La Manada: una víctima, cinco acusados, 11 sesiones y un juicio visto para sentencia

Conclusiones de la fiscal

La fiscal Elena Sarasate señaló, en su informe final, que el testimonio de la denunciante fue creíble objetivamente ya que se mantuvo durante toda la instrucción y no introdujo “elementos inverosímiles”. También consideró que tenía la chica no tenía “motivos espurios” para denunciar. La fiscal aseguró que en lo ocurrido se dan los ingredientes necesarios para considerar una agresión sexual. Existió “la violencia mínima” y se dio una “intimidación gravísima que impidió la defensa de la víctima” con hombres por delante y por detrás. La fiscal expuso el estado de indefensión en el que dejaron a la chica después del suceso tras el robo del teléfono. “Si se lo habían pasado tan bien, ¿no sería más normal intercambiar los números de teléfono y no robárselo a ella?”, cuestionó.

Conclusiones de las acusaciones particular y populares

La representación de la víctima la ejercieron Miguel Ángel Morán y Carlos Bacaicoa. Morán habló de un relato “consistente” de la víctima pese a declarar al principio de la vista “sin conocer los argumentos de la defensa”. El acusador particular remarcó que el perito forense que compareció ante la sala señaló que un 40% de las agresiones sexuales no dejan lesiones, como en este caso. El abogado del Ayuntamiento de Pamplona, Víctor Sarasa, describió a La Manada como un grupo que realiza “una agresión mecánica, no discuten y lo hacen con un mecanismo perfectamente engrasado”. Justificó que la víctima no prestara resistencia física: “A más resistencia, más fuerza”, pronosticó. Sarasa consideró que los vídeos son una prueba evidente y llamó la atención sobre el hecho de que uno de los acusados grabase el más largo, de 36 segundos, y no dijera nada hasta que lo encontró la policía semanas más tarde en su móvil. Para Sarasa algunas imágenes son “la expresión gráfica de la vileza” de los acusados con la chica. Por su parte, el abogado del Gobierno de Navarra, Ildefonso Sebastián se adhirió a los informes de sus compañeros y añadió la reclamación de 1.531 euros del Servicio Navarro de Salud por la atención a la chica tras el suceso.

Conclusiones de las defensas

Un total de tres abogados defendieron a los cinco acusados durante las 11 sesiones de la vista oral. Los tres coincidieron en su principal argumento de defensa: es un caso de sexo en grupo, algo “cada vez más habitual y factible” entre los jóvenes, según el abogado Jesús Pérez. Los tres justificaron el consentimiento en la ausencia de una expresión clara por parte de la víctima. Agustín Martínez Becerra relató que en su declaración la chica reconoció que el hecho de que cerrase los ojos y no dijera nada “pudieron interpretarlo como que estaba sometida o como que no” y añadió que en los vídeos grabados por los acusados “no son de asco, ni dolor, ni sufrimiento”. Dos de las defensas también apuntaron la existencia durante esos Sanfermines de un contexto que “generó influencia de terceros en el mantenimiento de la denuncia” según Jesús Pérez por las campañas institucionales contra las agresiones sexistas durante las fiestas. “Se deja llevar por un interés desmedido por parte de la policía para que denunciara una agresión sexual”, señaló el abogado. Además atribuyeron como causa de la denuncia el posible resentimiento de la chica porque la dejaran en el portal sola. La posibilidad de que la víctima supiera que la habían grabado apuntada por una policía municipal el último día de testificales se convertía en el principal punto de defensa. “Es el único motivo de la denuncia”, auguró el abogado Juan Canales, que añadió que la denunciante “entró en pánico porque pensó que las imágenes estarían en redes sociales” a las pocas horas.

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Uno de los aspectos que más controversia generó en la vista oral fue la admisión como prueba de un informe encargado a unos detectives por una de las defensas sobre el comportamiento en redes sociales de la chica durante las semanas posteriores al suceso. En la última jornada del juicio ese informe se retiró porque “podía generar problemas de derecho a la intimidad”, según el abogado de la acusación Miguel Ángel Morán. Lo único que quedó fue una fotografía pública en Instagram de septiembre de 2017.

Estos informes trataban de rebatir la existencia del daño psicológico de la denunciante, por el que la fiscal solicita una indemnización de 100.000 euros para la chica y las acusaciones elevan a 250.000. Colectivos sociales y organizaciones feministas consideraron que se trataba de juzgar la vida posterior al suceso de la denunciante y criticaron duramente la decisión del tribunal.

Retirado el informe sobre la víctima

El caso es conocido como La Manada por el grupo de Whatsapp que unía a los encausados y en el que uno de ellos, José Ángel Prenda, escribió en la madrugada de los hechos: “follándonos una entre cinco”; y anunció: “hay vídeo”. Analizando las conversaciones e imágenes encontradas en los teléfonos móviles de los cinco acusados, la Policía Foral encontró indicios de que cuatro de ellos pudieron haber agredido sexualmente a otra chica, a la que podrían haber narcotizado, en Pozoblanco (Córdoba).

Esa posible agresión se habría producido dos meses antes de los Sanfermines de 2016, durante la feria de la localidad cordobesa en la que Antonio Manuel Guerrero, uno de los acusados, estaba destinado como guardia civil. La investigación de este suceso previo al de Sanfermines fue trasladada al Juzgado de Instrucción 1 de Pozoblanco. El asunto aún no tiene fecha de juicio. La fiscalía y las acusaciones del caso de Sanfermines pidieron que se incorporaran a la causa como prueba los mensajes referidos a ese suceso, para tratar de mostrar una conducta previa de los encausados. Sin embargo, la sección segunda consideró que no había lugar para admitirlos.

Tres de los acusados —José Angel Prenda, Alfonso Cabezuelo y Ángel Boza— cuentan con antecedentes penales, aunque no son computables a efectos de reincidencia. El primer caso es un robo con fuerza, el segundo por lesiones y el tercero por conducir ebrio. Cabezuelo, además, había ingresado en el Ejército de Tierra, destinado en la Unidad Militar de Emergencias. También tenía un empleo público Antonio Manuel Guerrero, que había ingresado recientemente en la Guardia Civil. Ambos están suspendidos de sus empleos. El quinto acusado es Jesús Escudero.

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