Euskadi busca un nuevo Estatuto con el derecho a decidir como principal escollo
Una mayoría parlamentaria de PNV, EH Bildu y Podemos apoya que el nuevo pacto estatutario reconozca la libre determinación
El Estatuto vasco de Gernika, coetáneo del Estatut catalán de Sau, cumplió el pasado 25 de octubre 38 años de su aprobación en referéndum con un 90,27% de votos favorables y apoyado por todos los partidos políticos, salvo la izquierda independentista (entonces Herri Batasuna) y la Alianza Popular (hoy PP). Fue el primero de los aprobados en España, el único que todavía no ha sido reformado y recoge 37 transferencias que aún no han sido traspasadas del Estado al País Vasco, según el último cómputo del Gobierno vasco.
El principal intento de actualización del Estatuto vasco se produjo en 2004, mediante el llamado plan Ibarretxe, tramitado con el apoyo exclusivo de los nacionalistas y rechazado en el Congreso. Tras aquel sonado fracaso, el Parlamento vasco constituyó en febrero de 2014 la Ponencia de Autogobierno, un grupo de trabajo que se encarga de acordar “con el máximo consenso posible” los procedimientos legales para la actualización del Estatuto (47 artículos y 10 disposiciones: una adicional y nueve transitorias). Esta ponencia acaba de registrar las propuestas y modelos de reforma estatutaria presentadas por cada uno de los grupos parlamentarios y entra ahora en su fase decisiva: la elaboración de un texto articulado que debe aprobar la Cámara vasca y ser ratificado en última instancia por la ciudadanía vasca en una consulta vinculante que el lehendakari, Iñigo Urkullu, quiere que sea pactada con el Estado, antes de su tramitación definitiva ante las Cortes Generales.
Sobre la mesa de discusión se abre un abanico de planteamientos para fijar el “nuevo estatus jurídico-político”, en la mayoría de los casos con un claro objetivo de ampliar el autogobierno vasco. El PNV abandera una reforma estatutaria que consagre la “cosoberanía” del País Vasco en un Estado confederal; EH Bildu apuesta por una Euskal Herria soberana constituida como una “república vasca confederal”; Podemos Euskadi se decanta por aplicar el modelo quebequés; los socialistas vascos plantean más autogobierno en una España de corte federal, y el PP solo admite cambios en el Estatuto que no impliquen modificar el actual Estado de las Autonomías. Una mayoría parlamentaria, formada por el PNV, EH Bildu y Podemos, apoya que el nuevo pacto estatutario reconozca el derecho a decidir. Este será el principal escollo de la discusión política.
La fórmula confederal del lehendakari
El itinerario marcado por el lehendakari Urkullu se aleja de la vía separatista adoptada por las instituciones catalanas y se encamina por la senda del acuerdo, primero entre vascos y después con el Estado. El PNV parte del principio de que el futuro acuerdo de actualización del autogobierno vasco “debe reconocer la identidad nacional del pueblo vasco” y su aceptación como “un sujeto jurídico y político con derecho y capacidad para decidir sobre su futuro, a ser consultado y a que su voluntad democráticamente expresada sea respetada”. “El reconocimiento del derecho de decisión que debe proyectarse sobre las naciones históricas debiera arbitrarse mediante una reforma constitucional”, asegura el PNV en su propuesta de reforma estatutaria, de 62 páginas.
El lehendakari ha aprovechado su reciente visita a Quebec (Canadá) —celebró referéndums de independencia en 1980 y 1995 en los que ganó el no— para poner a este país como ejemplo de cómo debería gestionar el Gobierno español las aspiraciones nacionales de Euskadi y Cataluña.
El partido que preside Andoni Ortuzar invoca la necesidad de reestructurar el sistema de relación político-institucional entre el Estado español y Euskadi, mediante un sistema de “relación bilateral fundamentado en el reconocimiento previo de ambas partes como sujetos políticos”, similar al que inspiró y ha imperado con el Concierto Económico.
Urkullu y su partido defienden que el nuevo estatuto debe consagrar el principio de que “Euskadi es una nación política en un Estado descentralizado y plurinacional”. La reforma estatutaria debería “institucionalizar” el derecho de la ciudadanía a ser consultada sobre su futuro “de manera legal y pactada” conjugando los principios democrático y de legalidad. “Considero que es necesario habilitar cauces legales para que las comunidades políticas [como Euskadi, Galicia y Cataluña] que quieran consultar a la ciudadanía sobre su futuro puedan hacerlo con plenas garantías”, dijo el lehendakari en el debate de Política General en el Parlamento en septiembre pasado.
Para fijar su posición sobre la reforma y ampliación del Estatuto, Urkullu ha abogado por “alcanzar un acuerdo/pacto que asuma el concepto de cosoberanía o soberanía compartida”. Y la fórmula que plantea para que se plasme la “redistribución de la soberanía” en el conjunto de España pasa por la constitución de “un Estado confederal”.
El PNV sostiene que la redacción de un proyecto político y jurídico de reforma del actual Estatuto de Autonomía debe refrendarlo el Parlamento vasco y, antes de iniciarse su tramitación ante las Cortes Generales, se tendría que someter a una “consulta habilitante” por parte de la ciudadanía vasca.
La ruptura total de EH Bildu
Para la coalición abertzale sería un fracaso cualquier logro en la reforma estatutaria que no permita alumbrar la independencia vasca. EH Bildu, en su propuesta actualizada hecha pública este mismo mes, se fija como objetivo la creación de una “república confederal vasca”, siempre que así lo decidan los ciudadanos de Euskadi, Navarra y el País Vasco francés en procesos adecuados a cada una de estas regiones. A ese escenario se llegaría tras celebrarse un referéndum habilitante sin el veto de los poderes del Estado a ejercer el derecho a decidir.
