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“¿Yo estoy en una prisión? ¿por qué?”

Abogados de ONG denuncian las condiciones de los inmigrantes recluidos en la cárcel de Archidona

Algunos familiares de los inmigrantes argelinos recluidos en el centro penitenciario de Archidona (Málaga). FOTO: EFE / VÍDEO: EPV

Cuando se abrió la puerta de la sala de los locutorios de la cárcel de Archidona (Málaga), los abogados Arantxa Trigueros y José Luis Rodríguez vieron a los cinco primeros inmigrantes al otro lado de la mampara de cristal. Los agentes de policía, uniformados y con protecciones en pecho y rodillas, los conducían en fila india y con las manos a la espalda. Los sin papeles estaban nerviosos. Desorientados. Y fuera de la habitación se había quedado otro grupo de cinco extranjeros "por seguridad", según dijeron a los letrados. Estos se plantaron en las instalaciones de la futura prisión —será inaugurada como tal en enero— en la noche del martes para contactar con parte del contingente de casi medio millar de personas llegado la semana pasada en patera a las costas de Murcia y Almería y a quienes Interior decidió recluir el lunes en el centro penitenciario malagueño. Eso sí, tras rebautizarlo en 24 horas como "Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional".

"El contacto con los inmigrantes en el locutorio nos impresionó realmente. Allí entraron y salieron con las manos atrás. Y los colocaban en fila, uno a uno, para trasladarlos. Fue un proceder que va mucho más allá del tratamiento penitenciario", sentencia Rodríguez, abogado de Andalucía Acoge, una de la casi treintena de ONG que han denunciado ante el Defensor del Pueblo el encierro de los inmigrantes en la prisión de Archidona, pese a que la Ley de Extranjería y el Reglamento de los CIE subraya insistentemente que las instalaciones utilizadas para este tipo de internamiento no pueden tener "un carácter penitenciario". Estas personas no han cometido ningún delito, solo una falta administrativa, recuerdan los colectivos sociales.

Aunque, aquí, no solo un enorme letrero señala a la entrada que el visitante se encuentra en el Centro Penitenciario Málaga II, sino que los extranjeros recluidos han sido distribuidos por parejas en las celdas de tres de los módulos del complejo. Unas "habitaciones" —según el término usado por el Gobierno en la nota de prensa enviada el lunes— que por la noche se cierran para que no puedan salir, según confirman fuentes de Interior. "Pero, ¿yo estoy en una prisión? ¿por qué?", les preguntó el pasado martes, nada más sentarse, uno de los inmigrantes a los dos letrados. Lo hizo utilizando el interfono que comunica ambos lados de los locutorios. "Algo totalmente irregular", subraya Trigueros, que recuerda cómo los jueces de control han prohibido estas mamparas en los CIE y han ordenado, en sucesivos autos, que se retirasen de todos aquellos centros donde existían. "Limitan gravemente la dignidad personal y el derecho a recibir un trato humanitario y no degradante" durante las visitas, escribió un magistrado de Barcelona.

Carencias

Los sin papeles saben, a través del boca a boca, que los llegados en patera quedan en libertad o los trasladan a un CIE hasta un máximo de dos meses. Pero Interior decidió esta vez recluir a los inmigrantes en una cárcel, pese a que no había subsanado sus carencias. El agua que salía de los grifos no era potable, aunque sí "salubre", según el Gobierno, que afirma que ya ha solucionado este problema y que ahora toma el agua de un pozo cercano. No habían contratado cocineros para alimentar a los internos, por lo que tuvieron que enviar raciones de comida. Y tampoco contaban con agentes destinados allí, por lo que tramitaron el mismo lunes una convocatoria de urgencia para pedir 52 policías voluntarios que se encargaran de la seguridad del complejo. Las ONG, partidos y sindicatos han denunciado la situación. El PSOE y Unidos Podemos la han calificado, incluso, de "ilegal". "No es manera de actuar", ha afirmado también la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Y, mientras, la vida sigue dentro de Archidona. El ministerio ha colocado al frente del rebautizado "CIE provisional" a un antiguo director del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid). "Pero esto no tiene nada que ver con un CIE. Todo huele a nuevo, pero es una prisión en toda regla. Entras y vas atravesando los sucesivos rastrillos [puertas enrejadas]", relata Rodríguez sobre una cárcel que Instituciones Penitenciaras preveía estrenar en 2018. El economato no funciona y no se pueden usar las canchas porque no hay balones, según confirman fuentes de Interior. Además, los extranjeros no pudieron hacer, al llegar, la llamada internacional a la que tienen derecho. "Tampoco tienen tabaco y varios presentan síntomas agudos de tabaquismo. Estaban muy nerviosos", remacha Trigueros, que explica que también les han quitado sus pertenencias y teléfonos móviles.

Los abogados han trasladado a la Fiscalía de Menores de Málaga que dos de los internos les comunicaron que tienen 17 años y que otro de los reclusos pedía asistencia médica urgente porque necesitaba la medicación para tratar una dolencia que padece. Pero los letrados no pudieron dejar constancia de toda esta batería de quejas en el registro del supuesto CIE. No hay.

Primeras acciones judiciales

La vía judicial para liberar a los internos en Archidona ya se ha puesto en marcha. El sindicado de prisiones Acaip presentó este miércoles diferentes denuncias en los juzgados de Almería y Archidona por retención ilegal de los extranjeros, por usar la instalación malagueña como un CIE. Van a tramitar otra por vulnerar los derechos de los trabajadores, ya que cerca de 300 funcionarios tenían previsto incorporarse en las próximas semanas al centro penitenciario, que tenía previsto abrir sus puertas en enero de 2018. "Se está manteniendo en una cárcel a alguien que no tiene un mandamiento de prisión, sino que tiene una orden judicial que dice justamente lo contrario, que su traslado debe hacerse a un centro no penitenciario", subraya el colectivo.

Una línea argumental que mantiene la defensa de 10 de los sin papeles llegados a Almería y trasladados al complejo malagueño. Según fuentes jurídicas, el abogado ya ha preparado el recurso contra el auto de un juez que ordenaba la reclusión tras recibir la solicitud de la policía de dictar una "autorización judicial de internamiento cautelar en el Centro de Internamiento de Archidona". Un supuesto CIE que consta en el BOE como cárcel. Algo de lo que, según denunció el letrado, nunca se le informó a él ni a sus clientes. "El internamiento en Archidona es el colmo de la imprevisión y de la insensibilidad del Gobierno", denunció Antonio Pradas, diputado del PSOE, que considera que está "totalmente prohibido" el uso de una prisión como CIE. Asimismo, ha presentado, junto a otros parlamentarios socialistas, una proposición no de ley en el Congreso para mejorar las instalaciones e incrementar los medios personales y económicos con los que se atiende la llegada de pateras.

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