Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

El problema político, policial y judicial es ahora de Bélgica, no de Europa

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía mandarán informes al fiscal belga que defenderá las posiciones españolas tras constatar el malestar del Gobierno belga con Puigdemont

Carles Puigdemont, el 31 de octubre, en una rueda de prensa en Bruselas.

En su intento de internacionalizar el conflicto con Cataluña el expresidente Carles Puigdemont se ha refugiado en Bruselas por ser “la capital de la Unión Europea”, pero esa salida no ha tenido ningún éxito. Al contrario. Sus últimas apariciones en la capital belga han provocado silencio total de las instituciones comunitarias, casi unánime rechazo de la prensa internacional y desmarque y malestar del complejo Gobierno local. El ejecutivo de Mariano Rajoy ha constatado, con sus contactos bilaterales discretos, que el Gobierno belga teme incluso por su posible caída como efecto rebote de este problema ajeno. Las repercusiones podrían afectar, además de a un conflicto político y diplomático, a las complicadas relaciones existentes también en el terreno judicial y policial.

En cuanto la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, firmó y emitió la orden europea de detención de Carles Puigdemont se activó un proceso judicial ya muy contrastado en el que la Policía Nacional española reclamó esa actuación a su homóloga belga a través de la denominada oficina Sirene de cooperación técnica entre cuerpos policiales de Estados miembros del espacio Schengen.

Ahora Puigdemont tendría que ser detenido y puesto a disposición de un juez belga, que tiene varios plazos para tomar sus decisiones y para considerar las alegaciones del encausado y la posible repatriación a España en el mejor de los casos dentro de dos meses. El Gobierno belga tiene poco o nada qué decir en ese proceso, pero en ese momento se abrirá un periodo más que previsible de posibles fricciones con distintas instituciones del Estado español.

En el Gobierno de Rajoy no se llaman a engaño. Fuentes del máximo nivel aventuran que podría producirse una crisis pero especialmente dentro del seno del gobierno belga. Desde el gabinete de Rajoy en la Presidencia del Gobierno y desde otros departamentos se están manteniendo contactos discretos estos días con sus pares belgas y la conclusión obtenida es que es el propio ejecutivo de Bélgica el que ve la residencia de Puigdemont en su país “como un gran marrón”, según distintas fuentes consultadas.

“Están muy temerosos, no les gusta nada que esté allí y querrían quitarse ese problema de encima cuanto antes porque piensan que si la crisis se acentúa podría provocar incluso su propia caída si al final el primer ministro o alguno de sus 18 ministros de otros partidos se decantan por uno u otro bando”, agregan fuentes implicadas en esas conversaciones.

La posición de España y de la juez Carmen Lamela en ese proceso, además, la defenderá a partir de ahora un miembro de la fiscalía belga porque el Gobierno no puede personarse directamente, por lo que desde la Fiscalía y desde el Ministerio de Justicia se han iniciado trámites para enviar llegado el caso informes esclarecedores sobre la situación. En esas conversaciones se ha aprovechado para corroborar el mensaje de que se espera “coordinación y buena fe” de las autoridades belgas, según las fuentes consultadas.

Pero en el ejecutivo admiten también que Puigdemont no ha parado en Bélgica por casualidad. El ministro de Exteriores español, el diplomático Alfonso Dastis, apuntaba esa línea del problema el jueves en una entrevista al diario francés Le Figaro: “La elección de Bélgica no es trivial: los separatistas flamencos muestran simpatía por Cataluña, y el gobierno belga también parece inclinado a un cierto entendimiento". Otras fuentes gubernamentales añaden, como aviso, que si al final todo va mal y se deniega la repatriación el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprovechará una reunión con sus homólogos de la UE para denunciar “la pérdida del espíritu de justicia y seguridad en Europa”.

La vigencia del actual Gobierno belga del liberal primer ministro Charles Michel depende de un reparto entre tres partidos flamencos, uno de ellos nacionalista (N-VA, con cinco ministros), cercano a las tesis separatistas en Cataluña y el más votado. Michel ha implorado estos días a los miembros de su gabinete que se abstengan de entrar a comentar el asunto catalán para evitar esa crisis interna, según informó el diario Le Soir.

El prestigioso portal Político en Bruselas ha resumido así la situación: “La febril política de Barcelona está contagiando el resfriado a Bélgica, y la información de que el líder catalán destituido está en Bélgica para solicitar asilo es algo que amenaza con alterar el delicado equilibrio político entre los nacionalistas flamencos y otros partidos en el Gobierno”. El diario belga De Standard remacha que la llegada de Puigdemont a ese país “coloca al primer ministro Michel en una situación delicada” y acentúa la creencia de que Bélgica se siente cercana a la causa catalana frente al rechazo total de la UE.

La colaboración policial y judicial entre España y Bélgica, además, se ha incrementado notablemente en los últimos años tras sufrir ese país diferentes atentados terroristas del yihadismo. Desde la Audiencia Nacional y desde la Fiscalía General del Estado se han establecido relaciones oficiales frecuentes y fluidas, que el Gobierno belga ha agradecido ante la experiencia corroborada en ese tipo de delitos de los expertos españoles. Esa colaboración se ha estrechado en el ámbito policial, donde la policía belga tiene menos prestigio que la española, y en el judicial, pese a no disponer de un juez único de enlace como sí se tiene con Francia o Marruecos, y que facilita muchos trabajos y trámites. Esa carencia se ve ahora como otro problema.

Las fiscalías de España, Francia, Italia y Bélgica han constituido por su parte un grupo de trabajo que se reúne anualmente para intercambiar datos, que no se hacen públicos. La última cita fue en París. En todo 2016 España ya cursó a Bélgica 43 órdenes de detención europeas y Bélgica demandó a España siete comisiones rogatorias, la mayoría de ellas por delitos de estafa. Fuentes de la fiscalía remachan, en este sentido, que las autoridades belgas son las más interesadas en que esa colaboración funcione como hasta ahora porque ha sido en su territorio donde se han registrado más actuaciones y actividad del terrorismo yihadista y porque su policía tiene menos conocimientos en esa materia que la española.

EL DESAFÍO SOBERANISTA CATALÁN

El problema político, policial y judicial es ahora de Bélgica, no de Europa