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Detenido el excomisario José Villarejo por cohecho y blanqueo de capitales

El polémico policía supuestamente recibió dinero y regalos por dar "servicios de inteligencia"

Villarejo en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid en junio. / Vídeo: Javier Ayuso analiza la detención del comisario José Villarejo. EPV

El comisario jubilado José Villarejo ha sido detenido este viernes por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Junto al polémico policía fueron arrestados también su mujer, Gemma Isabel Alcalá, y Carlos Salamanca, comisario jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal. La operación, denominada Tándem, ha sido iniciada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y ejecutada por la Audiencia Nacional. Las actividades investigadas se refieren a operaciones con Guinea Ecuatorial y China.

En una nota distribuida ayer por la Fiscalía, se señala que la operación “tiene por objeto el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios”. En total, se ha ordenado la detención de seis personas y más de una decena de registros, entre ellos, en las oficinas de Villarejo en la Torre Picasso de Madrid y en su domicilio en Boadilla del Monte, además de otros en las provincias de Málaga y Valencia.

Añade la información oficial que las diligencias han sido autorizadas por el juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y que los comisarios detenidos “prevaliéndose de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, especialmente sensibles para la seguridad nacional, habrían recibido elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia, y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español”.

Según ha podido saber EL PAÍS, la Fiscalía recibió el 25 de abril de este año una denuncia anónima sobre las actividades ilegales de Villarejo y Salamanca. Además, en las investigaciones realizadas por este periódico durante los últimos tres años se ponían de manifiesto los movimientos sospechosos de capital entre las empresas del comisario. Estas informaciones llevaron a que la comisión judicial que investigaba los casos Nicolay y Villarejo, reflejaran en sus informes que había indicios claros de blanqueo de capitales.

La denuncia anónima, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, afirmaba que en 2012 un alto cargo de Guinea Ecuatorial encargó al ahora comisario jubilado Villarejo, a través de su colega Carlos Salamanca, un informe sobre uno de los hijos del presidente Obiang, Gabriel Mbaga Obiang Lima. Se trataba de buscar trapos sucios del hijo y difundirlos a través de la red de medios cómplices del excomisario para desacreditarle y anularle en las luchas internas familiares. Varios diarios digitales participaron en la campaña de desprestigio.

El contrato del policía detenido con los guineanos se hizo supuestamente a través de una de sus empresas, Grupo Cenyt, dedicada a la investigación y a la gestión de crisis, con sede en la Torre Picasso. Villarejo y su socio Rafael Redondo Rodríguez formalizaron una propuesta económica, según la denuncia, para la realización de los trabajos, por un importe de 5,3 millones de euros. El pago se realizaría en dos partes: 1,7 millones por elaborar el informe, más un seguimiento anual de 3,6 millones.

La propuesta incluía unos anexos donde se detallaban las fases de actuación en las que se realizarían seguimientos, interceptación de comunicaciones, obtención de informaciones bancarias y otros elementos de privacidad personal relativos a Gabriel Mbaga Obiang. La denuncia incluía el informe realizado sobre el hijo del presidente Obiang.

Fotografía de archivo de 2005 del comisario Carlos Salamanca.
Fotografía de archivo de 2005 del comisario Carlos Salamanca. EFE

Además, Villarejo y Redondo solicitaron que el pago fuera diversificado a diferentes destinatarios y no solo a Cenyt. Parte de estos pagos se realizaron supuestamente en unas cuentas bancarias radicadas en el extranjero, principalmente en Panamá, país calificado como paraíso fiscal. Según la denuncia recibida por la Fiscalía, las transferencias más relevantes las recibieron las sociedades panameñas Participaciones Marvila SA (330.000 y 485.000 euros) y Financiera Uruplan (435.000 euros), presuntamente propiedad del excomisario y empresario detenido ayer.

Financiera Uruplan formaba parte del entramado societario descubierto por EL PAÍS en 2015: más de 12 empresas con un capital social superior a los 16 millones de euros. Esta sociedad la creó Villarejo en Uruguay y la trasladó en 2011 a España y Panamá, cuando el presidente uruguayo, José Mujica, acabó con las ventajas fiscales de ese país, dejando al descubierto a miles de sociedades.

