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El policía que destapó Gürtel acusa al PP de haber intentado “desestabilizar la investigación”

El inspector jefe de la UDEF admite "presiones" ante la comisión del Congreso que investiga las cuentas del partido conservador

Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Economica y Fiscal (UDEF), en su comparecencia ante la comision de investigación del Congreso sobre la financiacion irregular del PP. VÍDEO: ATLAS

Dos de los policías que más deben de odiar el PP han comparecido la mañana del martes en el Congreso en la comisión de investigación de la financiación ilegal de este partido, y se notó un poco. Eran los dos comisarios que destaparon la trama Gürtel, a quienes el PP acusó de formar una "policía política" del Gobierno socialista, y contra los que algunos de sus altos cargos presentaron un total de siete denuncias, todas archivadas. Son Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y el que fue comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González García, hasta 2012, cuando fue cesado por el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. Ambos, sobre todo Morocho, aún en activo, midieron muchísimo sus palabras y no revelaron nada que no se supiera. El jefe de la UDEF, que ni siquiera mencionó al PP y decía “la formación política que me indica", observó hasta 15 veces que no podía responder a alguna pregunta porque eran asuntos aún pendientes de juicio.

No obstante, pese a todos sus esmeros, tras constantes requerimientos de la oposición, a las insistentes preguntas de la portavoz de ERC, Ester Capella, Morocho admitió que sí, que en su trabajo su unidad ha recibido "presiones", con el objetivo de "desestabilizar la investigación". A preguntas de Toni Cantó, de Ciudadanos, recordó que ha recibido siete denuncias de miembros del PP y del propio partido como tal, con acusaciones de filtrar información a la prensa y de vulnerar derechos de los acusados. No obstante, subrayó, los informes de la UDEF "han sido ratificados por los jueces".

Morocho, orden al mérito policial de un Gobierno del PSOE y otro del PP, comenzó a indagar este caso tras la primera denuncia, en 2007, del concejal popular de Majadahonda, José Luis Peñas, y siguió tirando del hilo. Es decir, la investigación nació "de forma estrictamente policial, no por orden política ni judicial", especificó. Calculó que hay unas 200 personas implicadas en la trama, "pero son más", porque se han ido cayendo de la investigación. El jefe de la UDEF fue escrupuloso en no dar nada por sentado, a la espera de que lo hagan los jueces. ¿Aparecen Mariano Rajoy, Francisco Álvarez Cascos y demás nombres del PP en los papeles de Bárcenas? "Indiciariamente sí". Y de ahí no salió. ¿Cómo valora destrucción de discos duros del PP? "No me he ocupado de ello".

Pese a sus cuidados, el choque con los populares llegó enseguida. Carolina Bescansa, de Unidos Podemos, que fue la primera en intervenir, repasó campañas electorales, papeles de Bárcenas y sobresueldos. Nada nuevo, como casi siempre en esta comisión, pero el fin último es que de todo quede constancia y acabe en el diario de sesiones. Al final logró arrancarle que "efectivamente se llevó a cabo" la compra de acciones del diario Libertad Digital con dinero de la caja B del PP.

Entonces llegó la protesta del portavoz del PP, Carlos Rojas: además de denunciar que "se están aseverando cosas, dando por sentados hechos, que están sub iudice", también reprochó "el silencio del compareciente". Como que no lo negaba. “Esto me parece grave”, reflexionó. En su turno, el representante del PP le recordó a Morocho con retintín, porque dijo no recordarlo, quien le nombró en su cargo: “el señor Rubalcaba”. Todas sus preguntas versaron sobre lo irregular de su comparecencia, en el sentido de que una comisión no debería abordar asuntos que están en los tribunales, que a un policía no le corresponde sacar conclusiones de su investigaciones y que se podría estar violando el secreto de sumario. Es más, le recordó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal pena con multas de 500 a 10.000 euros desvelar hechos bajo investigación. En ese momento saltó toda la oposición, que acusó al PP de intimidar y amenazar a Morocho. “Nada más lejos de nuestra intención”, se defendió Rojas. Los populares se quejaron, una vez más, de que la comisión “se quiere parecer a un juicio” y “parece que ya están dictando sentencia”. El presidente de la comisión, Pedro Iturbe, de Nueva Canarias, que siempre insufla condescencia tropical, zanjó el debate diciendo que le parecía que el compareciente se defendía bien y no se sentía intimidado. Lo cierto es que Morocho nunca perdió la calma y asistió inmutable a los sarcasmos.

El excomisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González García, creador de la UDEF, salió más de vuelta de todo, porque está jubilado. Aunque no le hubieran presentado no habrían surgido dudas de quién era, porque tenía aspecto de viejo policía curtido en mil asuntos. Y así es, desde el atentado de los abogados de Atocha, a la cafetería California, el secuestro de Anabel Segura o la fuga de Roldán. Era una especie de Luis Aragonés, pero en poli. Se sentó sin quitarse el anorak. Lo primero que le preguntó Bescansa es si había recibido presiones, coacciones o amenazas del PP, pero dijo que no. Hubo una pregunta precisa sobre el papel del polémico comisario José Villarejo, encarcelado esta semana por orden de la Audiencia Nacional, en la investigación del caso Gürtel. "Facilitó informaciones de interés policial", respondió lacónico.

En su declaración hizo presente en todo momento que le cesó el nuevo director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en enero de 2012, cuando aún no habían llegado a indagar la financiación ilegal del partido conservador y casi nada de lo más gordo de la trama Gürtel. Así que apenas aportó ningún dato. Pero sobre el episodio de su cese le apretaron bastante, a ver si en su opinión querían apartarle del caso Gürtel: “Fue porque no tenía su confianza, pero hombre, yo lo sospecho”. Recordó que Cosidó hasta una semana antes era el diputado que en el Congreso les acusaba de formar una policía política, y Álvarez Cascos, de ser “una camarilla” y "preconstituir pruebas". “Garantizo que nosotros nunca filtramos nada a ningún medio de comunicación”, aseguró con contundencia. Recordó que le cesaron en enero, al día siguiente de la fiesta de Reyes, y aunque no se lo tomó como un regalo, luego "con lo que ha venido después, buscaba las castañuelas en casa".

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