personas que podrían ser llamadas en los próximos meses supera las 200, aunque muchas coinciden y, por tanto, esas sugerencias serán probablemente aceptadas en la próxima reunión de la mesa de la comisión, el miércoles día 13. Los principales son los expresidentes del Gobierno –aunque Ciudadanos no ha incluido a Rodríguez Zapatero-, los padres de la Constitución aún vivos -Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca y Miquel Roca- y los presidentes autonómicos.

Las que ha esbozado el PSOE, un centenar, son con diferencia las más llamativas, por su pretensión de imprimir a la comisión territorial “un carácter abierto a la sociedad y de cauce de todas las nuevas demandas ciudadanas”. Incluye escritores y artistas, como Joan Manuel Serrat, Javier Marías, Javier Cercas, Isabel Coixet, Fernando Aramburu y Luis García Montero. Hay numerosos periodistas: el director de EL PAÍS y los del resto de principales periódicos y diarios digitales, y otros como Jordi Évole, Iñaki Gabilondo, Pepa Bueno, Victoria Prego, Joaquín Estefanía, Soledad Gallego Díaz, José Antonio Zarzalejos, Enric Juliana, Julia Otero, Javier Sardá y Ángels Barceló. También filósofos como Emilio Lledó y Adela Cortina, el historiador Santos Juliá, politólogos y sociólogos como Pablo Simón, Belén Barreiro, Antón Losada y Sandra León, así como economistas y ONGs.

El PP ha solicitado más de un centenar de comparecencias, con políticos y expertos, y ha incluido también a extranjeros, como el expresidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy. Ciudadanos, con 45 nombres, ha incluido a tres expertos consultados por el Gobierno que se opusieron al cupo vasco. Obviamente, la lista final debe surgir cribada por el consenso de todas las formaciones presentes en la comisión.

Los documentos aportados por los partidos ponen en evidencia que se toman de distinto modo la llamada comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico, en la que no están presentes Unidos Podemos ni los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre condicionan y enrarecen el arranque de este organismo -tanto que el PP ha preferido frenar su puesta en marcha hasta enero- y sus promotores no descartan que el año próximo se acaben incorporando otras formaciones. 

Pero PP, PSOE y Ciudadanos coinciden en lo esencial: discutir una reforma del Senado y el modelo de financiación. Luego, cada cual desliza sus prioridades. El PP quiere incidir en la lealtad institucional. El PSOE desea convertir la comisión en un espacio de diálogo “útil e inmediato” para ofrecer un marco de convivencia a Cataluña dentro de la Constitución, mientras los populares descartan cualquier enfoque que sea visto como una maniobra para contentar a los secesionistas. Ciudadanos pide “cerrar el Estado autonómico”, con una enumeración constitucional de las comunidades autónomas.

El PP plantea cinco bloques de trabajo: balance del estado autonómico; relación entre Estado autonómico y Estado de bienestar, con los principios de su financiación; lealtad institucional y reparto de competencias; modernización y racionalización de las administraciones públicas; y reforma del Senado. En todo caso el portavoz popular, Rafael Hernando, ha repetido que la renovación de la financiación autonómica debería llevarse a cabo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El rasgo decisivo de la postura del PP es el final del camino: piensan que todo esto al final podría hacerse sin tocar la Constitución. Hernando ha reiterado que "hay otras fórmulas, otras vías de cambio" que se pueden debatir en la comisión y "seguramente son más eficaces y atractivas que una reforma genérica de la Constitución". Aunque si la comisión concluye que debe hacerse el PP, aseguró, no pondrá “ningún problema”.

El PSOE desea abordar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales; el reconocimiento y consecuencias efectivas de las singularidades; ordenación de las competencias; capacidad del Senado para facilitar la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones; constitucionalizar los principios del modelo de financiación autonómica; y ampliar el reconocimiento de la autonomía local.

Por su parte, Ciudadanos ha sugerido siete bloques temáticos: evaluar el desarrollo y la situación del Estado autonómico; aclarar la distribución de competencias; revisar las estructuras territoriales de ámbito provincial y local; cierre del Estado autonómico y la enumeración constitucional de las comunidades autónomas; regulación de los mecanismos de cooperación y colaboración vertical (entre Estado y comunidades) y horizontal (entre las comunidades); la incidencia de la Unión Europea en el Estado autonómico; la reforma del Senado como cámara de representación territorial; y un nuevo modelo de financiación autonómica.

El PSOE, impulsor de la comisión y que tiene a uno de los suyos como presidente, José Enrique Serrano, pretende habilitar el mes de enero para poder celebrar una media de entre 4 y 6 comparecencias semanales. A los seis meses se nombraría una ponencia para elaborar el dictamen de la Comisión con propuestas de resolución. Es aquí donde se apuntarían modificaciones de textos legales y de la Constitución. Una vez aprobado este dictamen, se remitiría al pleno del Congreso. Si lo aprueba, pasaría a la comisión constitucional para que trabajara ya en una reforma de la Constitución.

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