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El PP plantea mecanismos que aseguren la lealtad de las autonomías

El partido de Mariano Rajoy apuesta por reforzar el papel de la conferencia de presidentes y de otros organismos sectoriales de coordinación

Soraya Sáenz de Santamaría en la capilla ardiente de Manuel Marín.
Soraya Sáenz de Santamaría en la capilla ardiente de Manuel Marín.

El PP quiere que la comisión de evaluación del estado autonómico sirva para plantear fórmulas que garanticen la lealtad de las comunidades con el Estado. El partido de Mariano Rajoy apuesta por reforzar el papel de la conferencia de presidentes, y de otros organismos sectoriales de coordinación, para evitar desafíos como el del Govern de Carles Puigdemont. Además, abrirá el debate sobre la financiación autonómica y soslayará el de la reforma constitucional.

El desafío independentista de la Generalitat de Cataluña y las tensiones generadas por la negociación de la nueva financiación autonómica han impulsado al PP a proponer que la comisión de evaluación del Estado autonómico —que empezará sus trabajos en enero de 2018— debata mecanismos que garanticen la lealtad al Estado por parte de las comunidades autónomas. Esta comisión creada a instancias de PSOE y aceptada por el PP tendrá vida toda vez que el Gobierno, a través del grupo parlamentario que le apoya, ha decidido que este es el foro adecuado para solucionar problemas y suplir carencias detectadas en el Estado autonomico. La grave crisis creada por los independentistas catalanes empuja decisivamente al PP a proponer mecanismos de defensa del propio Estado. No todo se soluciona con la reforma de la Constitución, señalan en el Grupo Popular.

Antes de llegar a esa fase, el Grupo Popular quiere utilizar esta comisión para establecer “garantías que permitan cumplir el principio de lealtad institucional”, señalan fuentes del PP. Estos interlocutores plantearán sus propuestas sin ánimo de imponerlas, sino de escuchar las que realicen el PSOE y Ciudadanos. Esa es la actitud de todos ellos, a la espera de que puedan incorporarse a los trabajos otros grupos que ahora han dado la espalda a este ámbito de discusión.

Las comisiones sectoriales de coordinación pueden ser de la máxima utilidad siempre que funcione el principio de lealtad, propia de los Estados federales, y que en España sirven habitualmente como campo de batalla entre el Estado y las autonomías.

Es más, se ha convertido en una tradición los plantes de los consejeros a los ministros. También, del otro lado, también existe resistencia de los ministros a convocar las comisiones sectoriales cuando se prevé que el desacuerdo está garantizado.

Entre las mejoras que el PP quiere plantear sin tocar la Constitución figura la clarificación de las competencias que corresponden a las autonomías y al Estado, respectivamente. Esta demanda es compartida también por Ciudadanos y no es ajena al planteamiento del PSOE, que pone el énfasis en la elevada litigiosidad entre Estado y autonomías que se traduce en recursos constantes, en la doble dirección, ante el Tribunal Constitucional. Los Estatutos de autonomía han introducido competencias que, una vez ejercidas, son recurridas por el Gobierno casi de inmediato. Con Cataluña es frecuente pero la controversia se da con otras muchas.

Las intenciones del PP van a contar con el apoyo, en principio, de Ciudadanos, pero habrá reciprocidad. Fuentes parlamentarias del partido de Albert Rivera aseguran que Ciudadanos desea que la comisión impulsada por el PSOE sirva para “regular los mecanismos de cooperación y colaboración vertical [entre el Estado y las autonomías] y horizontal [entre las propias comunidades] con el diseño de sus órganos correspondientes”.

Distinguir competencias

También apuesta porque en el organismo se trate el “cierre del Estado autonómico y la enumeración constitucional de las comunidades autónomas”. La coincidencia también está en establecer la distinción “de las competencias y potestades normativas entre los órganos centrales del Estado y las Comunidades Autónomas”, según consta en el plan de trabajo que registrará hoy el partido de Rivera, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

“Se trata de ver qué parte del modelo territorial ha funcionado bien y cuál mal, y de reforzar la lealtad institucional entre las distintas instituciones que forman el Estado español”, planteó ayer Rafael Hernando, el portavoz parlamentario del PP. “Ha habido casos de grave deslealtad. Eso está en el origen del problema planteado por el antiguo Gobierno de Cataluña”, añadió.

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