Los exconsejeros declararán al juez que renuncian a la vía unilateral

Los ocho exconsejeros de la Generalitat encarcelados por el proceso independentista pedirán este martes prestar declaración ante el Tribunal Supremo. Los exconsejeros del PDeCAT y ERC buscan quedar en libertad con el objetivo de participar en la campaña electoral del 21-D. Todos ellos verbalizarán su renuncia a la unilteralidad para alcanzar la independencia de Cataluña, según fuentes judiciales. Con el magistrado Pablo Llarena como nuevo instructor de la causa por rebelión y sedición, los exmiembros del Gobierno catalán siguen así los pasos de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que quedó en libertad tras acatar la ley.

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Cuatro exconsejeros del PDeCAT —Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Meritxell Borràs— y otros cuatro de Esquerra —Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó y el exvicepresidente Oriol Junqueras— permanecen en la cárcel desde el pasado 2 de noviembre por los delitos de rebelión, sedición y malversación. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela les envió a prisión por impulsar el proceso de ruptura con el Estado, que tuvo como punto culminante la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de septiembre.

En su primera declaración ante Lamela, los exconsejeros se limitaron a contestar a las preguntas de sus abogados y negaron haber promovido actos de fuerza para alcanzar la secesión. Junqueras, por ejemplo, apeló a su condición de católico como garantía de no violencia. La juez, sin embargo, les envió a prisión. Mientras, a escasos metros de escenario, en el Tribunal Supremo, Carme Forcadell eludía la cárcel mediante el pago de una fianza gracias a una declaración muy distinta. Forcadell —y el resto de los miembros independentistas de la mesa, también investigados— se comprometió a cumplir la ley y a no actuar fuera del marco constitucional. La presidenta del Parlament agregó que asume el artículo 155 de la Constitución y que la DUI tuvo solo un valor “simbólico” y carecía de efectos jurídicos.

Desde entonces, los exconsejeros batallan por conseguir su libertad. En los últimos días han presentado escritos, ante la Audiencia Nacional, en los que acatan la aplicación del 155 y la convocatoria electoral para el próximo 21 de diciembre. Hasta ahora, no habían tenido éxito. Pero el viernes se abrió para ellos una posibilidad: el Tribunal Supremo anunció que asumía la causa por rebelión contra el Gobierno catalán. También, la que hasta entonces instruía la Audiencia Nacional contra los líderes de las dos principales entidades independentistas: Jordi Sànchez, líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural.

Sánchez y Cuixart también prestarán declaración ante el juez, un derecho que asiste a todo investigado. Sánchez y los exconsejeros —con la excepción de Borràs— ocupan puestos de salida en las candidaturas electorales de Esquerra y de Junts per Catalunya (la lista que abandera el expresident Carles Puigdemont). El objetivo de todos ellos es que Llarena les deje en libertad provisional para participar en campaña. El derecho a ser elegidos será, precisamente, uno de los argumentos que esgrimirán ante el juez.

En línea con lo que ya plantearon por escrito sus abogados, los exconsejeros verbalizarán —es posible que con matices en el contenido entre los del PDeCAT y los de ERC— que acatan la legalidad y que por ello se someten a un proceso electoral convocado por el Gobierno. También subrayarán que concurren a las elecciones con un ideario que no contempla la vía unilateral para lograr el objetivo político (al que no renuncian) de la independencia.

Será una declaración breve, ya que no entrarán “en el fondo del asunto”. Es decir, no se defenderán extensamente de las acusaciones de rebelión y sedición, sino que insistirán en afirmar que no hay motivos para mantenerlos en prisión. No hay riesgo de reiteración delictiva, dirán, porque descartan la vía unilateral. Ni de destrucción de pruebas, porque ya no ostentan ningún cargo al frente de la Generalitat.