La Audiencia Nacional mantiene en prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart
Los abogados de los presidentes de la ANC y Òmnium han alegado que no pueden volver a delinquir porque la situación política en Cataluña ha cambiado
La Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación de líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, que seguirán en la prisión.
Los cinco magistrados que componen la sección han adelantado el fallo en el que desestiman los recursos, con el voto particular de José Ricardo de Prada. La Sala dictará los autos con los argumentos en los que se basa para confirmar la decisión de Lamela del pasado día 16 de octubre en los próximos días.
Sus abogados habían reclamado este viernes a la Audiencia Nacional su puesta en libertad. En una vista de más de dos horas, los abogados de los líderes independentistas han explicado que no hay motivos para mantenerlos en prisión por sedición por los incidentes ocurridos el 20 de septiembre en Barcelona. Entre otros argumentos, los letrados defienden que no hay riesgo de "reiteración delictiva" porque la "situación política" en Cataluña -con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y con elecciones autonómicas a la vista- ha cambiado de forma notable.
La Fiscalía se ha opuesto a la petición de las defensas y considera que hay motivos sobrados para mantenerlos en Soto del Real, la prisión madrileña en la que permanecen desde el pasado 16 de octubre. El fiscal ha detallado, en la vista, que la situación política catalana nada tiene que ver en el procedimiento y que se investigan solo presuntos hechos delictivos. Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no han adoptado, por ahora, ninguna decisión.
En la vista de apelación, los abogados de Sànchez y Cuixart han tratado de desmontar los hechos que describe la juez Carmen Lamela en el auto de prisión. Según la instructora, los líderes de ANC y Òmnium dirigieron y alentaron a las masas para tratar de impedir -sin éxito- que se llevara a cabo la Operación Anubis. Aquella operación fue ordenada el 20 de septiembre por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona —que investiga el referéndum de independencia— e implicó la detención de una docena de altos cargos de la Generalitat. Durante los registros, la secretaria judicial permaneció unas horas sin poder abandonar el Departamento de Economía por la concentración de apoyo a los altos cargos a las puertas del departamento.
Los letrados han defendido que ni Sànchez ni Cuixart impidieron la salida de la comitiva judicial, sino que, al contrario, "intentaron favorecer" su salida. Para ello, han aportado grabaciones de aquella jornada. La defensa insiste en que no se da ninguno de los supuestos que recoge el auto para enviarles a prisión: ni hay riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas, ni de volver a delinquir. Han explicado que tanto Sànchez como Cuixart han acudido siempre a las citaciones y que tienen "familia, trabajo y domicilio conocido". El argumento más novedoso tiene que ver con el riesgo de reiteración delictiva. Los abogados han detallado que, con la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, no existe ningún peligro de que Sànchez y Cuixart puedan llevar a cabo acciones como las que describe el auto.
Tanto Sànchez como Cuixart habían solicitado asistir a esta vista de apelación, pero la Sala lo ha rechazado argumentando que nunca se contempla que los investigados estén presentes en este tipo de vistas, tan sólo su representación.
El Ministerio Público se había manifestado en contra de que Sànchez y Cuixart salgan de prisión, ya que asegura que, "a día de hoy" -estando en la prisión de Soto del Real-, continúan "llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña".
La magistrada de la Audiencia Nacional consideró el ingreso en prisión de los dos investigados por sedición una medida "adecuada, razonable y proporcionada", al tratarse de "delitos de cierta gravedad". Según su auto, los dos líderes de la sociedad civil independentista alentaron concentraciones que no fueron ni pacíficas ni aisladas y que pretendían, dice la juez, "impedir la aplicación de la Ley". El objetivo final de sus acciones, considera la magistrada, era "conseguir la celebración del referéndum y con ello, la proclamación de una república catalana".
El independentismo y otros sectores políticos consideran a Sànchez y Cuixart "presos políticos" y han pedido insistentemente su liberación. El 21 de octubre miles de personas se manifestaron en Barcelona para exigir lo mismo. La marcha, celebrada un día después de la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155, sirvió también para rechazar masivamente el cese de todo el Govern y el control sobre la autonomía catalana.
