Moncloa no podrá controlar al Parlament que nazca de las elecciones del 21-D
Aunque el Gobierno planteó un mecanismo de veto, el Senado lo eliminó de sus planes
Hasta que se forme gobierno en Cataluña, el Parlament que salga de las elecciones del 21 de diciembre podrá tomar iniciativas sobre las que el Gobierno no tendrá capacidad de veto. Aunque el Ejecutivo se atribuyó esa opción en el plan de activación del artículo 155 que aprobó el Consejo de Ministros, que incluía la posibilidad de vetar durante 30 días cualquier texto de la Cámara, el Senado eliminó luego esa posibilidad. En Moncloa se confía en que la prioridad de los electos sea formar gobierno y no impulsar iniciativas sin haberlo formado. Si el contenido de estas estuviera al margen de la ley, serían recurridas ante el Tribunal Constitucional.
La elaboración del contenido que dio cuerpo legal a la aplicación del artículo 155 de la Constitución no fue fácil. Los juristas que lo redactaron, bajo las instrucciones del Gobierno, singularmente de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaria, trataron de prever todas las situaciones. El texto que llegó al Senado a finales de octubre era muy completo, pero tuvo que pasar el escrutinio y la discusión de los grupos parlamentarios.
La intervención de la Generalitat para que pasara a estar bajo el control del Gobierno central fue muy pormenorizada y el funcionamiento actual de las consejerías, con bastante normalidad, así lo indica. Uno de los aspectos más delicados se planteó al abordar cómo quedaban las funciones del Parlamento de Cataluña una vez que la administración estaba intervenida y el Gobierno de la Generalitat, cesado.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy pensó que debía fiscalizar las actuaciones del Parlamento autonómico cuyos integrantes eran los mismos que los días 6 y 7 de septiembre alteraron las normas de su propio reglamento y del Estatuto de Cataluña para aprobar leyes que el Tribunal Constitucional primero suspendió y luego, anuló. De ahí que el texto que llegó al Senado ponía límites a la Cámara catalana para que durante el tiempo que estuviera en vigor el artículo 155 de la Constitución los parlamentarios autonómicos partidarios de la secesión de Cataluña no dieran ni un paso más en esa línea. El Gobierno se reservaba 30 días para vetar cualquier iniciativa parlamentaria, pero esta iniciativa fue rechazada, entre otros, por los senadores canarios, que presentaron una enmienda de supresión de tales restricciones.
Los negociadores del Gobierno y del Grupo Popular accedieron a esa supresión. No podían decirlo aún, pero sabían que en la noche del 27 de octubre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, daría la sorpresa: las elecciones catalanas se fijaban para el 21 de diciembre. Un plazo muy corto con el que los grupos nacionalistas no contaban y que incluso era algo inferior al que demandaba el PSOE y Ciudadanos.
Con esta perspectiva, al Gobierno y al Grupo Popular no le importó dejar sin regular nada respecto al futuro Parlamento catalán. No tuvieron en cuenta que entre la celebración de las elecciones del 21 de diciembre y la formación de un Ejecutivo al frente de la Generalitat puede pasar un plazo de tiempo indefinido. No habrá Gobierno de manera inmediata pero sí se constituirá el Parlamento con la composición política que salga de las elecciones del 21 de diciembre. Los grupos resultantes tendrán capacidad para presentar cuantas iniciativas quieran.
Formar Gobierno
¿Cuándo habrá Gobierno? Esta es una incógnita imposible de despejar y no hay que desechar la posibilidad de que en los primeros días tras las elecciones tampoco se pueda hacer cálculos. Si ninguno de los dos bloques logra hacerse con la mayoría absoluta y el papel de Cataluña en Comú no puede inclinar la balanza a favor de ninguno, bien porque no pueda o porque no quiera, no habrá Ejecutivo, pero sí habrá Parlamento. Su comportamiento estará determinado por el resultado pero se cuenta con que la primera iniciativa será pedir la retirada del artículo 155 de la Constitución. Eso no ocurrirá.
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros y el texto aprobado por el Senado son taxativos respecto a que la intervención del Ejecutivo central en la aplicación de ese artículo terminará cuando se forme un nuevo Gobierno tras las elecciones del 21 de diciembre. La hipótesis de que los grupos nacionalistas, mientras negocian un posible Gobierno, presenten iniciativas en el Parlamento es una posibilidad que ahora tiene en cuenta el equipo de Rajoy. “Si presentan iniciativas contrarias a la ley, al orden constitucional o que contravienen lo dispuesto en el artículo 155 serán recurridas inmediatamente ante el Tribunal Constitucional”, señalan fuentes gubernamentales. Estas no contaron con que la formación de gobierno se puede demorar durante meses.
