Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Puigdemont sobre los encarcelamientos: “Es un golpe contra las elecciones del día 21 de diciembre”

El fiscal de la Audiencia Nacional inicia los trámites para emitir la orden internacional de busca y captura del expresidente catalán

Mensaje grabado de Puigdemont que ha emitido TV3.

Rotunda reacción del autoproclamado Gobierno legítimo de la Generalitat. Tras ver las imágenes de sus exconsejeros metidos en furgonas de la Guardia Civil en dirección a la cárcel, Carles Puigdemont ha cargado "contra el Estado español", que "embiste con una furia desbocada y lo amenaza todo”, ha dicho el expresidente catalán desde Bruselas, en un mensaje emitido por la televisión autonómica TV3. Puigdemont ha exigido la “liberación inmediata” de sus exconsejeros, en prisión por decisión de la juez Carmen Lamela, y ha hecho un llamamiento al "pueblo catalán" para “combatir” ese “ataque” con serenidad; sin violencia. El encarcelamiento del vicepresidente Oriol Junqueras y los consejeros que se han presentado ante la Audiencia Nacional supone "un golpe contra la selecciones del 21-D", según el expresidente catalán. La fiscalía ha iniciado este jueves los trámites para emitir la orden internacional de busca y captura contra Puigdemont, que huyó a Bruselas el pasado lunes con el objetivo declarado de internacionalizar su juicio y rechazar cualquier orden de extradición que proceda de España.

Más de la mitad del Gobierno de Puigdemont ya está en la cárcel. La otra mitad, desplazada a la capital belga, ha arremetido contra la decisión de la juez de meter en prisión a ocho exconsejeros: el expresidente ha calificado de “gravísimo atentado contra la democracia” el encarcelamiento “por sus ideas” de varios miembros de su Ejecutivo, cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. “El Gobierno español renuncia al diálogo y opta por la violencia policial del 1-O y el encarcelamiento”, ha afirmado antes de tildar esa medida de “golpe contra las elecciones del 21-D”. En un tono de lo más agitado, ha reclamado “la liberación de los consejeros y el vicepresidente”, ha acusado "al Estado español" de “situarse fuera del Estado de derecho” y ha añadido que el desafío independentista “ya no es un asunto interno español” para reclamar a la Unión Europea que actúe “y se dé cuenta del peligro que representan estas actitudes”.

La estrategia jurídica de Puigdemont pasa por luchar contra cualquier orden de extradición. Pero esa orden ya está cerca del buzón: nada más terminar la declaración de los ocho exconsejeros, y tras confirmarse que Puigdemont y los cuatro miembros de su Gobierno habían optado por quedarse en Bélgica, el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha iniciado los trámites para su busca y captura. El representante del ministerio público pide a la juez Carmen Lamela que envíe a las autoridades judiciales de Bruselas las correspondientes Órdenes Europeas de Detención.

El fiscal Carballo, en su escrito, constata que se han realizado “reiterados intentos de entregar la citación en el domicilio” del expresidente catalán y el resto de querellados ausentes. También resultaron infructuosas las “llamadas telefónicas”, a las que “se ha hecho caso omiso”, señala.

La magistrada Lamela, ocupada en redactar los autos de prisión de Oriol Junqueras y los ocho exconsellers que sí acudieron a la citación, no tuvo tiempo de emitir la orden europea de detención, según fuentes jurídicas. Estas órdenes, según la normativa belga, deben estar redactadas en inglés o en cualquiera de las tres lenguas oficiales de ese país (francés, holandés y alemán). Para activarlas es necesario que el juez español haya dictado una orden de prisión contra la persona requerida. Además, para lanzar esta orden es preciso que la Fiscalía lo reclame previamente.

El procedimiento ya está en marcha. Esta euroorden de arresto la entregará el juez a la Policía Nacional, que a través de la llamada Oficina Sirene, de cooperación técnica entre cuerpos policiales de Estados del espacio Schengen, se remitirá a la oficina homóloga de la policía belga. Este mecanismo supone ya la detención del buscado y su puesta a disposición de un juez belga.

Pero eso no ha sucedido aún: Puigdemont sigue en un lugar indeterminado de Bruselas. Ha reaparecido ante las cámaras en lo que parecía la habitación de un hotel, y para dejar un mensaje con mucha menos carga institucional que en el pasado. Con un aire de presidente fugitivo, un tono cada vez más airado, una insignia en la solapa y con un puñado de folios en una mano, ha leído un duro alegato que se enmarca dentro de su deseo de internacionalizar el proceso judicial. Junto a alguna soflama cargada de épica —“entre barrotes, mi Gobierno es infinitamente más libre que sus ilusos carceleros”— ha dejado varias cargas de profundidad contra la democracia y el sistema judicial español. La Generalitat en el exilio ha puesto en marcha el ventilador de las sospechas: un "juicio político" en el que la separación de poderes (el político y el judicial) brilla por su ausencia. El Govern ha augurado que el 21-D “se desarrollará en un clima de represión sin precedentes”. El procés, en fin, entra en una nueva fase; una de las claves puede ser la respuesta callejera tras esas duras palabras como respuesta al hecho de que más de medio Governha dormido esta noche en la cárcel.

Líderes de Flandes y Escocia critican la decisión judicial

ÁLVARO SÁNCHEZ

Silencio en las instituciones europeas y reproches de algunos de los principales líderes nacionalistas del continente. La decisión de la justicia española hizo ayer que el presidente de la región belga de Flandes, el nacionalista Geert Bourgeois, dejara a un lado el bajo perfil que venía manteniendo desde la llegada de Carles Puigdemont a Bélgica. “Encerrar a líderes democráticamente elegidos es ir demasiado lejos”, criticó.

El político, cercano al expresidente de la Generalitat, al que recibió en su primer viaje oficial al exterior, ha aparcado ese bajo perfil y su comentario puede ir acompañado de una catarata de reacciones que amenaza con poner en riesgo la estabilidad del Ejecutivo belga. La continuidad del Gobierno depende de un frágil equilibrio entre tres partidos flamencos, uno de ellos el nacionalista N-VA, el más votado de Bélgica. Junto a ellos está la formación liberal francófona del primer ministro Charles Michel. Este imploró ayer a su gabinete que guarde silencio sobre la cuestión catalana ante el temor de abrir una crisis.

La compleja arquitectura política belga ha dejado a Michel entre la espada y la pared. Por un lado, trata de evitar un nuevo roce diplomático con España y, por el otro, tiene la presión de su principal socio de gobierno, tradicional aliado de Puigdemont.

En la misma línea que su homólogo de Flandes se expresó la ministra principal de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon. “Todos los demócratas deberían condenar el encarcelamiento de líderes electos”, dijo. En la escena europea, la responsable de Los Verdes en el Parlamento, Ska Keller, fue una de las primeras en pronunciarse: “¿Cuándo entenderá Rajoy que es una crisis política y no judicial?”, lamentó.

Más información