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El Supremo acumula todas las causas contra el independentismo por rebelión

La Audiencia Nacional solo seguirá instruyendo el caso de sedición del que se acusa al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero

Hipotecas IRPH
Fachada de la sede del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo será finalmente el encargado de investigar por rebelión a toda la cúpula destituida de la Generalitat. El juez Pablo Llarena asumió este viernes el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont y todos los consejeros de su Gobierno cesado, causa que unirá a la que ya instruía y por la que están imputados los miembros de la Mesa del Parlament. Llarena investigará también a los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium.

Llarena acordó la decisión que parte de la cúpula judicial y las defensas de todos los líderes independentistas investigados llevaban semanas esperando. El reparto de competencias fijado por el instructor del Supremo implica que el alto tribunal asume el procedimiento de los 22 investigados por rebelión (el presidente y los consejeros cesados del Govern, los miembros de la Mesa que tramitaron las resoluciones independentistas y los líderes de ANC y Òmnium) y la Audiencia Nacional se queda con los encausados por sedición (el exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero y la intendente Teresa Laplana).

La resolución de Llarena abre la vía a que los exconsejeros encarcelados puedan declarar en el Supremo y este magistrado, que no envió a prisión incondicional a Carme Forcadell y el resto de miembros de la Mesa, revise las medidas cautelares impuestas por Carmen Lamela a los exmiembros del Govern. No obstante, Llarena no les ha citado aún a declarar y, según las fuentes consultadas, puede esperar a que sus abogados lo pidan, algo que las defensas de algunos de los encarcelados adelantaron este viernes que harán lo antes posible. Los exconsellers que concurren en las listas electorales del 21-D han pedido recobrar la libertad antes de que el próximo 5 de diciembre empiece la campaña electoral, para lo que Llarena tendría que interrogarles la próxima semana o a principios de la siguiente.

En el auto, el magistrado argumenta su decisión de asumir toda la causa en que los hechos presuntamente cometidos por el Govern y los líderes de ANC y Òmnium no pueden separarse (son “inescindibles”) de los cometidos por los miembros de la Mesa a los que el Supremo ya investigaba. La juez Lamela envió esta semana al alto tribunal, a petición de Llarena, un informe con los hechos atribuidos a los líderes independentistas investigados en la Audiencia Nacional. Y, según el instructor del Supremo, esos hechos son “plenamente coincidentes” con los atribuidos por la Fiscalía a los miembros de la Mesa a los que él investiga. Llarena, como Lamela, considera que el proceso independentista es fruto de una estrategia conjunta desarrollada por el poder ejecutivo (el Govern), el legislativo (el Parlament) y la sociedad civil (encabezada por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de ANC y Òmnium, respectivamente), por lo que no es posible investigarlos por separado.

La decisión de Llarena desoye el criterio de la Fiscalía, que se ha pronunciado en contra de unificar la investigación. El principal argumento del ministerio público era que el Supremo debía limitarse a investigar a los miembros de la Mesa porque son los únicos que, una vez disuelto el Parlament, mantienen la condición de aforados. Pero en su auto, Llarena explica que la doctrina del Tribunal Supremo es que este tribunal es competente para investigar hechos cometidos por personas no aforadas cuando “se aprecie una conexión material inescindible” con los hechos por los que se investiga a las personas aforadas.

La juez de la Audiencia, en el informe que envió al Supremo, cambiaba el delito de rebelión (que exige un alzamiento violento) por el de sedición (que persigue a los que se alcen “tumultuariamente”). Sin embargo, Llarena considera que sigue habiendo indicios de que los líderes del procés pudieron cometer rebelión, castigado hasta con 30 años de cárcel.

En la atribución de este tipo penal a todos los encausados del procés está la clave para que el Supremo asuma la causa, ya que la rebelión es siempre un delito colectivo (hace falta un grupo de personas para cometerlo), y eso, según el instructor, “marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto”.

A partir del auto del juez Llarena, quedan bajo la investigación del Supremo un total de 22 personas: el expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers cuya entrega España ha reclamado a Bélgica (Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret), los 8 exconsellers que se encuentran en prisión preventiva en España (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Meritxell Borras, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carles Mundó), el exconseller en libertad bajo fianza Santi Vila, y los expresidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, además de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa del Parlament a los que ya investigaba.

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