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Forcadell acata ante el juez la aplicación del artículo 155

La presidenta del Parlament contesta a las preguntas de la Fiscalía, a diferencia de lo que hicieron los 'exconsellers' encarcelados

Llegada de la presidenta en funciones del Parlament, Carme Forcadell y de los cinco exmiembros de la Mesa al Tribunal Supremo.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha acatado este jueves expresamente ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el artículo 155 de la Constitución, que interviene la autonomía de Cataluña tras la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre, y ha manifestado que esta declaración tiene un carácter simbólico, según fuentes jurídicas.

Forcadell ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y su defensa y ha defendido que siempre ha permitido el debate sin perjudicar el resultado ni controlar su contenido, para preservar el derecho a la actividad parlamentaria y al debate libre. La presidenta del Parlament también ha afirmado ante el juez que evitar el debate parlamentario habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlament y de los principios del Estado democrático.

La presidenta ha defendido que el Constitucional no puede actuar de forma previa como un filtro de censura, sino que en todo caso debería hacerlo a posteriori. Ha rechazado además que haya habido violencia en el procés y ha afirmado que ella siempre ha defendido que las movilizaciones debían llevarse a cabo sin violencia.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena empezó pasadas las 9.30 los interrogatorios a los miembros de la Mesa del Parlament investigados por rebelión, sedición y malversación por permitir que se votaran en la Cámara resoluciones destinadas a avanzar hacia la independencia. La primera en comparecer ante el juez ha sido la presidenta del Parlament Carme Forcadell, que ha respondido durante dos horas y cuarto tanto.

El juez reclama al TSJC la causa por prevaricación y desobediencia

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la causa abierta contra varios miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya por delitos de desobediencia y prevaricación.

En una providencia, el magistrado explica que ha accedido así a la petición que incluyó la Fiscalía en su escrito de querella del pasado 30 de octubre, donde solicitaba al Supremo la acumulación a la causa del Supremo de dichas diligencias seguidas hasta ahora ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Catalunya, en las que están imputados por desobediencia y prevaricación Carme Forcadell y los cinco miembros de la Mesa a los que también investiga el Supremo.

La defensa de la presidenta del Parlament ha aportado al juez numerosa documentación en papel y en soporte digital para intentar demostrar que el Parlament no actuó en contra de la ley. Entre los documentos aportados, según las fuentes consultadas, hay información de las partidas y gastos presupuestarios de la Cámara. Los primeros interrogatorios han estado a cargo de la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y del fiscal Fidel Cadena, que pedirán medidas cautelares para Forcadell. Después les han sustituido Javier Zaragoza y Jaime Moreno.

Medidas cautelares

Fuentes del ministerio público han confirmado que, tras las declaraciones, se pedirá al juez instructor Pablo Llarena que imponga a Forcadell algún tipo de medida cautelar. Estas fuentes no han querido adelantar qué tipo de medida se pedirá pero la decisión de Forcadell de colaborar con la justicia y contestar a las preguntas de la Fiscalía hace más improbable la petición de prisión incondicional. La Fiscalía pedirá también algún tipo de medida contra algunos de los otros cinco exmiembros de la Cámara que están citados este jueves en el Tribunal Supremo.

Los seis investigados que este jueves declaran en el Supremo han llegado en varios coches a la sede del tribunal sobre las 9.15. Han entrado juntos, acompañados por sus abogados. Fuera les han recibido con aplausos varios parlamentarios y senadores de PDeCAT y ERC, como los portavoces del PDeCAT en Congreso y Senado, Carles Campuzano y Josep Lluís Cleríes, respectivamente; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; las diputadas de ERC Ester Capella y Teresa Jordá; el senador de EH Bildu Jon Iñárritu; y el ex secretario general de Podem Albano Dante Fachín. También ha acudido el diputado Xavier Domènech, que será cabeza de lista en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de Catalunya en Comú, el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

En esta semana de plazo que ha concedido el alto tribunal a los investigados para preparar mejor sus defensas han pasado muchas cosas que marcan los interrogatorios de este jueves y sus consecuencias: ocho miembros del Govern cesados llevan siete noches durmiendo en prisión por el mismo delito que la Fiscalía atribuye a los miembros de la Mesa; la Audiencia Nacional ha rechazado poner en libertad a los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium, encarcelados desde el pasado 20 de octubre; y un juez de Bruselas ha dejado en libertad condicional el expresidente catalán Carles Puigdemont y a los cuatro exconsejeros que viajaron a aquel país y rechazaron comparecen ante la Audiencia Nacional.

En el Supremo no ha gustado el encarcelamiento de los exmiembros del Govern, pero el destino de los miembros de la Mesa dependerá de las declaraciones y de las peticiones de los fiscales y sus argumentos.

El pasado jueves, tras suspender las declaraciones, la Fiscalía solicitó que se impusiera a los aforados una “vigilancia policial permanente” para garantizar que no salían de España, pero el juez rebajó esta petición y acordó someterles a “control policial” centrado en llamadas de teléfono.

Los parlamentarios catalanes mantienen su condición de aforados por ser miembros de la Diputación Permanente de la Cámara, a excepción de uno de ellos: Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot. Lo sigue siendo la presidenta Carme Forcadell; el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo Junts pel Sí, Lluís Maria Corominas; los también miembros de la Mesa y diputados del mismo grupo Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet. La Fiscalía les atribuye delitos de rebelión, sedición y malversación por haber tramitado las votaciones en la Cámara de diversas resoluciones relacionadas con el proceso independentista.

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