Tres años de investigación en EL PAÍS

EL PAÍS lleva tres años investigando las actividades irregulares del comisario jubilado José Villarejo, que compaginaba sus funciones de policía, con placa y pistola, con sus negocios privados millonarios, algunos de ellos relacionados directamente con la investigación y la abogacía.

Tras su aparición en el caso Nicolay —en donde está imputado por revelación de secretos—, este periódico descubrió el entramado societario del comisario y empresario dentro y fuera de España. Su grupo empresarial abarcaba varios sectores, pero su especialidad es lo que él solía llamar la gestión de crisis. Sus servicios consistían en solucionar problemas difíciles a gente rica y famosa, siempre desde la mayor oscuridad posible.

Ese fue el caso del empresario Javier López Madrid —yerno del dueño de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir—, que le contrató para que le solucionara un conflicto con la doctora Elisa Pinto. Villarejo acabó imputado por agresión a la dermatóloga, que lo acusa de haberla apuñalado en presencia de su hijo.

Durante la investigación realizada por este periódico también se ha puesto de manifiesto la red de socorros mutuos organizada por el polémico policía. Se trata de un entramado de periodistas, editores, políticos, jueces, fiscales, empresarios y, por supuesto, policías (en activo o en departamentos de seguridad de grandes empresas), con los que mantenía una relación fluida e interesada. La red —y la advertencia de divulgar información sensible de altas personalidades— le había funcionado muy bien hasta ahora para evitar ser atrapado por la justicia. Pero ayer las pruebas pudieron más que las influencias y Villarejo acabó en el calabozo de la Audiencia Nacional.

Los representantes del Gobierno guineano mantenían una buena relación con el comisario Salamanca, que por entonces era el jefe policial del Aeropuerto de Barajas, en Madrid. Según los documentos enviados a la Fiscalía, Salamanca les realizaba favores en numerosas ocasiones, como ir a recoger a visitantes a la puerta del avión utilizando coches oficiales o facilitar la entrada de ciudadanos extranjeros cuando carecían de los requisitos necesarios para superar el control de fronteras.

Fuentes de la investigación explicaron que las actuaciones presuntamente irregulares del comisario Salamanca, a cambio de pagos en efectivo o en especie, se realizaron también con ciudadanos chinos. Este policía ya fue investigado en la operación Emperador —de blanqueo de capitales del empresario Gao Ping—, aunque finalmente él fue desimputado por la Audiencia Nacional. Un hijo de Villarejo apareció también en las primeras investigaciones, aunque fue igualmente exculpado.

El Porsche Panamera que conducía Carlos Salamanca

La investigación de las actividades de José Villarejo y Carlos Salamanca ha confirmado algunos detalles incluidos en la denuncia anónima recibida por el Fiscalía Anticorrupción. Entre ellos, que un turismo Porsche Panamera —adquirido por 116.537,7 euros en el Centro Porsche Madrid Norte en septiembre de 2010— acabó en manos de Salamanca en 2012.

El coche de lujo, matriculado en Madrid, fue adquirido por el ciudadano guineano Crispin Edu Tomo Maye, pero era utilizado por el entonces jefe de la comisaría de Barajas, que además fue el tomador de la póliza de seguro de la firma MMT, por importe de 1.845 euros. El seguro estuvo vigente entre el 10 de julio de 2012 e igual fecha de 2013, según consta en la póliza en la que figura el domicilio particular del comisario en la localidad madrileña de Colmenarejo.

Finalmente, el comisario Salamanca optó por vender el vehículo a un ciudadano chino, según consta en la demanda, vinculado al empresario Gao Ping. Este policía estuvo imputado en la denominada Operación Emperador, junto al por entonces inspector jefe de Extranjería, Miguel Ángel Gómez Gordo, y otros seis policías nacionales y municipales de la localidad madrileña de Fuenlabrada. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu les exculpó tras avanzar en la investigación.

En la nota distribuida ayer por la Fiscalía se hace referencia a que los policías detenidos habían facilitado la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español. Aunque no se precisan los países de procedencia, fuentes policiales confirman que se trata de Guinea y China.

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