“¿Presos políticos? Es una banalización y falta de respeto”
Encarcelados durante el franquismo se oponen a ser comparados con los independentistas en prisión
“He estado ocho años en prisión en Madrid, Calatayud, Soria y Segovia por mis ideas políticas y no sé cuánto he vivido en la clandestinidad. En la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol te pegaban entre siete y ocho por todos lados hasta que te desplomabas. A mi padre le dieron una paliza para que no tuviera más militantes comunistas... ¿Y me vienen con que los Jordis [Sànchez y Cuixart, líderes de la ANC y Òmnium respectivamente] y los miembros de la Generalitat en prisión son presos políticos? Tal banalización de la realidad es una falta de respeto”, dice Víctor Díaz-Cardiel (Fuensalida, Toledo, 82 años).
Este histórico dirigente del PCE fue elegido miembro del Comité Central en 1965 durante su primera estancia entre rejas y después fue secretario general en Madrid, y cree “un desacierto” y “políticamente desproporcionada” la decisión de la juez Carmen Lamela de enviar a prisión a la mitad del Govern por los delitos de rebelión y sedición, entre otros. Pero considera un “insulto” que independentistas y Podemos les consideren “presos políticos”. Amnistía Internacional tampoco ve como presos políticos ni presos de conciencia a los dirigentes del procés encarcelados. En cambio, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reafirmó este miércoles en esta tesis. “Lo que están haciendo es de una imprudencia tremenda”, zanja Díaz-Cardiel a las puertas del Congreso. “Son políticos presos, no presos políticos”, sentencia a su lado Raúl Herrero, militante del PSOE y exdirigente en Madrid del PCE (Internacional).
Detenido en 1970 por “comunista peligroso” según su ficha policial, Herrero salió en libertad provisional un año después tras pasar seis meses en el hospital penitenciario por las torturas recibidas. Prefiere no hablar de ellas y sí de Dolores González Ruiz, abogada gravemente herida en la matanza de Atocha de 1977 a la que debe la libertad. “Es discutible hablar jurídicamente de rebelión, pero que nos hablen de represión a quienes tenemos secuelas en nuestra movilidad del paso por las comisarías franquistas... No soy de los que se emocionan, pero no tiene nada que ver”. Para reforzar sus palabras recalca que el 15 de octubre de 1975 debía presentarse en prisión pero no lo hizo calculando que al dictador no le quedaba mucho tiempo. “Me hice clandestino y, por suerte, un mes después Franco murió”.
“No hay casos así en España desde 1976”
La tribuna de Justiniano Martínez (Hellín, 1942) en EL PAÍS ha servido de catalizador del malestar de referentes históricos de izquierdas que padecieron el franquismo. "No ha habido ni un preso político en España desde 1976", afirma. Exsecretario general del PCE en Madrid, emigró muy joven a Francia para "luchar por la libertad". Santiago Carrillo le encomendó pasar propaganda cruzando los Pirineos y guiar a disidentes.
En 1970 se marchó a Murcia mandatado por su partido, donde fue detenido y condenado a seis años. Las torturas que sufrió le dejaron nueve vértebras rotas y un riñón inutilizado.
“Los Jordis y miembros del Govern están injustamente detenidos, pero no se puede decir a la ligera que son presos políticos porque podemos hacer una equivalencia que no es real entre la democracia con el fascismo o una dictadura. No podemos hacer esa identificación, sobre todo de cara a las nuevas generaciones”, coincide Carles Vallejo (Barcelona, 67 años), presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo.
Afiliado al Partido Socialista Unificado de Cataluña, Vallejo pasó dos veces por la Cárcel Modelo. La primera en 1970 por organizar el sindicato Comisiones Obreras en una conocida factoría de automóviles. “Luego ya me tuve que ir al exilio porque tenía una petición del fiscal de 20 años de prisión por delitos que hoy no lo son... Cada situación se ha de contextualizar. El fascismo es la arbitrariedad absoluta. No se puede hacer semejante paralelismo”.
Vallejo recuerda como una “pesadilla terrible” las torturas a las que fue sometido. Las patadas, puñetazos, los interrogatorios cada dos horas, la falta de higiene, el aislamiento que le hacía perder el sentido del día y la noche... En resumen, aquellos 20 días en las dependencias de la Brigada Político Social. “Me amenazaron con una pistola, pero lo peor era la incertidumbre. Podías estar indefinidamente [detenido] porque estábamos en estado de excepción. No había límites”.
“Decir que en España hay presos políticos es un falseamiento de la Historia y una hipocresía”, se indigna Antonio Gallifa (Medina del Campo, Valladolid, 1937), exdirigente del PCE. Se estrenó en Carabanchel con una condena de cuatro años por presidir una asamblea clandestina de delegados de CC OO en una fábrica abandonada. Como al resto, le torturaron. “Tras casi un mes, que no fue agradable, no les di ningún dato. No confesé nada”, recuerda sin entrar en detalles y sin disimular el orgullo antes de concluir que los promotores del procés son unos “delincuentes” que “han ido de ilegalidad en ilegalidad”.
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