El alcalde de Alicante, imputado en un segundo caso judicial, se niega a dimitir
El líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, recuerda que Echávarri no está acusado de corrupción y deja la solución a la crisis en manos de los grupos municipales
El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE), ha sumado este miércoles su segunda imputación judicial. Un día después de ser procesado por trocear, presuntamente, contratos desde la Concejalía de Comercio, otra magistrada, la titular del juzgado de Instrucción 9 de la ciudad, le ha llamado a declarar como investigado por un supuesto delito de prevaricación cometido supuestamente al despedir a la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, empleada de la corporación, según han confirmado este jueves fuentes del Tribunal Superior de Justicia. Echávarri se ha reafirmado en su negativa a dimitir.
La juez también ha imputado al concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez, tras admitir a trámite la denuncia formulada contra ambos por la fiscalía, que ve en ese despido una vendetta personal contra el líder de la oposición.
Echávarri ha dicho a mediodía que no renunciará al cargo para impedir la vuelta del PP al poder. Una dimisión que le reclaman tanto sus exsocios de gobierno (Compromís y Guanyar) como la oposición, al sumar esta segunda imputación judicial. “Lo que importa ahora es la gobernabilidad de la ciudad. Ni siquiera se ha explorado un gobierno alternativo. No habría otra salida que aquí, en 15 días, se sentara un alcalde del Partido Popular. Y eso es algo que el partido socialista no va a permitir”, ha asegurado el dirigente socialista.
El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, le ha defendido poco después al reiterar que no está acusado, “en ningún caso, de corrupción”, y ha instado a los grupos políticos municipales a “intentar reconducir la situación”. Aunque se ha mostrado preocupado por la “situación de ingobernabilidad” que atraviesa Alicante, no ha querido opinar sobre las numerosas peticiones de dimisión que el alcalde ha recibido en las últimas horas porque estas decisiones corresponden a los “actores fundamentales” de la crisis, a sus “protagonistas”.
Echávarri está acusado de prevaricar en dos causas judiciales. La primera, por la que la juez María Luisa Carrascosa le ha procesado junto a dos asesores municipales, se refiere al supuesto fraccionamiento de 14 contratos de la Concejalía de Comercio por un importe superior a los 144.000 euros. La segunda imputación ha sido acordada 24 horas después de ese procesamiento por otra magistrada, Patricia Romero, y guarda relación con el despido de Catalina Rodríguez, una interina que es cuñada del portavoz del grupo popular en el consistorio, Luis Barcala.
Tanto el alcalde como el concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez, deberán comparecer ante la juez en unos días para ser interrogados. La fiscalía denunció a ambos la pasada semana al sospechar que el cese de la funcionaria municipal, aunque fue readmitida a los pocos días en su puesto de trabajo a instancias del pleno del ayuntamiento, respondía a una represalia contra el líder de la oposición.
La agenda judicial de Echávarri ha dinamitado el pacto electoral que permitió a la izquierda alcanzar la Alcaldía de Alicante en 2015, tras dos décadas de mayorías absolutas del PP. Los despachos del consistorio han registrado esta mañana una actividad frenética. Sobre las 11 horas se ha conocido la segunda imputación del dirigente socialista. Una hora más tarde, el propio alcalde comparecía en una sala de prensa abarrotada de público para confirmar que seguirá en el cargo.
Echávarri no ha desvelado si dimitirá en el caso de se le abra juicio oral pues no quiere hablar de "futuribles”. Se ha aferrado a la letra pequeña del pacto de gobierno que suscribió en su día con Guanyar Alacant (confluencia de Izquierda Unida y Podemos) y Compromís para evitar que el PP recupere la alcaldía.
Su intención es gobernar en solitario, con los seis concejales socialistas, de los 29 que componen la corporación. “La ciudad va a seguir funcionando en todos sus ámbitos con total y absoluta normalidad", ha dicho tras explicar que el nuevo equipo de gobierno se repartirá las competencias a las que ya han renunciado los tres ediles de Compromís y las que dejarán el próximo día 15 los cinco de Guanyar.
Tras su comparecencia, han desfilado por la misma sala de prensa los portavoces de los restantes grupos políticos. Todos ellos han coincidido en exigir su renuncia. Barcala (PP) ha aseverado que Echávarri no tiene la “legitimidad de las urnas” para seguir gobernando, tras la ruptura del tripartito, ni “credibilidad ética ni política” para “aferrarse al sillón”. Por ese motivo, el grupo popular ha iniciado ya contactos con otras fuerzas políticas para “buscar una solución de consenso” y garantizar la gobernabilidad del Consistorio.
Por su parte, Yaneth Giraldo (Ciudadanos), que apoyó su investidura, ha pedido al primer edil que recapacite y presente su dimisión, pues no puede “gobernar desde el autoritarismo” después de “secuestrar la voluntad general de los alicantinos”.
Igualmente duros se han mostrado con Echávarri sus antiguos socios en el tripartito. Tanto Miguel Ángel Pavón (aún vicealcalde, de Guanyar) como Natxo Bellido (ex portavoz municipal y líder local de Compromís) han exigido al PSPV que le fuercen a dejar el cargo. “No sabemos qué más tiene que pasar para que dimita. Su decisión va en contra de la mayoría social de izquierdas”, ha señalado el primero. Bellido es de la misma opinión, ha calificado al alcalde como el “máximo problema” que tiene actualmente la ciudad y ha pedido al PSPV que deje de “ponerse de perfil” en esta crisis y asuma su responsabilidad.
