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La triple tortura de las víctimas de acoso sexual

Las mujeres que se atreven a denunciar en España cuentan el interminable y penoso proceso al que se enfrentan

Manifestacion del Dia Internacional de la Mujer. Ampliar foto
Manifestacion del Dia Internacional de la Mujer.

El despacho es la guarida del monstruo. El lugar donde acorrala a sus víctimas. El escenario perfecto para el acosador sexual en el trabajo. Así fue en el caso de Vicente Sanz, el exdirectivo de Canal 9 declarado culpable por abuso y acoso a tres trabajadoras. O en el de Santiago Romero, catedrático de la Universidad de Sevilla, condenado en diciembre de 2016 a siete años de cárcel por abusar de tres profesoras de su departamento.

En Estados Unidos, el caso Weinstein ha destapado una cloaca que está salpicando a otros personajes y a otros ámbitos. Pero eso no ha sucedido en España, más allá de algunos testimonios aislados en el mundo del cine. En nuestro país muy pocas mujeres denuncian. Ni siquiera hay datos oficiales. Uno de los pocos estudios es un informe de la Universidad de Barcelona sobre la situación en los campus: solo uno de cada diez alumnos que sufre un incidente lo pone en conocimiento de las autoridades. La explicación: el acosador se sirve de su poder para imponer la ley del silencio. La consecuencia: la triple tortura de las víctimas. Tortura cuando son acosadas. Tortura cuando denuncian. Y la última tortura, la que parece no acabar nunca: el penoso proceso al que se enfrentan después.

Las víctimas sufren una triple tortura. Cuando son acosadas. Cuando denuncian. Y la última, la que parece no acabar nunca: el penoso proceso al que se enfrentan después.

Ana es una de víctimas del catedrático de la Universidad de Sevilla Santiago Romero. Su nombre no es Ana, pero no se atreve a revelar cómo se llama en realidad. Han pasado más de diez años desde que empezó su infierno y todavía no se ha recuperado. “Estoy mal”, dice intentando mantener la voz firme sin conseguirlo. Saca fuerzas del mismo lugar donde en su día las encontró para denunciar. Ana conoce bien ese despacho en el que el catedrático recibía a sus subordinadas con la excusa de tratar asuntos docentes. La forma de actuar era siempre igual. Cerraba con llave. Dejaba claro que en aquella facultad mandaba él. Cercaba a sus víctimas. Las tocaba. Intentaba siempre ir más allá. Hasta que ellas lograban escapar. Y aunque las tres trataban de evitar aquella habitación donde el todopoderoso catedrático se abalanzaba sobre ellas, no pudieron evitar el asedio. Romero siguió hostigándolas públicamente en las aulas o en los pasillos. Actuaba como si nadie estuviera mirando. Porque aunque todos los vieran, volvían la cabeza hacia otro lado. Como si fuera normal.

Ana recuerda la impotencia que sintió cuando ella y sus dos compañeras reunieron el valor para denunciarlo en la facultad. “Íbamos a hacerlo ante el entonces rector, Joaquín Luque, que ni siquiera se dignó en recibirnos. Por tres veces fuimos a verlo y no quiso ni abrirnos las puertas. Al final nuestros médicos nos dieron la baja –por depresión. Nosotras nos tuvimos que ir de la universidad y de la vida académica y el monstruo se quedó campando a sus anchas”.

Nadie escuchaba su grito de socorro. Hasta que Jesús Castillo, profesor titular de la Facultad de Biología y delegado sindical del SAT, leyó una pequeña noticia sobre el caso en el periódico. “Habían ido al equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla y no las habían atendido. De hecho, una vicerrectora, una mujer”, lo dice recalcándolo, “le dijo a una de ellas que si le pasaba eso con Santiago Romero que no se quedara en el despacho a solas con él”.

“En el Instituto Andaluz de la Mujer nos advirtieron de que iba a ser un camino lastimoso”, dice Ana. No sabían cuánto. No solo porque el proceso judicial, que todavía está pendiente de un recurso del catedrático, se haya alargado una década. Volver al trabajo iba a ser difícil también. Santiago Romero siguió dando clases hasta que un juzgado de lo penal le declaró culpable el pasado diciembre. La Universidad de Sevilla fue condenada como responsable civil subsidiaria. Fue entonces cuando la institución pidió perdón.

En Canal 9 nadie hablaba de lo que hacía Vicente Sanz. Pero todo estalló cuando tres periodistas le denunciaron. Practicaba el chantaje sexual con todo el arsenal que tenía a su disposición.

