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La fiscal ve “abrumadoramente acreditada” la existencia de una caja b en el PP

La acusación sostiene que hay sobradas pruebas de que el partido se benefició de los delitos de la red Gürtel

El banquillo de los acusados del caso Gürtel, el pasado lunes.

La fiscal anticorrupción Concepción Sabadell afirmó este martes en el juicio del caso Gürtel que “la existencia de la caja b del PP” ha quedado “plena y abrumadoramente acreditada” tras la vista oral, que comenzó en octubre de 2016. En su alegato final, Sabadell insistió en que el extesorero popular Luis Bárcenas sustrajo al menos 270.000 euros de estos fondos opacos de la formación conservadora. También remachó la idea de que el partido, como persona jurídica, obtuvo un beneficio de los delitos atribuidos a la red corrupta de Francisco Correa.

La fiscal Sabadell dedicó la segunda jornada de exposición de su informe final en el juicio central del caso Gürtel a dos elementos del macrosumario especialmente sensibles para el PP. Por un lado, analizó la supuesta condición del partido como “partícipe a título lucrativo” de los delitos cometidos por Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Estos supuestamente financiaron sus campañas electorales de 2003 con fondos que les proporcionaron las empresas de Correa a cambio de contratos públicos.

“Existen sobradas pruebas de que el PP se ha beneficiado de la actividad delictiva en el Ayuntamiento de Majadahonda; el PP, no el grupo municipal”, afirmó Sabadell al inicio de la sesión. Los contratos trucados en este municipio madrileño para beneficiar a la red corrupta reportaron 1,6 millones al alcalde Ortega y acabaron en parte en las arcas de la formación conservadora: 133.628 euros fueron destinados a financiar la campaña electoral de las municipales de 2003 y las obras de la sede del partido en la localidad. Otros 111.864 euros fueron supuestamente entregados por la trama corrupta al PP en Pozuelo.

El jefe de auditoría del PP, Carlo Lucca de Mignani, manifestó el pasado 28 de junio en el juicio que este dinero se lo ahorró el Estado al no tener que transferírselo al partido para la campaña. “Quien no ha recibido beneficio alguno es el Estado ni los españoles (…). No se alcanza a comprender en qué medida el ahorro del PP ha revertido en el bien del Estado o de los españoles; es un beneficio de la formación política”, replicó la fiscal Sabadell.

La segunda materia —aún más enojosa que la anterior para los conservadores— que desarrolló la fiscal es la caja b que llevaban los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. En esa contabilidad paralela Bárcenas recogió pagos opcaso al partido por 7,5 millones de euros entre 1990 y 2008 procedentes de empresarios del sector de la obra pública. Este dinero, según la contabilidad, se destinó, entre otras cosas, al pago de sobresueldos a líderes del partido y a la reforma de la sede nacional de la calle Génova 13 de Madrid.

La fiscal repitió no menos de cinco veces en su alegato que esa caja b ha quedado “plena, abrumadora y constantemente acreditada” en la vista oral. Aunque la contabilidad paralela va a ser objeto de otro juicio, todavía pendiente de fecha, Sabadell recordó que en esta vista oral era “necesario y fundamental” estudiar su existencia.

Sustracción de fondos

Según la fiscal, la fortuna de Bárcenas, que alcanzó los 48,2 millones de euros en cuentas suizas en 2007, deriva de “la intermediación al margen de Correa en adjudicaciones públicas” y de la “sustracción de fondos de la caja b del PP”. En concreto, según la fiscal, Bárcenas se apropió de 270.000 euros de los fondos opacos que controlaba junto a Lapuerta.

La veracidad de la caja b ha quedado confirmada, según la fiscal por varias pruebas. La primera es la pericial caligráfica que ha demostrado que los 14 folios manuscritos de la contabilidad paralela son obra de Bárcenas. También ha quedado corroborada por los testimonios de políticos del PP que percibieron ayudas con cargo a esos fondos, como el fallecido Santiago Abascal o Jaime Ignacio del Burgo.

Sabadell ha identificado claramente a Bárcenas con los apuntes de la contabilidad secreta de la trama a nombre de “Luis El Cabrón”, que percibió 72.000 euros de la red corrupta. Según la fiscal, Correa negó que Bárcenas fuera “Luis El Cabrón” para proteger a sus empleados, en especial a Álvaro Pérez, El Bigotes, de cualquier posibilidad de un pago a un cargo público.