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El Congreso apoya declarar nulas las sentencias de la Guerra Civil y el franquismo

La Cámara toma en consideración modificar la Ley de Memoria Histórica en contra el PP

El diputado del PDeCAT Jordi Xucla durante el pleno en el Congreso. Ampliar foto
El diputado del PDeCAT Jordi Xucla durante el pleno en el Congreso. EL PAÍS

La abstención de Ciudadanos ha dejado al PP solo contra una proposición de ley para declarar nulas las sentencias aplicadas por tribunales de la Guerra Civil en el Congreso de los Diputados, que ha recibido 174 votos favorables, 130 en contra y 31 abstenciones. PSOE, Unidos Podemos, el PNV y buena parte del Grupo Mixto han dado este martes su apoyo a esta propuesta del PDeCAT que plantea modificar el artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica para que, además de la ilegitimidad que reconoce el texto legislativo, se declare la nulidad de los tribunales, jurados y otros órganos penales o administrativos constituidos durante ese período para "imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal", así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones.

El diputado del PDeCAT Jordi Xuclà ha sido el encargado de defender la proposición de ley que ahora seguirá el trámite parlamentario para hacer posible, diez años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el cambio de la ilegitimidad de las sentencias a su nulidad, algo que quedaba en manos de particulares y fiscales y naufragaba en los juzgados. El diputado ha tomado como referencia la ley aprobada en Cataluña que declara ilegales los tribunales y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho orgánica o sobrevenida de las sentencias. Esta norma recibió entonces el apoyo del PP y Ciudadanos.

La proposición declara la ilegitimidad y nulidad de los tribunales, jurados y otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones.

Asimismo, prosigue, "por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad y nulidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa".

Igualmente, propone declarar "ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

"Túnel del tiempo"

El portavoz del PP, Francisco Martínez, ha calificado la propuesta de “carente de rigor jurídico” y de intento del PDeCAT de meter al Congreso en “el túnel del tiempo de la Guerra Civil”. Martínez ha rechazado que esta fuera una iniciativa legislativa, sino “un texto para provocar un debate artificial y forzado”. Ha considerado que la finalidad de reparación de ley de memoria histórica se puede dar por cumplida y ha reprochado al PDeCAT que se movilice “por lo que ocurrió hace 80 años” y le paralice “lo que sucede mañana”, en una clara alusión a la constitución de la comisión sobre la reforma autonómica, de la que se ha descolgado.

Por su parte, José Manuel Villegas, portavoz de Ciudadanos, ha hecho notar el cansancio que le produce volver a un tema que ya ha sido “discutido varias veces y en varias legislaturas”, cuando “mirar hacia atrás no es la prioridad de Ciudadanos, sino hacia el futuro”. Con todo, ha asegurado que su formación no se opondría a la iniciativa, pese a dudar de sus efectos prácticos para dignificar a las víctimas y advertir de que puede crear inseguridad jurídica. Villegas ha cerrado su intervención con dos llamamientos a la Cámara: buscar amplios consensos y mirar hacia el futuro.

El PSOE ha mostrado su apoyo a la iniciativa, aunque su portavoz, José Zaragoza, ha puntualizado que su partido prepara una propuesta de reforma de la ley “más ambiciosa” para subsanar las lagunas que dejó en el momento de su aprobación. Pese a ellas, ha hecho una valoración ponderada de la ley y ha denunciado “la falta de recursos a la que la sometió el PP para anular sus efectos”.

El diputado republicano Joan Tardà ha destacado que desde 2007, cuando se aprobó la ley, todas las iniciativas de familiares de víctimas han chocado con la dificultad de ser declaradas nulas y los jueces “han dejado claro que no podían hacerlo porque los tribunales eran legales”. Tardà ha mostrado su apoyo a la propuesta, pero ha abierto una fisura al señalar que, si en el trámite parlamentario el texto habla de ilegitimidad de los tribunales en vez de ilegalidad, su partido votará en contra para evitar que se caiga en el mismo error.

En la misma línea, el diputado del grupo confederal Xavier Domènech ha defendido el término “ilegal” de los tribunales frente a “ilegítimo” para que los juicios sean nulos y también “las resoluciones sobre incautación de bienes por parte del franquismo”, lo que entrañaría una reparación económica para las víctimas, algo a lo que también ha aludido el portavoz del PNV Mikel Legarda. Domènech ha recordado que con aquellas incautaciones se produjo "la mayor transferencia de patrimonio desde la desamortización los bienes de la Iglesia impulsada en el siglo XIX por el liberal Juan Álvarez Mendizábal". "Los partidos y sindicatos ya fueron compensados por los bienes que les fueron arrebatados, pero falta que lo sean los ciudadanos”, ha agregado.

Por otro lado, el Congreso tramitará una proposición de ley del PSOE para reformar las leyes de Enjuiciamiento Civil y de la jurisdicción contencioso-administrativa en materia de costas procesales, de manera que la parte que pierda no tenga que afrontar todos los gastos, salvo que se le atribuya temeridad y mala fe. Todos los grupos, salvo Podemos, apoyaron la iniciativa, aunque el PP presentó varias enmiendas.

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