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Puigdemont aboca a Cataluña al 155

El Gobierno está dispuesto a graduar las medidas para la intervención de la Generalitat

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont durante el pleno del Parlament de este jueves. FOTO: El País / VÍDEO: ATLAS

El Senado dio ayer el primer paso para autorizar al Gobierno a intervenir competencias autonómicas en Cataluña con el artículo 155 de la Constitución, tras horas de confusión en las que se dio por seguro que Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, convocaría elecciones autonómicas. Esa expectativa, que despertó protestas por un lado y alegría por otro, duró muy poco, ya que el president no vio satisfecha la principal contrapartida que exigía: la retirada del 155. El Gobierno está aún dispuesto a graduar la aplicación de las medidas e incluso a reconsiderar aspectos como la intervención de los medios de comunicación públicos catalanes, pero no a impedir su aprobación. Esa espada de Damocles no es aceptable para Puigdemont.

Elecciones autonómicas en Cataluña a cambio de la retirada del artículo 155 de la Constitución. Este fue el planteamiento del president, Carles Puigdemont, que condujo a la expectativa —esperanza para algunos y disgusto para otros— de que pudiera encauzarse el grave conflicto institucional en Cataluña. Durante unas horas, pareció que los esfuerzos de muchos actores políticos y sociales para impedir que Puigdemont proclamara una declaración de independencia no habían sido en vano. Ese planteamiento fue una realidad durante un tramo del día, pero se truncó cuando el presidentconsideró que no se daban las condiciones para detener el plan independentista. Compareció entonces (poco después de las cinco) para descartar la convocatoria de elecciones y endosó el pulso al Parlament, al que dijo que “corresponde ahora” decidir.

La posibilidad de convocar elecciones si el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometía a retirar la aplicación del artículo 155 acabó de armarse en la reunión que Puigdemont mantuvo con los miembros de su Gobierno y del grupo parlamentario de Junts pel Sí a media mañana. El mensaje se propagó rápidamente, para satisfacción de los sectores independentistas más moderados —que priorizan mantener el autogobierno a una independencia incierta— y para desesperación de los más radicales, que buscan un enfrentamiento directo con el Gobierno.

La reunión fue bronca y con desmarques de varios consejeros. Sobre la mesa seguía estando la amenaza de dimisión de algunos de ellos, comenzando por el de Empresa, Santi Vila, reacio a la declaración unilateral de independencia y que ayer intentó, sin éxito, una negociación de última hora entre ambos Ejecutivos.

Dimisión de Santi Vila

A última hora de la tarde, Vila anunció su dimisión. Puigdemont optó por lanzar el mensaje de que la independencia era evitable con un gesto claro del Gobierno.

El equipo del president optó por una puesta en escena de máximo dramatismo, hasta el punto de que su comparecencia se pospuso en dos ocasiones e incluso llegó a estar formalmente suspendida. De esta forma, entre el mediodía y las cinco de la tarde, el Govern dejó circular la noticia de que la declaración de independencia era evitable si no había aplicación real del 155 y si se aceptaban otras condiciones, como encontrar una solución para excarcelar a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium, en prisión preventiva desde hace diez días acusados de un delito de sedición.

Durante las horas en las que las elecciones estuvieron encima de la mesa, el bloque independentista intentó obtener algún tipo de respuesta de La Moncloa, en el sentido de que Rajoy accedía a retirar la aplicación del artículo 155. Nunca llegó este mensaje, como tampoco llegó a haber una negociación real entre ambos Gobiernos. A lo sumo hubo intercambio de mensajes. Al equipo de Rajoy solo le valía un mensaje inequívoco del presidente catalán en el sentido de que renunciaba al plan independentista y convocaba elecciones autonómicas, dentro de la legalidad vigente.

“No hay garantías”

Puigdemont tampoco se vio capaz de satisfacer esta demanda, ya que las acusaciones de “traición” en su contra comenzaron a correr como la pólvora por las redes sociales, alentadas en muchos casos por dirigentes independentistas. El mandatario catalán se hallaba virtualmente atrapado, con su Gobierno roto y con algunos miles de manifestantes en la calle exigiéndole llevar adelante la independencia.

Cuando el president compareció finalmente, lo hizo para verbalizar su fracaso. “He estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se diesen unas garantías que permitiesen su celebración en absoluta normalidad. No hay ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones”, dijo. Llegados a este punto, añadió, “corresponde al Parlament proceder con lo que la mayoría parlamentaria determine en relación con las consecuencias de la aplicación” del artículo 155.

El grupo de Junts pel Sí ratificó posteriormente su voluntad de someter hoy a votación de la Cámara autónoma una resolución para “continuar el mandato” del referéndum del 1 de octubre. Muchos diputados vieron en estas palabras una inequívoca declaración de independencia. Sin embargo, aún quedaban en Junts pel Sí sectores que esperaban una maniobra de última hora para que el Gobierno pueda garantizar que no se aplicará el artículo 155 si hoy se convocan elecciones.

Desde el Senado se seguían todos los movimientos en Cataluña, sin que se alterara ninguno de los pasos previstos. La jornada parlamentaria concluyó por la noche con la aprobación del dictamen en comisión para ser debatido esta mañana, una vez incluidas las enmiendas de los grupos. La previsión es que después del pleno se reúna el Consejo de Ministros y apruebe ese dictamen para que adquiera todo su valor. Mientras eso no ocurra no se puede dar por aprobada la intervención de la Generalitat. Tanto el Gobierno como el PSOE y grupos nacionalistas hacían anoche tal precisión.

La aprobación del dictamen en el Senado no significa que el Gobierno vaya a aplicar todas las normas votadas en la Cámara alta, según señalaron fuentes gubernamentales. La puerta, por tanto, queda entornada a la posibilidad de que el acuerdo del 155 no entre en vigor en su totalidad —y, para empezar, que no se dicte desde el Consejo de Ministros el decreto por el que se cesa al presidente de la Generalitat y a todos sus consejeros—. Este escenario entra en la disposición del gobierno, expresada de forma oficiosa así como por dirigentes del PP, a que las medidas se puedan aplicar de forma gradual, o incluso, que no lleguen a ejecutarse nunca.

En la frenética jornada que ayer se vivió en el Senado, con numerosas conversaciones telefónicas cruzadas, se prodigaron los intentos de que el diálogo no quedara roto del todo. El PSOE trató de que el Gobierno retirara el 155 si Puigdemont convocaba elecciones. Nunca el Ejecutivo de Rajoy estuvo por la labor de aceptar esa petición tal cual la plantearon los socialistas. Como mucho, el Gobierno, el PP y su grupo parlamentario se abrieron a discutir algunos contenidos y, sobre todo, a la aplicación gradual de las medidas, pero no a retirarlas. Esa baza la quiere tener el Gobierno, que sostiene que el cúmulo de ilegalidades cometidas por las autoridades de la Generalitat no les permite zanjar la crisis como si nada hubiera sucedido, según fuentes parlamentarias del PP.

El propio desarrollo de la sesión del Senado, con discursos tan apasionados como repletos de reproches, dio cuenta de la dificultad de pasar página como si nada hubiera pasado. Pero la puerta aún no está definitivamente cerrada a la posibilidad de frenar la intervención de la Generalitat.

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