13 testigos protegidos por la extorsión en los mercadillos que enfrenta a dos clanes gitanos en Pontevedra
El príncipe de los 'Morones', Sinaí Gimenéz, es el presunto dirigente de una organización creada para controlar la venta ambulante bajo coacciones y amenazas de los feriantes
Año y medio después de la operación desplegada por la Guardia Civil en el fortín familiar que poseen los Morones bajo el patriarcado de Olegario Giménez, el autoproclamado “rey de los gitanos” en Tomiño (Pontevedra), el caso ha derivado en el proceso judicial con mayor número de testigos protegidos, integrantes de otro clan gitano conocido como los Zamoranos. 13 presuntas víctimas de la supuesta extorsión ejercida por los Morones para hacerse con el control de los mercadillos ambulantes del sur de la provincia y que fueron desterrados de Galicia en 2014.
Con toda la familia de los Morones detenida y con más medio centenar de imputados, este extenso sumario de más de 12.000 folios de instrucción señala al príncipe gitano, Sinaí Giménez, de 36 años, el primogénito de Olegario Giménez, como el principal eje de la trama de extorsión cuyo objetivo era amedrentar a otro clan gitano, el de los Zamoranos, para someterlos o acabar expulsándolos de los mercadillos.
La querella del fiscal jefe de la Fiscalía de Pontevedra marcó un punto de inflexión para poner fin a la “guerra” entre feriantes, en la que acusaba a la familia Giménez de crear una organización criminal llamada “clan de los Morones”, que funcionaba a base de extorsionar, coaccionar y amenazar a los Zamoranos, además de servir para el lavado de dinero.
Así comenzó la instrucción en un juzgado de Cangas, donde tuvieron lugar los últimos enfrentamientos. El juez, que llegó a ser apartado del caso varios meses hasta que la Audiencia de Pontevedra rechazó su recusación, validó toda la investigación de la Guardia Civil que plasmó el fiscal en su querella y se enfrenta a un complicado caso con trece testigos de cargo bajo protección policial, que, aunque no llegaron a denunciar, han corroborado las principales pruebas contra los Morones.
El instructor investiga desde entonces toda la operativa del clan para ejercer “un control férreo en todo lo relacionado con los mercadillos de venta ambulante”, con prácticas intimidatorias y bajo amenazas para que todos los feriantes, sobre todo los Zamoranos, formaran parte de cooperativas que, sin ningún control administrativo, habían creado al menos desde 2013. La investigación pudo vincular al príncipe gitano y varios de sus hermanos con hasta nueve empresas, entre ellas cooperativas, asesorías e incluso de compraventa de oro y piedras preciosas.
Amenazas
Las supuestas amenazas según la investigación, “son de la más diversa índole, desde físicas o de otra naturaleza como el destierro (de gran transcendencia en la cultura gitana, que está asociado a la deshonra, y que funcionaría como una pena restrictiva de libertad) con el que se conminó al grupo de vendedores de origen zamorano para que se afiliasen o si no, fuesen expulsados del territorio de Pontevedra”.
Además, las amenazas de muerte han sido numerosas veces verbalizadas “con pegarles un tiro”, directamente o en las redes sociales, “haciendo referencia a armas, bastones de plomo o barras de hierro”, apunta el relato de la fiscalía. “Llegando incluso a dirigir la vida de los amenazados, prohibiéndoles la celebración de bodas o que pudieran residir en un lugar determinado”.
Con este sistema fraudulento, según la investigación, la organización “perfectamente establecida y con un orden jerárquico expreso” se lucraba en detrimento de los propios cooperativistas que se venían obligados a pagar unos cánones arbitrarios, llegando a producirse episodios de violencia con peligro de muerte para los Zamoranos y sus familias.
Las cantidades exigidas de 150 euros mensuales para formar parte de la cooperativa, eran cobrados en concepto de afiliados y a cuenta de pagos a la Seguridad Social para el recibo de autónomos, así como el impuesto a los Ayuntamientos del puesto de feriante. “En el supuesto de no ser satisfecha la cuota, se le prohibía al comerciante ajeno a la cooperativa que montara su propio puesto en las ferias locales”, apunta la fiscalía. Precisamente la negativa a pagar la cuota a los “morones” precipitó los altercados en los mercadillos de Redondela y Cangas, un año antes, por los que Sinaí Giménez afronta ya dos condenas.
El caso tiene su origen en los incidentes que enfrentaron a ambos clanes gitanos que desencadenaron en el destierro de los Zamoranos por parte de los Morones en noviembre de 2014. De nada sirvió que las dos comunidades mayoritarias en los mercadillos ambulantes firmaran un “Acuerdo de paz” ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Galicia el enero de 2015. La guerra de la venta ambulante continuó hasta la redada del pasado año.
Miedo a denunciar
Aún así, y mientras la Agencia Tributaria prepara un esperado informe económico sobre los Morones, Sinaí y sus tres hermanos que están en libertad bajo fianza y con medidas cautelares de permanecer alejados un kilómetro de los mercadillos, han presentado un escrito en el juzgado solicitando que puedan volver a ejercer la venta ambulante mientras no haya sentencia sobre el caso.
El letrado de Cangas y concejal en este Ayuntamiento, Alfredo Iglesias, que ejerce la representación de los 13 testigos protegidos, ya ha anunciado que se opondrá a las pretensiones de los Morones. El abogado de la acusación señala que “es un caso delicado” en el que, además, hay que preservar no solo la identidad sino también la integridad física de estas personas que se han prestado a colaborar con la justicia. “Pero son las armas del derecho y la ley las que funcionan y amparan a estas víctimas”, insiste Iglesias.
El letrado subraya que sus representados no intervienen como denunciantes de los Morones, sino que “son perjudicados y víctimas de las actividades delictivas de este clan cuya gravedad y trascendencia social y jurídica han llevado a la Fiscalía a interponer una querella”.
Sinaí Giménez, que se presentó como candidato a las últimas elecciones municipales en Vigo bajo el eslogan de “Obama gallego”, ha proclamado su inocencia y asegura que él y su familia son víctimas de un complot político. “Van a por nosotros para quitarnos de en medio pero vamos a defendernos y demostrar que todo es mentira”, afirmó.
