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El PSOE anuncia una proposición de ley para anular las sentencias del franquismo

Los socialistas proponen la retirada de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos

El PSOE promoverá a través de una proposición de ley —que se registra este martes— la nulidad de los juicios celebrados por el franquismo con todas las consecuencias; lo que abre la puerta a que los descendientes de las víctimas reclamen que se les restituya su patrimonio si pueden documentarlo. La propuesta encomienda al Estado la tarea de localizar y exhumar las fosas con los cuerpos de los represaliados, sanciona a las instituciones que no retiren la simbología franquista y exige que se saquen los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos.

El socialista Pedro Sánchez, con cargos del partido, y familiares de fusilados por el franquismo en el cementerio de Paterna (Valencia).
El socialista Pedro Sánchez, con cargos del partido, y familiares de fusilados por el franquismo en el cementerio de Paterna (Valencia).

El PSOE presentará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que reforma la ley española de memoria histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La reforma o actualización llega una década después de la ley original, que se ha aplicado con desigual fortuna desde que entró en vigor.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se encargó ayer de avanzar alguno de sus puntos más relevantes en el municipio valenciano de Paterna, donde en el conocido como paredón de España se fusilaron a cerca de 2.300 personas en la posguerra. la filosofía del texto se inspira en los principios de la jurisprudencia internacional de “justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición”.

Uno de los aspectos medulares de la proposición —con vocación de convertirse en ley— es llegar a la nulidad de pleno derecho de las condenas dictadas por el ordenamiento ilegítimo del franquismo. La norma en vigor los considera “ilegítimos” pero sus efectos perduran. La anulación de los juicios abre las puertas a los descendientes de aquellas víctimas a realizar “reclamaciones” para que les restituyan el patrimonio incautado.

A diferencia de la ley de 2007, donde las agrupaciones de familiares y asociaciones memorialistas activan el proceso de búsqueda de los restos, los socialistas quieren que el Estado se ocupe de localizar las fosas y exhumar los restos. Introduce sanciones —ahora no las hay— a las instituciones que se nieguen a retirar la simbología fascista que aun pervive en España; y pide que se retiren los restos mortales del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

El secretario general de los socialistas criticó la “desidia” del actual Gobierno en la aplicación de la ley de memoria histórica. “La norma de 2007 ha sido ignorada por el PP desde que llegó al Gobierno. Han preferido esconderse en su acatamiento formal, sin modificarla y silenciando su espíritu", subrayó Sánchez, al que acompañaron familiares de represaliados del franquismo.

Sánchez abraza a un familiar de los represaliados de Paterna. ampliar foto
Sánchez abraza a un familiar de los represaliados de Paterna.

Otros elementos que incorpora la iniciativa legislativa son la creación de una "comisión de la verdad" que investigue la violación de los derechos humanos en aquel periodo, la dotación de instrumentos de defensa de la ley “frente a los que la paralizan conscientemente”, la creación de un banco público de ADN para facilitar la identificación de las víctimas, la elaboración de un censo nacional de víctimas y el acceso, todavía vedado, a archivos estatales de la época.

La iniciativa, apuntó Sánchez, es “un auténtico compromiso con la reparación de la memoria histórica, que no es patrimonio de la derecha o la izquierda sino de los demócratas". Los grupos para la Recuperación de la Memoria Histórica piden a los grupos políticos que se pongan de acuerdo en torno a la reforma de la ley con un espíritu positivo.

El texto legislativo ha sido redactado por el secretario de Justicia y Libertades del PSPV-PSOE, Andrés Perelló, en colaboración con entidades memorialistas y juristas como el exjuez Baltasar Garzón y el exfiscal José Antonio Martín Pallín.

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