Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Rajoy toma el control de la Generalitat

Rajoy anuncia, con el respaldo de PSOE y Ciudadanos, las medidas adoptadas bajo el artículo 155 de la Constitución. Su aplicación se traducirá en la destitución de Puigdemont y la limitación de funciones del Parlament

artículo 155
El presidente del gobierno Mariano Rajoy explica la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

El Gobierno desplegó este sábado sin complejos las posibilidades que ofrece la Constitución, en su artículo 155, para restaurar en Cataluña el orden constitucional y la legalidad que el secesionismo hizo estallar por los aires. Mariano Rajoy nunca quiso llegar a este extremo, dijo, pero optó finalmente por hacerlo con todas sus consecuencias: destituirá de sus puestos al president Carles Puigdemont, al vicepresidente Oriol Junqueras, y a todo el Govern; limitará las funciones del Parlament y controlará toda la Administración catalana hasta que, en un plazo máximo de seis meses, convoque, él mismo, unas elecciones autonómicas. Puigdemont convocó al Parlament para debatir lo que en su opinión es un intento de liquidar su autogobierno, sin anticipar el alcance de su respuesta.

Mariano Rajoy exprimió al máximo los plazos, con la esperanza de una rectificación de la Generalitat que nunca llegó. El sábado reveló finalmente su intención de aplicar el artículo 155 al máximo de sus posibilidades. La medida más extrema: la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; del vicepresidente, Oriol Junqueras, y de todos los consejeros de su Gobierno, como adelantó EL PAÍS.

El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, asume las funciones del presidente de la Generalitat, y entre ellas la de más relevancia como es la capacidad de convocar elecciones y, por tanto, disolver el Parlamento. Ahora será Rajoy quien convoque elecciones “ordinarias” en Cataluña en un plazo no superior a seis meses, por lo que esos comicios se celebrarán en la próxima primavera, si la intervención de la Administración catalana transcurre sin imprevistos para conseguir “la vuelta a la legalidad”. La vigencia del 155 y de todas las medidas adoptadas, en cualquier caso, se mantendrá “hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat” tras la celebración de esas elecciones.

El presidente del Gobierno compareció al borde de la una y media de la tarde tras el fin del Consejo de Ministros en el que se aprobó el listado de medidas de intervención de la Generalitat de Cataluña. El documento fue enviado de inmediato al Senado donde su presidente, Pío García-Escudero había reunido a la Mesa de la institución. “El Gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución; no era nuestra intención ni nuestro deseo”, reconoció Rajoy sin ambages. No lo quería Pedro Sánchez, líder del PSOE, pero tampoco él. Sí, es un artículo constitucional, señaló, pero “solo se aplica en circunstancias excepcionales”, apostilló para dar cuenta de la gravedad de la situación. Lo hace porque “ningún Gobierno puede ignorar la violación de la ley”. Rajoy acusó a Carles Puigdemont y al independentismo de haber propiciado este desenlace. “Algunos querían que se llegara a esta situación, porque no se pueden hacer peor las cosas incluso para los intereses de los que las han hecho”, afirmó.

Las principales medidas acordadas

El Gobierno aprobó una serie de medidas, bajo el paraguas del artículo 155 de la Constitución, para restablecer la legalidad en Cataluña. Estas son las principales:

Relevo del ‘president’ y del Govern. El Ejecutivo cesará a Carles Puigdemont y a todos los miembros de su gabinete. El ejercicio de sus funciones corresponderá a los órganos o autoridades que designe el Ejecutivo. Rajoy se arroga la competencia de disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses.

Gestión de la Generalitat. La Generalitat seguirá ejerciendo sus funciones. La Administración seguirá las instrucciones de las autoridades designadas por Rajoy, que podrán nombrar, cesar y sustituir cargos.

Intervención de los Mossos. El Ministerio del Interior asumirá el control de los Mossos d’Esquadra y ya prepara el relevo de su máximo responsable, Josep Lluís Trapero, que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por sedición.

Control financiero. El Gobierno asumirá las competencias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria de la Generalitat. El objetivo es garantizar que ninguna partida se destine a actividades vinculadas con el proceso secesionista.

Medios de comunicación públicos. El Ejecutivo también contempla asumir las competencias relacionadas con la radio y televisión pública de Cataluña. El objetivo, según el Gobierno, es “garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial, así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña”.

Limitación del Parlament. El Gobierno mantiene el Parlamento de Cataluña, pero limita su capacidad de acción. La presidenta del Parlament no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat durante la aplicación del 155 ni celebrar un debate de investidura.

Nuevas autoridades. El Gobierno podrá crear nuevos órganos y nombrar autoridades para garantizar el cumplimiento de las medidas.

Protección de los funcionarios. Se declararán nulos los expedientes que se puedan incoar a los funcionarios que acaten las resoluciones acordadas ayer por el Gobierno. Quienes incumplan las resoluciones del Ejecutivo, afrontarán expedientes disciplinarios e, incluso, responsabilidades penales.