El silencio de los que rodean a las víctimas es otro de los patrones que se repiten y que refuerzan al acosador. En Canal 9 nadie hablaba de lo que hacía Vicente Sanz, exsecretario general de Ràdio Televisió Valenciana y responsable de recursos humanos. Pero todo estalló cuando tres periodistas le denunciaron. “Todos sabían perfectamente lo que estaba haciendo. Todos”, recalca el abogado de las víctimas, José Luis Gavidia, “y todos consintieron que hiciese lo que quisiera. Aquello era su coto”. Gavidia no suele conceder entrevistas, pero lo hace para que aquel triunfo en los tribunales sirva de ejemplo a otras mujeres. Aún recuerda el impacto que sintió al conocer a las que luego serían sus clientas. “Parecían despojos. Tenían ideas incluso suicidas… y al final dijeron: ya no podemos más. Era una cuestión de supervivencia”.

El despacho de Vicente Sanz también era su cámara de los terrores particular. Convocaba las periodistas para reuniones de trabajo y echaba el pestillo. La sentencia en la que fue declarado culpable recoge cómo se masturbaba delante de ellas, cómo las tocaba por debajo de la ropa, cómo recordaba que en Canal 9 “yo soy dios”. Y lo fue durante mucho tiempo. José Luis Gavidia apunta el tono brutal de las amenazas del directivo. “Hay cosas que no han salido, pero que te digan que tu hermano o tu padre o tu marido está haciendo esto o ha estado aquí o allá es porque ha habido un seguimiento”.

Sanz practicaba el chantaje sexual con todo el arsenal que tenía a su disposición. Presumía de sus contactos con el PP de Valencia, del que llegó a ser presidente provincial. Decía que sus tentáculos llegaban a todas partes. A una de sus víctimas la amenazó con conseguir que despidieran a su marido que trabajaba en un ayuntamiento. A otra le demostró que levantando el teléfono podía castigar a un compañero por el simple hecho de que se llevaba bien con ella. Y cada día el acoso iba a más. Sanz se jactaba de que iba a destrozar la vida de las tres periodistas y lo consiguió. En palabras de su abogado, “Era monstruoso, Y no solo a nivel sexual y laboral como en el caso de ellas. Campaba a sus anchas. Hacía lo que le daba la gana”.

El proceso en el juzgado de Paterna fue tan largo como penoso. Se escandaliza todavía José Luis Gavidia al hablar de una de las jueces de instrucción. Le preguntó al psiquiatra cómo era posible que las mujeres no se hubieran negado y por qué no habían denunciado antes. “Y el psiquiatra se la quedó mirando y le dijo: oiga si fuera tan fácil no existirían estos casos. ¿Tú te crees que una persona con esa formación, con esa cultura, va a aguantar eso si no es porque la están coaccionando?”, añade el abogado.

Entró en la Ciudad de la Justicia diciendo que quería lavar su honor pero aceptó un acuerdo que evitaría el juicio y una condena que podría haberle llevado a prisión.

El caso no llegó a la vista oral. El día fijado, Vicente Sanz entró en la Ciudad de la Justicia diciendo que quería lavar su honor y a los diez minutos estaba aceptando un acuerdo que evitaría el juicio y una condena que podría haberle llevado a prisión. Gavidia fue el primer sorprendido de que aceptara el escrito de calificaciones sin replicar. “Fue un triunfo después de todo lo que habían pasado”. ¿Y dónde está hora Sanz? “Desaparecido”, responde el abogado. Las tres periodistas han reconstruido su vida e intentan mantener el anonimato.

La mayoría de los procesos por acoso sexual en el trabajo acaban como el de Canal 9, con un acuerdo. Lo explica la abogada de UGT, Ana Mejías, “a las empresas lo que les interesa es seguir con su buen nombre. Por eso cuando existen este tipo de conductas intentan taparlo siempre. Cuando hay una prueba clara y contundente, en la puerta de los juzgados se pacta una indemnización”. Aunque Mejías, que ha llevado muchos casos de este tipo, quiere dejar claro que lo que las víctimas buscan no es el dinero, sino reparación y que el acosador salga del centro de trabajo.

Eso es precisamente lo difícil. “Lo primero que se hace”, explica Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, “es cambiar a la mujer de puesto de trabajo o de centro. Y bajo nuestro punto de vista es el acosador quien tendría que sufrir estas medidas”. Aunque que la víctima conserve el empleo es ya todo un triunfo, porque son muchas las mujeres que solo denuncian cuando ya se han marchado de la empresa. Y son todavía mayoría las que, por miedo, por vergüenza o por necesidad, ni siquiera dan el paso. Explica Antoñanzas que “no se puede cuantificar cuántos casos hay. Es muy complicado que una mujer denuncie. Es la punta del iceberg”.

