Doble mensaje a los funcionarios: protección y advertencia
El Gobierno actuará contra los empleados públicos que impidan la aplicación del 155
El Gobierno propone al Senado adoptar medidas para proteger a los funcionarios que estén sido sometidos a expedientes sancionadores por acatar las resoluciones judiciales que anulan aspectos clave del proceso independentista. Esos expedientes serán declarados nulos y, además, se estudiará la posible responsabilidad administrativa o penal de sus promotores. Al tiempo, el Consejo de Ministros de este sábado ha acordado actuar con la máxima firmeza contra los empleados públicos que no cooperen en la aplicación del 155.
“El incumplimiento de las medidas contenidas en el presente acuerdo se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica de aplicación”, advierte el documento enviado por La Moncloa al Senado. “El ejercicio de la potestad disciplinaria, se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos de la posible exigencia de responsabilidad penal”, continúa el texto.
No es una cuestión menor. Solo el 9% de los empleados públicos en Cataluña pertenecen a la Administración central, frente al 16% de la Comunidad Valenciana o el 19% de Andalucía. Eso subraya la enorme importancia que tendrán los funcionarios dependientes de la Generalitat para aplicar el artículo 155 de la Constitución. Los planes del Gobierno no pueden llegar a buen puerto sin su participación por una simple cuestión numérica: de los más de 300.000 empleados públicos de esta Comunidad Autónoma, más de 167.000 dependen del Govern.
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