Los líderes del PP piden límites previos a la reforma constitucional

“Como respuesta [al nacionalismo] no cabe una apelación genérica a la reforma constitucional”, advirtió Aznar durante una conferencia dictada en octubre. “Si se acepta que se ha roto el pacto de unidad y diversidad, la reforma constitucional no debe ser un pago a plazos de lo que ahora no estamos dispuestos a pagar al contado al secesionismo catalán”.

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Una decena de líderes territoriales del PP consultados por EL PAÍS coinciden en parte con esa tesis. La reforma constitucional, dicen, debe hacerse pensando en el conjunto del país. Nada, argumentan, contentará a los nacionalistas. Y, precisamente por eso, aseguran, hay que pactar límites previos a la reforma, al menos con el PSOE, para así cumplir con un doble objetivo: tener una mayoría suficiente y asegurar que un cambio de Gobierno no echará todo por tierra. Antes de que comience el diálogo entre partidos en la comisión, los populares apuntan su deseo de aclarar qué competencias son del Estado y cuáles de las Autonomías, mientras que los socialistas mantienen su apuesta por un modelo territorial federal.

“Veo muy complicado que con el independentismo se pueda llegar a un acuerdo sobre el modelo territorial, porque por definición su objetivo es romper Cataluña del resto de España”, opina Xavier García Albiol, líder del PP en Cataluña. “A mí me parece que el Gobierno va a tener que hacer un esfuerzo didáctico y de medidas reales a través de una reforma constitucional para actualizar nuestro país, pero no para dar satisfacción al independentismo, sino para resolver aquellos aspectos que tienen un encaje desajustado 40 años después de haberse aprobado la Constitución”, apunta. “Por ejemplo, estaría bien definir de una vez por todas el capítulo octavo de la Constitución, las competencias de las Comunidades Autónomas y del Estado”, sigue. “Apuesto porque el Estado tenga la potestad y la capacidad de coordinar de manera efectiva ámbitos sensibles y socialmente muy importantes para mantener la unidad de España, como puede ser la educación, la seguridad, o políticas sociales", propone. "Tiene que haber un replanteamiento general que en ningún caso tiene que ser una recentralización, pero sí una definición muy clara del papel de cada una de las Administraciones, y sí que me parece que en esos aspectos sensibles la última palabra la tiene que tener el Estado".

“El problema de reformar la Constitución es el para qué”, le continúa una voz autorizada del PP de Andalucía. “Cuando abres un melón de esa envergadura tienes que saber para qué. Nos podemos meter en un lío monumental”, añade. “Los grandes partidos tienen que llegar un acuerdo sobre qué quieren trabajar. Lo otro es un disparate”.

“Hay que decidir qué es lo que vamos a reformar, con qué objetivo y en qué sentido”, argumenta Asier Antona, líder del PP de Canarias y miembro de la dirección nacional. “Se trata de saber hacia dónde tienes que caminar”, apunta. “Cuando se abra el melón, habrá muchas demandas de automonías que abordar”.

Todos los líderes del PP coinciden en su oposición a que Cataluña reciba nuevas competencias o un trato mejor en la financiación. Su posicionamiento es clave para que la reforma llegue a buen puerto. El partido que sostiene al Ejecutivo tiene mayoría absoluta en el Senado, por lo que puede vetar cualquier cambio que apruebe el Congreso.

“Estoy en total desacuerdo con todo lo que sea ampliar la brecha en cuanto a la insolidaridad, la injusticia, entre Comunidades Autónomas”, advierte Fernando López Miras, el presidente de Murcia. Y ejemplifica: “Se habla de un cupo, de un sistema fiscal para Cataluña, y no puedo estar de acuerdo, porque al final eso perjudicaría a Murcia. Y estoy seguro de que el Gobierno no lo permitiría”.

“¿Volver a la legalidad a cambio de dinero? En muchas partes de España no se entendería. ¿Más autogobierno? Parece difícil tener más autogobierno en el país del mundo más descentralizado como es nuestro caso”, reflexiona José Antonio Monago, expresidente de Extremadura y líder de la formación en esta Autonomía. “Como extremeño, no debe plantearse tocar el principio de solidaridad, porque suprimir ese principio constitucional es sencillamente romper con uno de los pilares que nos hace ser un gran país que apuesta por la igualdad entre los ciudadanos, vivan donde vivan”. Y subraya: “Un país es algo más que una balanza fiscal”

Soberanía nacional

“La soberanía nacional, la unidad de España, o la solidaridad entre las regiones, todo lo que constituye la esencia de la nación, no puede verse menoscabado”, afirma Cristina Cifuentes, presidenta de Madrid.

“Hay líneas rojas que no se pueden pasar, como son la unidad de España y la igualdad de todos los españoles”, advierte Isabel Bonig, la líder del PP en la Comunidad Valenciana, recordando que también se puede dialogar sobre servicios públicos, el perfeccionamiento del autogobierno en Cataluña o la solidaridad interterritorial.

“Lo primero es defender la Constitución y respetarla”, pide José Ignacio Ceniceros, el presidente de La Rioja.

“Para eso está la política, para negociar, para aflojar, para dejar algo de tus reivindicaciones, conseguir un equilibrio y que todos sintamos nuestra la Constitución”, remata Biel Company, presidente del PP en Baleares.

Algunos de los líderes territoriales del PP recuerdan que representan a Autonomías que también querrían ver reflejada su idiosincrasia en la Constitución. Es el caso de Antona, que subraya que Canarias siempre pidió que se recogiera su condición de "región ultraperiférica" en la Ley de leyes o "tener al régimen económico y fiscal canario dentro del marco constitucional". Sin embargo, no hay matices entre los dirigentes consultados. Lo importante en la reforma es el consenso entre el PP y el PSOE.