La juez Lamela sospecha que el referéndum se pagó con fondos públicos para otros fines

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela sospecha que el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña del pasado 1 de octubre se sufragó “con dinero público no destinado a estos fines”. La magistrada considera justificada la fianza de responsabilidad civil de 6,2 millones que impuso a los miembros del Gobierno de la Generalitat y que coincide con la partida, anulada por el Tribunal Constitucional, que los presupuestos de la Generalitat preveían para esta consulta ilegal.

La magistrada insiste en que el referéndum se pudo sufragar con fondos públicos pese a que la Disposición Adicional 40 de los Presupuestos autonómicos fue anulada y que la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de esa partida se destinó efectivamente al 1-O.

Lamela hace esta consideración en un auto –resolución razonada- por el que rechaza los recursos de varios exconsejeros de la Generalitat contra su decisión de admitir la querella de la Fiscalía contra ellos por delitos de rebelión, sedición y malversación. En esos recursos los querellados –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó– solicitaban que se dejara sin efecto la fianza de 6,2 millones.

El auto también desestima las peticiones de la defensa del excomisario mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana, contra la decisión de abrir una pieza separada en esta causa sobre los delitos de sedición por los que habían sido imputados. La magistrada insiste en su resolución en que los querellados “urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista perfectamente organizada y con reparto de papeles” entre el Govern, el Parlament de Cataluña y las entidades soberanistas ANC y Òmnium para la celebración del referéndum y declarar la independencia.

“Esta declaración”, insiste Lamela, “llevaba anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, y del que el señor Trapero era responsable (…) con el potencial efecto intimidatorio que tales efectivos representaban”.