La hoja de ruta arrancaría con la aprobación de un nuevo estatus político que recoja el ejercicio del derecho a decidir como planteamiento nuclear. La mera formulación de la propuesta de EH Bildu (se detalla en 16 folios) pone en evidencia su propósito: “Construyendo una estructura institucional soberana basada en el derecho a decidir”. Propone en una primera fase aprobar el Estatuto en el Parlamento y someterlo a votación en una consulta cuyo resultado sería vinculante. Si una mayoría se decanta por la independencia, EH Bildu abre la puerta a una segunda fase del proceso: “negociar con el Gobierno de Madrid” las vías y mecanismos para ejecutar el mandato popular. En el caso de que la posición del Estado “fuera la de cerrarse en banda”, propone iniciar “una vía propia para acceder a la soberanía”.
Podemos se inspira en Quebec
Podemos Euskadi aspira a la consecución de una Euskadi “cosoberana, con soberanía compartida” en el marco de un Estado de corte federal o confederal y de “libre adhesión”. Podemos plantea aplicar el modelo canadiense-quebequés mediante un “pacto de claridad” que habilite “mecanismos legales” y permita celebrar en España “consultas pactadas” sobre el modelo territorial, en las que la ciudadanía vasca pudiese optar por el autonomismo, el federalismo o la independencia.
Podemos aboga por disociar la reforma estatutaria del modelo de relación que Euskadi tendría con el Estado. El documento presentado por este partido en septiembre pasado, de 98 páginas, plantea abordar ambas cuestiones por separado, aunque de forma simultánea. Por un lado, propone tramitar la aprobación de un nuevo Estatuto vasco que debería aceptar que “Euskadi es una nación” y, por otro, alcanzar un “pacto de claridad” entre los partidos vascos que, una vez elevado al Congreso de los Diputados, sancione una ley que contemple la celebración de un referéndum de autodeterminación, siguiendo el modelo aprobado en 1998 por la Corte Suprema de Canadá.
Si se diera el caso, y se aceptara la convocatoria de ese referéndum, Podemos no oculta sus preferencias por crear “un Estado federal o confederal” en el que Euskadi gozaría de “soberanía compartida o cosoberanía”. Esta fórmula guarda ciertas similitudes con la vía confederal que el lehendakari ya ha adelantado en el Parlamento.
El modelo federal de los socialistas
El PSE-EE apuesta por una reforma de la Constitución que establezca un modelo de Estado federal como paso previo o simultáneo a la actualización del marco competencial del Estatuto de Gernika con el fin de evitar conflictos cruzados que se dan ahora y garantice la lealtad entre las diferentes administraciones. “Los socialistas queremos que los vascos voten un Estatuto renovado en esta legislatura en un referéndum legal”, sostiene la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia.
Este partido considera que el Estatuto, “la Constitución interna” de los vascos, según recoge su propuesta de 46 folios, configura un modelo de autonomía política y económica que se encuentra “entre los más avanzados del mundo”, sin parangón el Derecho comparado y “deseado por las comunidades nacionales semejantes” en otros países.
La propuesta socialista no sacraliza el concepto de “nación”, aunque matiza que su inclusión en el nuevo texto estatutario “no presupone el derecho político [de la comunidad vasca] a constituirse en Estado”, como recoge la doctrina del Consejo de Europa. También plantea llevar a cabo una “reforma hacia adentro” que clarifique la organización institucional y competencial en el ámbito vasco que termine con “la multitud de ineficiencias, solapamientos y duplicidades” existentes en la actualidad en el entramado institucional que forman el Gobierno autonómico, las tres diputaciones y los 251 ayuntamientos.
La propuesta socialista señala que el derecho a decidir "no existe como tal en la práctica internacional" y se trata de "una argucia retórica para invocar el derecho a la autodeterminación". Y considera que si alguna fuerza política quiere recogerlo en el ordenamiento vasco para que una comunidad de España pueda escindirse y constituir un Estado separado, "debe exponerlo a la sociedad sin subterfugios terminológicos" y mediante "la aceptación de la legalidad actual y de los procedimientos para su reforma".
El PP quiere perfeccionar el Estatuto
Los populares parten del principio de que la Constitución y el Estatuto de Gernika “vertebran y articulan Euskadi como la región europea con el nivel de competencias y autogobierno más amplio del mundo”. Ambos textos legales, expone el PP en su propuesta de 10 folios, configuran “por primera vez un verdadero ámbito propio de decisión para Euskadi con contenido real”. Es por ello que este partido se muestra el más inmovilista ante una reforma integral del Estatuto.
Cualquier reformulación estatutaria debe respetar dos premisas “básicas”: que una hipotética reforma obtenga al menos el mismo respaldo de la “amplísima mayoría” de la sociedad vasca en 1979 y se realice “respetando las reglas de juego, la legalidad” que emana de la Constitución.
El PP entiende que el Estado autonómico descentralizado vigente desde el 78 “ha contribuido de manera decisiva al desarrollo de España y de Euskadi”, por lo que debería tocarse lo menos posible el Estatuto, y solo para perfeccionar su funcionamiento. No obstante, abre la puerta a realizar reformas para propiciar “una clarificación competencial” en el País Vasco: “Creemos que las reformas que necesita Euskadi no son tanto de su Estatuto de Autonomía, como de las normas que vertebran política y administrativamente” esta comunidad.
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