La Fiscalía revisará la prisión de Junqueras si acata la Constitución
Forcadell puede eludir este jueves la cárcel si se compromete a respetar las leyes. "Dependerá de lo que declare"
La Fiscalía General del Estado “reconsiderará” la situación penitenciaria del exvicepresidente Oriol Junqueras y de los otros siete ex consellers de la Generalitat encarcelados si manifiestan claramente su voluntad de acatar la Constitución y buscar sus objetivos políticos dentro de los cauces legales, según han informado a EL PAÍS fuentes de la institución. La posición que mantendrá la Fiscalía sobre el futuro de la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, citada por el Tribunal Supremo junto a los cinco miembros de la mesa de la Cámara catalana, “dependerá de lo que declare” este jueves ante el magistrado del Supremo que instruye su causa. Según estas fuentes, si Forcadell responde a las preguntas que se le formulen y acepta acatar la Carta Magna sin titubeos, el ministerio público se plantearía sustituir una petición de prisión provisional por otra medida menos gravosa, como cárcel eludible bajo fianza. "Pero dependerá de lo que declare", insisten los citados medios.
La Fiscalía General, que dirige José Manuel Maza, ordenó el pasado 2 de octubre pedir prisión provisional sin fianza para el exvicepresidente Oriol Junqueras y siete exconsellers ante la posibilidad de que, si quedaban libres, reiteraran los graves delitos que les imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela (rebelión, sedición y malversación). Todos ellos, salvo el conseller dimitido Santiago Vila, rehusaron responder a las preguntas de los fiscales del caso y solo contestaron a las de sus abogados. En ningún momento mostraron arrepentimiento ni garantizaron voluntad alguna de respetar la Constitución española, lo que precipitó la petición fiscal de cárcel incondicional.
No obstante, la Fiscalía está dispuesta a modificar su criterio y no oponerse a una futura petición de libertad (eso sí, con alguna medida cautelar) si manifiestan sin ambages su intención, bien personalmente o de forma fehaciente ante la juez que tramita sus casos, de acatar la Constitución y apartarse de la ilegalidad en sus propósitos secesionistas. Y más aún ante el inminente escenario electoral del próximo 21-D.
Junqueras y los otros siete exconsellers (Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn) se hallan desde el pasado día 2 distribuidos entre las cárceles madrileñas de Estremera y Alcalá-Meco como acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación, tipificado el primero de ellos con penas de hasta 25 años.
El exvicepresidente Junqueras ha enviado un primer escrito a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el que solicita que se le permita salir de prisión para participar en las elecciones catalanas. En ese escrito, sin embargo, no expresa si pretende seguir con la hoja de ruta independentista ni si va a respetar la Constitución española. La Fiscalía deja abierta la puerta a esa opción si Junqueras y los demás consejeros manifiestan que se someten a la legalidad vigente. Maza ya indicó la pasada semana en la cadena SER que uno de los motivos por los que se había pedido prisión para Junqueras y los otros miembros del Govern fue que no mostraron arrepentimiento ni intención de cumplir las leyes, y que ni siquiera contestaron a las preguntas de los fiscales. Es decir, que cabía una reiteración delictiva.
Los acusados se hallan desde el pasado día 2 distribuidos entre las cárceles madrileñas de Estremera y Alcalá Meco por delitos de rebelión, sedición y malversación
La presidenta del Parlament Carmen Forcadell, citada este jueves en el Tribunal Supremo por los mismos delitos que Junqueras, hallará en la Fiscalía una posición proclive a su libertad provisional siempre y cuando responda positivamente a las distintas preguntas que le hagan los fiscales. Le preguntarán, por ejemplo, si acata la Constitución y si renuncia a emplear vías ilegales en su objetivo de la independencia, según las citadas fuentes. Si contesta positivamente, la Fiscalía optaría por alguna medida cautelar menos restrictiva que la prisión incondicional. Santi Vila, el exconsejero de Empresa del Govern de la Generalitat, quedó la semana pasada en libertad bajo fianza tras pagar 50.000 euros.
Vila, en su declaración del pasado día 2 ante la juez Lamela, sí contestó a las preguntas de la Fiscalía y sugirió su rechazo a seguir cauces ilegales alegando que había renunciado a su cargo antes de que el Parlament aprobase la declaración unilateral de independencia.
En este momento hay dos causas abiertas en Madrid por delitos rebelión, sedición y malversación en los tribunales relacionadas con el proceso secesionista (hay otras dos que se siguen en Barcelona, pero por delitos de desobediencia). Una de las de Madrid la tramita la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y otra el juez del Supremo Pablo Llarena. La de Lamela afecta a todos los ex miembros del Govern que perdieron el fuero tras ser destituidos por el Gobierno central merced al artículo 155 de la Constitución y que votaron la DUI. En esta hay siete ex consellers presos, incluido Junqueras
También figuran imputados en la causa de Lamela otros cinco exconsellers, incluido el expresidente Carles Puigdemont, aunque todos ellos están huidos en Bruselas a la espera de que las autoridades judiciales de ese país resuelvan definitivamente la orden europea de entrega a España acordada por la juez. Esta magistrada es también la que decretó prisión para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y Ómnium, e impulsores de las protestas callejeras. Una sala penal de la Audiencia Nacional desestimó ayer los recursos de ambos, en los que pedían al tribunal, sin éxito, que revocase la medida prisión dictada por Lamela contra ambos el 16 de octubre pasado.
Aforados
La otra causa por rebelión contra el secesionismo es la que indaga el juez del Supremo Pablo Llarena y que afecta a Forcadell y a los cinco miembros de la mesa del Parlament que dieron luz verde a las leyes independentistas aprobadas los pasados días 6 y 7 de septiembre. Estos últimos siguen aforados y por eso la Fiscalía se querelló contra ellos ante el Supremo, que este jueves les tomará declaración y que previsiblemente pedirá en los próximos días a Lamela que se inhiba en su favor de toda la causa. Forcadell y los citados miembros de la Mesa fueron citados por el Supremo a la que vez que los otros lo fueron por Lamela, si bien consiguieron que el Supremo pospusiese sus interrogatorios hasta este jueves, tras pedir los abogados que se les diese varios días para preparar la defensa. Forcadell asumió implícitamente acatar el 155 al desconvocar una reunión de la mesa del Parlament que tenía fijada con anterioridad a la entrada en vigor de ese artículo.