Primer caso sancionado en la Complutense

Desde diciembre de 2016, la Universidad Complutense cuenta con un protocolo contra el acoso sexual. Esta semana lo han aplicado por primera vez. El caso saltó en enero de este año cuando seis estudiantes paraguayas con una beca de postgrado en Madrid denunciaron al profesor Juan Antonio García Fraile de la facultad de Facultad de Educación. El docente ha sido suspendido de empleo y sueldo durante 14 meses por acoso y abuso de autoridad. En los diez meses que ha durado el proceso se han repetido las manifestaciones y las quejas de los estudiantes de la facultad.

María Bustelo, delegada de Igualdad de la Complutense, es una de las responsables de haber puesto en marcha este protocolo contra el acoso. Reconoce que todavía son muy pocas las quejas que reciben. Por eso el reto está ahora en dar a conocer el protocolo en una comunidad de más de 85.000 personas. “Estamos haciendo un esfuerzo muy grande en temas de formación”, explica, “tenemos talleres para estudiantes y para personal docente porque una buena parte del estudiantado y del profesorado todavía no lo conoce”.

Cuando un estudiante llega a la Unidad de igualdad se valora su caso y se le da apoyo durante todo el proceso. Y, sobre todo, se trata de preservar el anonimato. Así ocurrió con las tres becarias de Paraguay que denunciaron a García Fraile. Su caso llegó a provocar una queja formal del ministro de Educación de Paraguay.

En la universidad sí se ha podido estudiar hasta dónde se sumerge el iceberg de los casos sin denunciar. Según el estudio Rompiendo el silencio en las universidades españolas, liderado por Rosa Valls, profesora de Teoría e Historia de la Educación en la UB, el 91% de los estudiantes que ha sufrido un incidente no se atreve a contarlo. Como mucho, seis de cada diez se lo confiesan a un amigo. Valls lleva años en esta lucha, que es doble: acabar con el acoso sexual en las aulas y con el silencio cómplice que permite que se perpetúe. Su implicación se hizo todavía más profunda a raíz del caso de un catedrático de Sociología del que ni siquiera pronuncia el nombre. Jesús de Miguel. La Fiscalía reconoció indicios de delito por acoso sexual tras la denuncia de catorce universitarios, chicos y chicas, pero no pudo hacer nada porque los hechos habían prescrito.

Ana Vidu es una de sus víctimas. Hoy es investigadora en la Universidad de Deusto, pero para llegar hasta aquí y para presentar su tesis, que precisamente trata sobre acoso sexual, tuvo que atravesar un vía crucis interminable. “Pasé de ser la mejor estudiante de la carrera y premio extraordinario a ser la peor estudiante del máster. En unos pocos meses”. Nada había cambiado en ella ni en su rendimiento. Lo único que había cambiado es que se atrevió a denunciar a de Miguel. Por eso hoy cuenta que denunciar el acoso fue peor que el acoso mismo.

Como en el caso de la Universidad de Sevilla, las víctimas de Jesús de Miguel no consiguieron que les hicieran caso en el rectorado. Y vieron cómo muchos compañeros guardaban silencio. Llevaban callados treinta años mientras el catedrático hacía y deshacía y presumía de su poder. Esa es una de las piezas fundamentales en este tipo acoso abuso: la jerarquía. Contra esa red en la que se amparan los acosadores, Ana Vidu propone otra: la de las víctimas. Aunque advierte de la presión: “hemos tenido que hacer frente a ataques, a amenazas muy duras y muy concretas, contra víctimas, contras sus familias, contra sus hijos”.

Lo sabe bien la otra Ana, la que no se llama Ana en realidad, la mujer que con dos compañeras se atrevió a destapar los abusos de Santiago Romero en la Universidad de Sevilla. “Las repercusiones de la denuncia son enormes y algunas violentas”, suspira y como puede sigue hablando. “Es otra forma de maltrato. Y no es lo mismo aguantar cuando llevas un año que cuando llevas diez”.

El tiempo no siempre lo cura todo. A veces avanza tan lentamente que solo enquista el dolor. “Estás en un proceso de recuperación que nunca llega, nunca llega, nunca sanas”, Ana lo repite como si el túnel no tuviera final. Lo comenta con las dos compañeras con las que lleva años compartiendo sufrimiento. “Quedamos para ver cómo estamos. Y hablamos también de esto: ¿se acabará algún día? ¿Llegará un momento de nuestras vidas en el que ya no lo tengamos que hablar?”, su voz se va apagando al hacer la pregunta. A ellas y a las otras víctimas solo les queda un consuelo en el que encontrar fuerza: que su testimonio sirva para que la sociedad se conciencie y otras mujeres empiecen a denunciar.

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