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Educación retrasa el informe sobre adoctrinamiento en los libros en vísperas del 21-D

El ministerio rectifica y amplía a las etapas de primaria y bachillerato el estudio "urgente" que encargó en mayo a la Alta Inspección

El Ministerio de Educación anunció en mayo un informe “detallado y urgente” de un posible adoctrinamiento en los libros de texto tras una denuncia de un sindicato en Cataluña que, más de seis meses después, aún no ha visto la luz. A tres semanas de las elecciones catalanas y a apenas días del arranque de la campaña, Educación esgrime que se han ampliado las etapas de estudio, algo que inicialmente descartaron por el volumen de trabajo, y que no ofrecerá ningún dato hasta que el informe esté completo. El trabajo se ha ampliado a primaria y bachillerato.

Alumnos de un colegio de Barcelona preparando carteles por el referéndum del 1 de octubre.
Alumnos de un colegio de Barcelona preparando carteles por el referéndum del 1 de octubre. EL PAÍS

18 de mayo de 2017. El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, anunció que había encargado un informe “detallado y urgente” a la Alta Inspección Educativa sobre los libros de texto de Cataluña tras una denuncia presentada por un sindicato de profesores catalán. En la denuncia, el sindicato señalaba que los textos de alumnos de primaria (de 10 a 12 años) en Cataluña tenían “planteamientos ideológicos partidistas” y “tendenciosos”. “Son libros para el adoctrinamiento de los alumnos”, denunciaba entonces el sindicato denunciante, AMES, que es minoritario en Cataluña. Más de seis meses después, el informe no ha trascendido ni Educación ha informado de su contenido pese a las múltiples solicitudes que ha recibido.

El informe que anunció el Ministerio de Educación era para estudiar la situación de los textos en Cataluña. Pero no solo. El departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo señaló entonces que iba a pedir a la Alta Inspección que estuviera “alerta” de posibles denuncias en el resto de comunidades autónomas. Días después se materializó aquel anuncio. En junio, los miembros de la Alta Inspección de todas las comunidades autónomas recibieron las instrucciones. Se trata de un cuerpo de trabajadores, dependiente del Ministerio de Educación, que incluye dos miembros por comunidad autónoma. Es decir, 34 empleados elegidos por el Estado cuyas funciones principales se centran en revisar la aplicación de la normativa y que trabajan al margen de los 1.500 funcionarios de las inspecciones regionales que responden ante cada Gobierno autónomo.

Según fuentes de la Alta Inspección consultadas por EL PAÍS, las instrucciones recibidas en junio se centraron en la etapa de secundaria obligatoria (de 14 a 16 años), después de desechar tanto primaria —en cuyos manuales se centraba la denuncia de AMES— como bachillerato por considerar que era una cantidad ingente de trabajo para una plantilla reducida. Se revisaron manuales de 1º a 4º de secundaria de Lengua y Literatura, Matemáticas y Geografía e Historia, según las fuentes consultadas. Cada región debía mandar en el plazo de un mes sus conclusiones. En cada caso, los inspectores eligieron las editoriales de los libros a revisar con el criterio de que fueran representativas en su territorio.

Requerimientos pendientes del contencioso

El Ministerio de Educación envió entre los pasados meses de septiembre y octubre tres requerimientos a la Generalitat de Cataluña con posibles casos de “adoctrinamiento ideológico” en un listado de centros en relación con el procés. El departamento aseguró que las denuncias que recibían se incrementaron “exponencialmente” tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y las cargas policiales para impedir la votación.

El ministro Íñigo Méndez de Vigo amenazó entonces con acudir a los tribunales si no recibía respuesta de la Generalitat. Según un portavoz de Educación, los tres han sido contestados por la Generalitat.

El ministerio ha pedido más información de los dos primeros y estudia el contenido del tercero, recién recibido. Aún no se ha planteado si denunciará ante el contencioso, para lo que dispone de un plazo de dos meses desde la recepción de las respuestas.

Entre los parámetros que analizaron, en los que no había una mención expresa al posible “adoctrinamiento”, estaban los estándares de aprendizaje, los principios y valores de la Constitución, los derechos y libertades fundamentales, los bloques de contenido del currículo o la inclusión de actividades destinadas a alumnos con necesidades educativas especiales, según fuentes de la inspección consultadas.

Distintos medios de comunicación, incluido este periódico, han reclamado con insistencia los resultados del informe “urgente” desde que se anunció su elaboración en mayo. También los partidos políticos. Ciudadanos recibió esta semana la respuesta a una pregunta escrita en la que el Gobierno señalaba que “el proceso de estudio no ha concluido”. Y añadía que los resultados definitivos del trabajo se harían públicos en el momento que se finalicen.

Un portavoz de Educación añadió a este periódico que se han ampliado la investigación a primaria y bachillerato, sin aclarar cuáles han sido los resultados en la etapa de secundaria obligatoria ni por qué se ha decidido ampliar el trabajo que primero se decidió acotar por la escasez de efectivos. Fuentes de la Alta Inspección añaden que esta nueva revisión solo se ha solicitado a las comunidades con lengua propia —Cataluña, País Vasco, Baleares, Galicia y Comunidad Valenciana—, un extremo que el portavoz de Educación tampoco aclara.