El Gobierno puso en marcha una tarea pedagógica que se aventura larga, para convencer a los ciudadanos de que la decisión adoptada no es ni una suspensión de la autonomía catalana ni una retirada de sus competencias. Simplemente, explicó Rajoy, “se cesa a las personas que han puesto esa comunidad al margen de la ley”.

La dureza de todas las decisiones adoptadas, que aún deben ser validadas por el Senado, es llamativa. Finalmente, se optó por permitir que el Parlament siga en activo, pero sus funciones de control se verán seriamente limitadas; sus iniciativas legislativas, sometidas un posible veto del Gobierno si contravienen la Constitución; y su presidenta, Carme Forcadell, despojada de prerrogativas tan simbólicas como la de proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat o plantear un debate de investidura. Forcadell definió las medidas como “un golpe a la democracia en el siglo XXI” y llamó a los ciudadanos catalanes a defender su Parlament.

Apoyo de Sánchez y Rivera

Los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, que han respaldado la decisión del Gobierno de activar el 155, no mostraron la menor fisura tras conocer las medidas concretas de intervención. Rivera se mostró convencido de que la respuesta del Ejecutivo ha sido acorde con la situación de fuera de la legalidad en la que se ha colocado la Generalitat. “Discrepancias con el PP sobre la integridad territorial de España, ninguna”, afirmó a su vez Sánchez durante un acto del PSOE en Cartagena. Los socialistas están convencidos de que con la decisión adoptada se preservan “las instituciones del autogobierno”, dijo el secretario de Organización de la formación, José Luís Ábalos. La dirección socialista, sin embargo, se enfrenta al problema de nuevas tensiones en el seno de su socio catalán, el PSC. Algunos alcaldes del PSC manifestaron su “más radical desacuerdo” con la aplicación del 155, en un comunicado encabezado por Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, quien dimitió horas después como miembro de la ejecutiva del PSOE. El texto se hacía público mientras aún se desarrollaba en Barcelona una manifestación que reunió a 450.000 personas , según datos de la Guardia Urbana. La concentración fue convocada para pedir la libertad de los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, pero derivó en una protesta contra la decisión del Gobierno de intervenir la Generalitat.

Las reacciones más duras procedieron de Podemos y del PNV. El secretario de organización de la formación morada acusó a Rajoy de “suspender la democracia”, no solo en Cataluña sino en toda España. El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, afirmó que las medidas anunciadas por el Gobierno eran "anticonstitucionales" porque "se interviene el Parlamento catalán, y por tanto, el derecho de sufragio".

A última hora del día compareció Puigdemont. Acusó al Gobierno de haber dado “un portazo” a la posibilidad de diálogo y de liquidar el autogobierno. “El peor ataque sufrido desde los decretos del dictador Franco contra las instituciones catalanas”, dijo el President, en un discurso en el que atacó al Gobierno, al PSOE, a Ciudadanos y hasta al Rey. Puigdemont no quiso, sin embargo, desvelar todas sus cartas. Anunció su intención de convocar al Parlament para debatir una respuesta a la decisión de Rajoy, pero en ningún momento salieron de sus labios las palabras “declaración de independencia”, como en declaraciones anteriores. Tras rechazar el propósito del Gobierno, según él, “de autoproclamarse de forma ilegítima el representante de los ciudadanos catalanes”, Puigdemont eludió señalar si aprovecharía la oportunidad de comparecer la semana que viene en el Senado para defender, a través del cauce que establece la ley, su posición.

El Ejecutivo aún debate cómo articular su control del Govern

JUAN JOSÉ MATEO

A falta de la tramitación de las medidas del artículo 155 en el Senado, el Gobierno aún no ha decidido de qué forma se relacionará con el Govern tras el cese del presidente Carles Puigedmont, del vicepresidente Oriol Junqueras y de todos sus consejeros. Según fuentes gubernamentales, en La Moncloa se manejan ahora mismo tres opciones.

La primera es nombrar un delegado del Ejecutivo en Cataluña. La segunda es crear un organismo ad hoc. Y la tercera es que los funcionarios de cada consejería catalana reporten directamente a sus homólogos de cada ministerio.

Aunque la decisión no está tomada, esta tercera opción es la que prefiere Mariano Rajoy, según fuentes de su máxima confianza. En La Moncloa se asume que la decisión que se tome en este apartado será clave para reforzar o diluir el argumento de que se ha suspendido la autonomía de Cataluña, como denunciaron los partidos independentistas.

El acuerdo enviado por el Ejecutivo al Senado subraya esa preocupación al explicitar que “las medidas se aplicarán de forma gradual, atendiendo de forma proporcionada y progresiva a las necesidades que en cada momento requiera el restablecimiento del orden constitucional”.

“El objetivo principal de esta intervención ha sido preservar el autogobierno dentro de la legalidad institucional y estatutaria”, advirtió una fuente gubernamental.

Más información