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El juez de Púnica imputa por corrupción al alcalde popular de Almendralejo

García Castellón destaca que el amaño fue posible gracias al “consentimiento y estímulo proactivo” del regidor José García Lobato.

Imagen de archivo del juez Manuel García-Castellón.
Imagen de archivo del juez Manuel García-Castellón.Ricardo Gutiérrez

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, ha dictado dentro del 'caso Púnica' un auto por el cita como imputado para el próximo 27 de noviembre al actual alcalde del PP en Almendralejo (Badajoz), José García Lobato. Junto a él deberán comparecer otras seis personas por las presuntas irregularidades detectadas por la Guardia Civil en el concurso para la adjudicación de un contrato municipal de 20,2 millones de euros. En su escrito, el magistrado destaca que la investigación ha revelado que el regidor no sólo consintió presuntamente el amaño sino de que fue un "estímulo proactivo" del mismo. El auto destaca que la multinacional Cofely-GDF Suez había hecho a García Lobato "la promesa de un futuro pago o recompensa" por su ayuda.

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El escrito, fechado el pasado martes y al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que "las evidencias documentales y electrónicas" recopiladas durante las pesquisas han revelado que cargos públicos del Ayuntamiento de Almendralejo –el alcalde y los concejales Luis Alfonso Merino, y Carlos González Jariego-, empresarios locales y directivos de Cofely intercambiaron información para elaborar 'a la medida' de la mercantil los pliegos técnicos que iban a decidir la adjudicación de un contrato de eficiencia energética en el municipio de 15 años de duración. El juez destaca que en la redacción de los mismos participaron de manera irregular "empleados y directivos" de la multinacional para "orientar" la licitación de manera que se decantase "a su favor". El juez García Castellón incide en que todo ello se hico "con el consentimiento del alcalde".

La imputación de García Lobato se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) entregara el pasado verano un informe de 124 folios en el que señalaba al político como presunto autor de cuatro delitos: cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias. El documento policial recogía correos electrónicos, conversaciones y declaraciones de testigos e investigados que llevaban a la Guardia Civil a concluir que cuatro directivos de Cofely SA consiguieron modificar a su antojo los pliegos del concurso del municipio pacense para hacerse con la millonaria adjudicación.

El documento policial ya destacaba que, para ello, contaron con la colaboración del alcalde del municipio y de dos de sus concejales, el teniente de alcalde y vocal de la mesa de contratación, Luis Alfonso Merino, y el concejal Carlos González Jariego —a cada uno de los cuales los agentes atribuían sendos delitos de fraude y revelación de secreto—, además de un arquitecto municipal y tres empresarios locales. Todo ello a cambio de una contraprestación económica que la UCO cifra en 180.000 euros que se iban a repartir supuestamente varios de los implicados, así como del patrocinio por parte de la empresa implicada de un campeonato de kárate en la localidad y la instalación de las luces navideñas.

El informe añadía que finalmente la adjudicación no se produjo porque el 27 de octubre de 2014, solo un mes antes de que se adoptara el acuerdo municipal, fueron detenidos varios de los participantes en el amaño. El equipo del Consistorio suspendió entonces el proceso en pleno proceso de apertura de sobres.

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Según el informe policial, el principal muñidor de todo ello fue presuntamente el directivo de Cofely Pedro García, imputado en la causa por otros amaños similares en varios Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y al que ahora los agentes consideraban en el informe autor de cinco delitos. El alcalde popular García Lobato mantuvo con él un intenso intercambio de correos electrónicos, conversaciones telefónicas y encuentros personales que llevaron a los investigadores a calificar la relación entre ambos de "estrecha". Entre esos mensajes, los agentes destacaban varios que el regidor remitió al directivo de Cofely con documentación del concurso cuando el mismo aún no era público.

El documento policial recogía la declaración que el alcalde de Almendralejo prestó como "investigado no detenido" ante los agentes de la UCO el pasado 31 de enero y en la que, pese a negar cualquier irregularidad en su actuación, reconoció haber mantenido conversaciones telefónicas, reuniones y cruce de correos electrónicos con el directivo de Cofely. García Lobato llegó a calificar de "llamada imprudente" la que realizó para pedirle a Pedro García que su empresa patrocinase una competición deportiva, aunque se excusó al considerar que ello era "una práctica habitual de alcalde buscando patrocinios y ayudas".

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