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Ingresa en prisión Rafael Gómez, ‘Sandokán’, exconcejal cordobés y símbolo del ladrillo

El empresario debe cumplir cinco años de prisión y pagar una multa de 111 millones de euros

El empresario cordobés Rafael Gómez Sandokán, en 2013.
El empresario cordobés Rafael Gómez Sandokán, en 2013.

Rafael Gómez, conocido como Sandokán y que ha sido cabrero, joyero, constructor y jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba, ha ingresado en prisión este lunes tras su condena de cinco años por dos delitos contra la Hacienda Pública. Con su entrada en la cárcel a los 73 años culmina una carrera empresarial meteórica disparada por el ladrillo —llegó a tener 8.000 empleados y 50 empresas— y una aventura política populista con 25.000 votos y cinco concejales que le auparon en 2011 como líder de la oposición municipal.

Jesús Gil y Gil creó escuela como constructor metido a alcalde de Marbella (1991-2002) y Sandokán fue uno de sus alumnos aventajados. Al empresario cordobés le detuvo la policía por la Operación Malaya en 2006 por pagar 600.000 en sobornos a cambio de licencias urbanísticas y ahí comenzó su declive. En poco más de un año se deshizo de 570 millones en activos, cerró casi todo su negocio inmobiliario y se refugió en la joyería. Sin embargo, su condena firme por cohecho no le frenó para lanzarse en 2011 a la arena política con desparpajo, cierta agresividad verbal y un discurso vacío. Cuatro años después, su tirón popular se desinfló y redujo su representación a un edil.

Hoy entra en prisión tras su condena el pasado febrero por dos delitos contra la Hacienda después de eludir el pago de 25 millones al fisco. La sentencia le impuso una elevadísima multa de 111 millones de euros.

Antes de entrar en la cárcel, Sandokán ha agotado todos los recursos ante el Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba, aunque aún está pendiente de su petición de indulto ante el Ministerio de Justicia y un recurso de amparo presentado ante el Constitucional. Estas dos últimas vías no han frenado el cumplimiento de la condena, ratificada por la Audiencia de Córdoba este verano. Hace dos semanas los magistrados le reprocharon en un auto: “El recurso interpuesto rebosa creatividad jurídica rayana con el fraude de ley”.

Una escuela de alumnos díscolos y sedientos de ladrillo

Rafael Gómez Sandokán, empresario de origen humilde, pertenece a una escuela de constructores que con el boom del ladrillo expandieron sus promociones urbanísticas por la costa andaluza, en ocasiones con grave perjuicio al paisaje, convertido en una sucesión de adosados. El maestro de los desmanes y pionero de la explosiva mezcla entre negocios y política fue Jesús Gil y Gil. Diez años después de su muerte en 2002, la crisis se había llevado por delante a casi todos los primeros espadas del ladrillo: Juan Antonio Roca, Ávila Rojas, Sandokán, Antonio José Pérez (Obrascampo), Luis Portillo (Colonial)

¿Qué pasó esos años en Andalucía para que las leyes urbanísticas fueran ignoradas por sistema? “Hubo años de una gran impunidad y eso fue letal, porque [los constructores] creyeron que nunca les iba a pasar nada por la política de hechos consumados y porque había terceros perjudicados”, reflexiona el ex fiscal superior Jesús García Calderón. “Buena parte del problema radicaba en una defectuosa regulación de los delitos urbanísticos, cada Audiencia hacía una cosa hasta que la red de fiscales armó criterios para recurrir sentencias”. Y sobre el ocaso de estos constructores, alguno de los cuales dieron el salto a la política, remata: “Cuando empezó este proceso Gil ya era historia, pero ha habido pérdidas y daños irreparables (…) La respuesta judicial y la creación de grupos policiales especializados empezó a minar su poder en la sociedad”.

