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El Constitucional levanta las multas a los síndicos del referéndum ilegal del 1 de octubre

Todos han justificado que renunciaron a su cargo y dejaron sin efecto los acuerdos adoptados para la prepraración del mismo

Fachada del Tribunal Constitucional, ubicado en Madrid.
Fachada del Tribunal Constitucional, ubicado en Madrid. EFE

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad levantar las multas coercitivas que impuso el pasado 20 de septiembre a los síndicos que pretendían integrar la junta electoral del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, al haber comprobado que renunciaron a sus cargos y no actuaron en calidad de tales y dejaron sin efecto los acuerdos adoptados para la prepraración del mismo. El Constitucional había multado con 12.000 y 6.000 euros diarios, en función de su rango, a los síndicos electorales encargados del seguimiento de la consulta.

La decisión unánime del Constitucional se aplica a los siete miembros, titulares y suplentes de la sindicatura electoral de Cataluña, multados con 12.000 euros diarios, como a 14 de los 15 integrantes de sindicaturas de demarcación, con 6.000 euros al día. La decimoquinta fue Carme Vilanova, que no aceptó el nombramiento como presidenta de la sindicatura electoral de Arán y por lo tanto, no incumplió las resoluciones del tribunal.

Según el tribunal, fueron multados porque, pese a tener conocimiento de las resoluciones del Constitucional en relación al procés, las habían cumplido. En los días 21 y 22 de septiembre remitieron al TC las renuncias a sus cargos, que fueron oficiales el día 26 con su publicación en el BOE.

También justificaron que habían “dejando previamente [a su renuncia] sin efecto las resoluciones y acuerdos adoptados” o “que no se ha adoptado ninguna resolución ni acuerdo a excepción de la propia constitución de la sindicatura de demarcación que queda sin efecto”.

De esta forma, señala el tribunal, se logró el objetivo que perseguía la medida coercitiva. Por esta razón, el tribunal decide ahora levantarla.

La Sindicatura estaba formada por juristas y politólogos nombrados por la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP.