Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Diez sugerencias y un recordatorio del Defensor a Interior por la cárcel de Archidona

La institución liderada por Marugán recuerda al ministerio que debe "velar por la integridad física y salud de los extranjeros"

Una mujer protesta ante la cárcel de Archidona, esta semana.
Una mujer protesta ante la cárcel de Archidona, esta semana. AFP

El informe del Defensor del Pueblo sobre la utilización de la cárcel de Archidona como CIE "provisional" para más de 500 inmigrantes concluye con diez "sugerencias" y un "recordatorio de deberes legales" dirigidos al Ministerio del Interior, como responsable último de gestionar la estancia de los sin papeles en estos centros. La institución destaca que con ellos pretende "garantizar los derechos de los internos".

El "recordatorio" se refiere a la obligación legal de la Dirección General de la Policía de "velar por el respeto a la vida, integridad física y salud de los internos". Para ello, insiste en que debe "impedir los altercados entre ellos", además de fijar planes de evacuación en caso de incendio. También le recuerda la normativa legal sobre la captación y almacenamiento de "las imágenes y sonidos captados por los sistemas de videovigilancia".

Las "sugerencias" se inician con la petición a Interior de que sustituya a los agentes antidisturbios que custodian a los sin papeles por policías especializados en extranjería. También le recuerda la necesidad de "proceder de manera inmediata al reconocimiento médico" de todos los inmigrantes recluidos en la cárcel y de "establecer asistencia médico-sanitaria las 24 horas". El informe del Defensor, organismo encabezado por Francisco Fernández-Marugán, reclama que cada interno tenga acceso a "sus objetos personales" y que se le facilite ropa para que puedan cambiarse "con una frecuencia aceptable".

Orientación jurídica

Sobre el día a día en el centro, la institución insiste en que se establezca un horario diario de actividades y que se garantice que “las visitas de familiares se realicen sin separación física” y “en condiciones de privacidad”, ya que hasta ahora se han realizado en los locutorios con mamparas que se utilizan para los presos. También reclama que se les faciliten “los medios materiales” para que puedan comunicar su detención y lugar de internamiento a familiares. En este sentido, recuerda la necesidad de “establecer convenios con los colegios de abogados y ONG para hacer efectivo el derecho a la orientación jurídica y social” al que tienen derecho.

Por último, el Defensor insiste en la necesidad de que el centro cuente con “instrumentos” para que los inmigrantes internados puedan formalizar “reclamaciones” y “quejas”. Además, recuerda a Interior que se deben completar los expedientes administrativos de expulsión y devolver a los internos “las copias de los autos de internamiento” o de cualquier otro documento relativo a su situación legal. 

Interior niega las "carencias"

El director general de la Policía, Germán López Iglesias, se ha apresurado este viernes a remitir una carta al Defensor para negar buena parte de las acusaciones del informe. El máximo responsable de la Policía rechaza la existencia de irregularidades legales o administrativas en la decisión de utilizar la cárcel como CIE y desmiente las "carencias" denunciadas. López Iglesias insiste en que los inmigrantes no están permanente en las zonas exteriores del centro como denuncia el Defensor, sino que "según la climatología existente" se les permite permanecer en los módulos, incluida una sala con televisión. También recalca que funciona la calefacción "para conseguir la habitabilidad de estos espacios". En la carta, justifica el uso de agua embotellada durante los primeros días y niega que fuera por falta de suministro. También niega que no haya atención médica las 24 horas o servicios de lavandería y cocina. López termina su escrito acusando a los inmigrantes de parte de las deficiencias encontradas por los técnicos del Defensor en su inspección. Asegura que fueron "actos de vandalismo y protesta".