Luis de Haro, entonces jefe superior de la policía en Andalucía Oriental aquellos años y hoy concejal de Podemos en Granada, rememora: “No había medios porque en 2005 se pensaba que no había corrupción. Se crearon grupos policiales casi artesanales y alejados de otros grupos, pero no porque nuestros dirigentes fueran muy avispados”. El entonces defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, exhortó a los alcaldes del litoral andaluz a aplicar la ley y evitar las construcciones ilegales. “Lo viví con cierta estupefacción porque el clima se enrarecía cada día más. Algunos alcaldes llegaron angustiados porque se encontraron resoluciones sobre casas ilegales que no sabían si destruir. Ante su ansiedad, yo les decía que la normativa era la que era. Algunos destruyeron y otros no”.

El año pasado la Fiscalía de Córdoba llegó a pedir 44 años de cárcel por 10 delitos de fraude a Hacienda en los que implicaba a sus hijos, cometidos entre 2003 y 2006. Sin embargo, el pasado febrero el juez rebajó la petición de cárcel del fiscal a la novena parte y solo estimó dos delitos que suman cinco años y tres meses de cárcel. Sobre la multa de 111 millones, el magistrado tiró de cierta ironía: “La cantidad defraudada no es que sobrepase los 120.000 euros, sino que multiplica esta cantidad por más de 213 veces”.

Durante el juicio, la estrategia de Sandokán fue intentar pasar por un empresario exitoso pero iletrado: “Yo no sé ni leer ni escribir, yo tenía a personas de plena confianza en la oficina, no tengo ni idea”, alegó en la vista oral. Sin embargo, el juez Miguel Ángel Pareja le respondió en su fallo: “Realmente él gestionaba y controlaba todas las empresas del grupo familiar, siendo la cabeza visible de las mismas (…) Basta leer las hemerotecas o preguntar al ciudadanos medio de calle de Córdoba –lo que se conoce como la esfera del profano- sobre quién gestionaba o controlaba estas empresas familiares, para que la respuesta sea unánime (…) Lo que realmente se ha producido es una manifiesta ocultación de los elementos”.

La semana pasada el abogado de Sandokán, Adolfo Prego, prefería ver el vaso medio lleno: “Estamos intentando agotar las posibilidades. Pedimos una suspensión y paralización porque no es urgente que entre en prisión. No va a reincidir, está muy bien considerado, está muy integrado en la comunidad y ha ayudado a muchas personas”, enumeró. Este diario ha intentado sin éxito contactar con Sandokán. Prego explicaba por qué prefiere que su cliente se abstenga de explicar a la prensa su punto de vista sobre la condena: “Su enfoque es muy humano, de contar su verdad, pero esta no se corresponde con la verdad judicial y no se trata de cuestionar a los jueces”.

En sus recursos, Sandokán alegó entre otros motivos su avanzada edad, pero el juez replicó que conserva buena salud. “El penado será tratado en el centro penitenciario conforme a su edad y condición física, siendo igualmente atendido de las posibles enfermedades que padezca o que aparezcan durante el cumplimiento de su pena”. Además, el juez destacó cómo Sandokán es administrador de la empresa Mezquitasur Inversiones SL, que posee una docena de fincas identificadas por la Abogacía del Estado, pero que el empresario “no ha autorizado que sean ofrecidos en dación en pago para la satisfacción de la responsabilidad civil”. Es decir, Sandokán podía haber reparado el daño causado con su patrimonio, pero rechazó hacerlo, y por eso, entre otras razones, ingresa en prisión.

El polémico historial de Sandokán incluye enfrentamientos más o menos crudos con el entonces alcalde cordobés y actual secretario de Estado José Antonio Nieto, y con su antecesora, Rosa Aguilar, hoy consejera andaluza de Justicia. El empresario amenazó con tirar de la manta y destripar su supuesta relación de favor con la exalcaldesa, que negó tal extremo. Sin aportar pruebas, Gómez denunció que Aguilar le visitó en su casa particular para confirmarle la reducción de una multa municipal. En paralelo, Sandokán reveló reuniones “clandestinas” con cargos del Ayuntamiento para obtener permisos verbales de construcción y atenuantes para las multas municipales, que ascendieron a 24 millones. La fiscalía abrió diligencias de investigación, pero se cerraron sin resultados.

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