La UCO documenta un pacto secreto para encarecer en 19 millones la mayor obra del ‘caso Acuamed’

Un informe de la Guardia Civil detalla la “estrecha colaboración” entre directivos de la empresa pública y Acciona para aumentar los sobrecostes de la desaladora de Torrevieja

Registro de la Guardia Civil en las oficinas de Acuamed.

Con la instrucción del caso Acuamed en la recta final, la Guardia Civil ha puesto el foco en una de las grandes obras hidráulicas investigadas en este presunto fraude millonario en contratación pública: la desaladora de Torrevieja, en Alicante. La Unidad Central Operativa (UCO) detalla en su último informe, fechado el 10 de octubre pasado, la “estrecha colaboración de Acuamed con Acciona” para intentar que la segunda obtuviera alrededor de 19 millones de euros extra por la obra, planificada en 2007 como la mayor desaladora de Europa.

“Acciona y Acuamed tendrían un pacto por el cual la IDAM Torrevieja UTE presentaría una liquidación y una reclamación por los excesos de medición y los sobrecostes en los que habría incurrido durante la ejecución de la obra”, dice el informe, al que tuvo acceso EL PAÍS. El trato entre los altos cargos de ambas entidades le parece a la UCO “más que una relación objetiva y aséptica entre dos empresas que mantienen un contrato, una relación arbitraria e interesada cuyo objetivo sería alcanzar una meta fijada y pactada previamente”. Pablo Martín Mira, el responsable de Acuamed en Valencia, habría incumplido, según el informe, “la objetividad, imparcialidad y confidencialidad que debe regir en la gestión de una entidad pública”.

Acciona es una de las siete empresas (junto con FCC, Abengoa, Sogeosa, Torrescámara, Altec y Altyum) señaladas del caso Acuamed. Uno de los mayores contratos investigados es precisamente el de la desaladora de Torrevieja, que se adjudicó en 2007 por 185,3 millones de euros a una UTE liderada por Acciona. La obra fue prorrogada en siete ocasiones hasta que se dio por finalizada oficialmente en 2014. Acciona declinó comentar el contenido del informe.

La UTE empezó a planear la reclamación de sobrecostes unos meses antes, con la obra casi concluida, según el informe de la UCO. Acciona y Acuamed “tendrían un pacto” por el cual la UTE iba a presentar una liquidación y una reclamación por los excesos de medición y los sobrecostes en los incurrió durante la ejecución de la obra. Esperaba obtener 19 millones de euros extra, es decir, un incremento del 9,2%.

Los correos y los mensajes de Whatsapp intervenidos por orden del juez muestran cómo a lo largo de los meses la UTE va cambiando sus propuestas de valoración, con fluctuaciones en las cantidades de las diversas partidas. Los mayores incrementos, señalan los agentes que elaboran el informe, se producen “en partidas cuya comprobación resulta compleja o imposible”, como la obra submarina (vertido de salmuera) o el movimiento de tierras.

La UCO hace un relato detallado y muy técnico de todos los pasos que da Acciona para intentar obtener la cantidad más alta posible. El informe recoge las otras valoraciones que se hicieron de la obra, muy inferiores a la que pretendía obtener Acciona. La certificación final de la Asistencia a la Dirección de Obra (ADO) valoraba los trabajos en 181,8 millones de euros, es decir, ligereramente por debajo del presupuesto de la obra. El director de la obra, David Soriano, también valoró los trabajos y apuntó a un exceso de medición del 0,9% del proyecto, muy lejos del 9,2% que quería obtener Acciona.

“Gabriela Mañueco encargó a Pablo Martín que realizara los informes de liquidación y reclamación de tal modo que el contratista obtuviera un adicional del 8,5% sobre el presupuesto fijado”, dice el informe. Mañueco era la directora de Ingeniería y Construcción de la compañía hasta su arresto como presunta número 2 de la trama. Pablo Martín obedeció las instrucciones, según la UCO, con la ayuda de los directivos de Acciona.

Finalmente, en diciembre de 2014 la reclamación llegó al Consejo de Administración de Acuamed (en el que se sientan tres ministerios: Hacienda, Agricultura y Presidencia), que acordó conceder una liquidación por un importe adicional de 10,6 millones de euros, asegura el informe. Por otro lado, la reclamación de sobrecostes fue finalmente de 17,5 millones de euros. Según el Ministerio de Agricultura, esta reclamación no ha sido abonada.

La UCO detalla en su informe multitud de ejemplos que demuestran la estrecha relación entre los directivos de Acuamed y de Acciona durante las negociaciones para determinar la liquidación de la obra. Acciona tenía acceso a documentos internos, calificados como confidenciales y que, según la Guardia Civil permitieron “que la UTE tuviera conocimiento de las estrategias que se estaban preparando dentro de Acuamed para afrontar la negociación”. Uno de esos documentos que llegaron a manos de Acciona es un informe preliminar de la Abogacía del Estado que analizaba la reclamación presentada por el contratista. “Dentro de Acciona hay un continuo flujo de información teniendo todos los implicados un amplio conocimiento de la situación”, destacan los agentes tras analizar centenares de correos electrónicos.

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