El magistrado del Tribunal Supremo aprecia rasgos de violencia en el ‘procés’

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena observa que en el proceso independentista catalán se han dado rasgos de "violencia" que justifican la imputación por rebelión de los querellados. Llarena dedica buena parte de su auto a analizar los requisitos de este delito, el más grave de cuantos se atribuyen a los investigados. Este tipo penal castiga con hasta 30 años de cárcel en los casos más extremos a quienes se levanten "violenta y públicamente" para, entre otros objetivos, "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución", "declarar la independencia de una parte del territorio nacional" o "sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno".

Al analizar el requisito de violencia que integra el delito de rebelión, el magistrado señala que para que el alzamiento público sea violento, no es "exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes, sino que se manifiesta también el alzamiento violento cuando integra la ostentación de una fuerza y se muestra la disposición a usarla".

El magistrado considera "evidente" que "el civismo acompañó a las decenas de miles de ciudadanos que se movilizaron" en favor de la independencia de Cataluña, pero destaca que la querella recoge "numerosos vestigios (...) de que se infiltraron muchos comportamientos agresivos". Cita como "una clara y plural expresión de esa violencia" situaciones como el asedio a edificios de la Administración del Estado, impedir registros policiales, los cortes de carreteras o el asedio de los hoteles donde se alojaban policías y guardias civiles.

También ve una muestra de violencia en las barricadas levantadas para proteger los centros de votación del 1 de octubre, el apedreamiento de vehículos policiales o incluso la destrucción de varios automóviles de la dotación policial en los altercados del 20 y 21 de septiembre contra la Operación Anubis de la Guardia Civil. "Todos estos comportamientos expresan el violento germen que arriesgaba expandirse", señala el magistrado, que considera fundamentado que los líderes independentistas "podrían haberse servido de estos puntuales focos violentos (...) como la espoleta de una eventual explosión social que ellos podían modular y, por tanto, como la violencia coactiva para la consecución de sus fines".

A renglón seguido, el juez deja la puerta abierta a contemplar "figuras delictivas de menor rigor punitivo" como la sedición. Este tipo penal, castigado con hasta 15 años de prisión, tiene dos condiciones: que sus ejecutores busquen impedir la aplicación de las leyes, y que lo hagan fuera de las vías legales.

Para el magistrado, Carme Forcadell y los miembros de la Mesa "aparecen como posibles partícipes" de estos delitos. "Con su voto favorable (...) posibilitaron el debate y la aprobación de las diferentes resoluciones en las que descansó el proceso para la declaración de independencia".