Interior envía medio centenar de policías a Cataluña para escoltar a candidatos
El ministerio ya puso protección a dirigentes de Ciudadanos tras sufrir un episodio de acoso de un grupo independentista tras el referéndum ilegal
El Ministerio del Interior enviará en los próximos días a Cataluña medio centenar de policías para escoltar, entre otros, a candidatos de los partidos constitucionalistas durante la campaña electoral, según confirman fuentes de las fuerzas de seguridad. La decisión se conoce horas después de que se encontraran colgados en un puente de la comarca barcelonesa de Osona varios muñecos que simulaban cuerpos amortajados con los logotipos del PSC, el PP y Ciudadanos.
Estos 50 efectivos de la Unidad Central de Protección de la Policía Nacional, con sede en Madrid, se unirán a otros 200 agentes, en su mayoría Mossos d’Esquadra, que ya prestan este tipo de servicio de seguridad en la comunidad autónoma, según detalla el departamento encabezado por Juan Ignacio Zoido, que ya se vio obligado, tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, a poner escoltas a algunos dirigentes de Ciudadanos tras sufrir en su sede de Barcelona un episodio de acoso por parte de un grupo de independentistas.
La principal misión de los escoltas enviados ahora será proteger a los candidatos de los tres partidos constitucionalistas durante los actos de campaña, aunque también reforzarán la seguridad de dirigentes nacionales de estas formaciones cuando se desplacen a la comunidad a participar en mítines, según fuentes policiales. Los detalles del despliegue se concretaron recientemente en una reunión celebrada en Madrid, donde participaron los máximos responsables de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, de quien depende orgánicamente la Unidad Central de Protección. Interior ha declinado dar detalles sobre el dispositivo al tratarse de cuestiones operativas.
El papel protagonista de los Mossos
Interior tenía destinados, hasta ahora, a labores de escoltas en Cataluña a 178 mossos y una treintena de policías y guardias civiles, según admiten fuentes del propio ministerio. Con ellos, se protege en la actualidad a cerca de 40 políticos y personalidades —a una media de cinco agentes por persona— después de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución supusiera la retirada del servicio de seguridad que se prestaba a quienes hasta esa fecha eran consejeros del Govern y su presidente Carles Puigdemont.
El viaje a Bruselas de uno de los agentes para colaborar en la custodia de este le supuso la apertura de un expediente por parte de los actuales responsables de la policía catalana, que investiga el intento de quema este sábado de una bandera española en el primer piso de un edificio de Balsareny (Barcelona) por parte de una persona o grupo que no logró su objetivo, pero sí provocaron un incendio en la entrada de este inmueble.
No es la primera vez que el ministerio se plantea reforzar la protección de los políticos desde que comenzó el desafío soberanista. El 6 de septiembre —cuando aún no había comenzado formalmente la Operación Copérnico, que desplazó a Cataluña a más de 6.000 policías y guardias civiles de otros rincones de España—, la Dirección General del instituto armado envió un escrito a las comandancias de esta comunidad para elaborar "una relación de personal con titulación acreditada o formación en protección de personalidades". En aquel mensaje se insistía en la urgencia de contar con esa información y daba solo dos horas para recabarla.
Pese a los incidentes que se produjeron durante las siguientes semanas, Interior optó por no tomar medidas excepcionales de protección a los políticos, aunque en ciertos momentos sí se incrementaron discretamente. Sin embargo, el 3 de octubre marcó un punto de inflexión que obligó a Interior a reforzar la seguridad de algunos dirigentes de partidos constitucionalistas. Aquel día, decenas de manifestantes cercaron la sede de Ciudadanos en Barcelona. Acababa de producirse el referéndum ilegal y la tensión se había disparado en las calles. Las cargas policiales habían dado paso a la huelga general y se sucedían los enfrentamientos contra los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados en la comunidad, que pernoctaban en hoteles de localidades como Calella y Pineda de Mar. "Hemos tenido que salir escoltados por pensar diferente", escribía Fernando de Páramo, secretario de Comunicación y diputado de la principal fuerza de la oposición en Cataluña, tras conseguir abandonar la instalación de su partido aquella jornada. Como él, otras dos caras visibles de la formación tuvieron que salir acompañados por los mossos: José María Espejo-Saavedra y Carlos Carrizosa.
Miedo a más tensión
Según confirman fuentes del partido de Albert Rivera, Interior ofreció a los tres un servicio de escolta, que aún se mantiene. Aunque la tensión se ha reducido, Ciudadanos teme que los incidentes se reproduzcan a medida que se acerque el 21-D. Y su secretario general, José Manuel Villegas, desveló hace semanas la intención de solicitar a Zoido protección extra para la campaña. Sobre todo, después de decidir incrementar sus actos en la calle durante las semanas que quedan hasta la cita con las urnas.
En esa línea, el partido organizó el pasado noviembre un mitin con Rivera e Inés Arrimadas en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), el municipio que los había declarado personas non gratas recientemente. Durante los discursos de los dirigentes de Ciudadanos, un grupo de unos setenta independentistas se situó a unos 100 metros del escenario y trataron de boicotear el acto con gritos como "Libertad" y "No sois de aquí, marchad a vuestra casa".
