El Gobierno destituirá a Puigdemont y a todo su gabinete
El Ejecutivo nombrará a un representante que centralice las tareas de coordinación del Govern
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, será relevado de sus funciones por el Gobierno central bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución para que las instituciones catalanas vuelvan a la legalidad constitucional y estatutaria. El relevo afectará a todo el Consell, por lo que todos los consejeros serán destituidos de sus funciones. Estas decisiones culminarán con la convocatoria de elecciones en Cataluña en enero, como quiere el PSOE, o en un plazo no inferior a seis meses como el PP pide a Mariano Rajoy. El Gobierno nombrará a un representante que centralice las tareas de coordinación del Govern.
El inédito artículo 155 de la Constitución ha sido estudiado y evaluado con exhaustividad por el Gobierno para calibrar hasta dónde podía llegar en su aplicación sobre la comunidad autónoma de Cataluña. Las medidas que hoy estudiará y aprobará el Consejo de Ministros, para ser remitidas de inmediato al Senado, cuya Mesa está convocada para la 1 de la tarde este mismo sábado, están sujetas a un último debate del Consejo. El presidente se marchó al Consejo Europeo de Bruselas y ayer a los Premios Princesa de Asturias en Oviedo con dos opciones abiertas: el relevo del presidente de la Generalitat y de los consejeros de Economía e Interior o de todo el Consell. La opción más segura es la de un relevo general de todo el consejo de gobierno de la Generalitat de Cataluña, según la versión que corrobora el PSOE, con quien el Gobierno ha pactado el marco general del acuerdo. Los ministros están ya preparados para hacerse cargo de las áreas afines a su responsabilidad a partir del sábado 28 de octubre, un día después de que el pleno del Senado como es preceptivo apruebe las medidas, previo debate de los grupos parlamentarios y escuchadas las alegaciones que presente la Generalitat.
Los acontecimientos de las últimas semanas, sobre todo, la aprobación en el Parlamento de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre de una ley para celebrar un referéndum , ya declarada inconstitucional, y otra de transitoriedad hacia una república catalana, fuera de España, mueven al Gobierno a tomar estas medidas sin precedentes en la democracia española.
La restauración de la legalidad constitucional y estatutaria, "asegurar la neutralidad de las instituciones", y los servicios públicos esenciales, salvaguardar los intereses económicos de la comunidad y preservar los derechos de libertad, seguridad y pluralidad", exigen la destitución del gobierno catalán, explican en fuentes gubernamentales. El alcance de las medidas es acorde con la gravedad de la situación en Cataluña. Los interlocutores consultados consideran que hacer una destitución parcial no sería eficaz y, además, es muy probable que los consejeros no afectados por esta decisión del gobierno central se negaran a permanecer en sus puestos en solidaridad con el presidente y los responsables de Interior y Economía.
La coordinación de las tareas de los ministros en las áreas del gobierno de la Generalitat las ejercerá una figura por determinar pero que en absoluto tendrá perfil presidenciable, señalan en fuentes gubernamentales. El peso de las tareas la llevarán los ministros que, a su vez, encargarán a un alto cargo de su departamento a que se encargue de la tarea concerniente a la Generalitat.
Junto a la destitución del govern se espera que el presidente del Gobieno, Mariano Rajoy, invoque la celebración de elecciones en Cataluña, también al amparo del artículo 155 de la Constitución. No es previsible que diga fechas concretas aunque desde el PSOE se anunció ayer que se celebrarán en enero, como también corroboró el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera desde Oviedo, donde asistió al acto de entrega de los premios Princesa de Asturias. El anuncio de las elecciones creó un revuelo considerable durante todo el día. La dirigente socialista Carmen Calvo, confirmó en TVE la información del diario.es según la cual había un pacto del Gobierno con el PSOE para esa convocatoria. El Gobierno se resistió a confirmarlo, mientras fuentes del entorno de Pedro Sánchez informaron a EL PAÍS que ese es el acuerdo que el líder socialista tiene con el presidente del Gobierno.
Eficacia con el menor daño posible
Las palabras que más se escuchan tanto en el Gobierno como en el PP son mesura y prudencia en la adopción de las medidas que hoy aprobará el Consejo de Ministros. “Eficacia y el menor daño posible”, es el objetivo que persiguen, a sabiendas de que los partidos secesionistas e incluso los que no se han decantado por la independencia, como Podemos o en Comú Podem, rechazarán las decisiones que anuncie Mariano Rajoy. También saben que para un sector del electorado se quedarán cortos. A Rajoy le atribuyen en el Gobierno la impronta de no hacer más que lo estrictamente imprescindible, de ahí que rechazara la creación de estructuras de gobierno paralelas en Cataluña. Su criterio es que el perfil de la intervención sea bajo, casi administrativo y burocrático.
A la espera de lo que hoy señale Mariano Rajoy, el debate está instalado dentro de las filas populares ya que el PP de Cataluña, pero no solo, presiona para que no se fije una fecha concreta sino un plazo no inferior a seis meses e incluso prorrogable. “Es muy pronto para decir que va a haber elecciones en una fecha concreta, pero sí es evidente que este proceso terminará en unas elecciones”, dijo el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
El pacto del PSOE con el Gobierno incluye que la intervención no implica ni la destitución ni la suspensión de actividad del Parlament de Cataluña, según informaron fuentes socialistas, hasta que no se convoquen las elecciones. No obstante, cabe la posibilidad de que se limiten sus funciones, bien sea por acuerdo del Consejo de Ministros o por la vía de los hechos (ya que al caer todo el Consell no hay control al Gobierno, ni la cámara puede recibir proyectos de ley ni proposiciones de los grupos, que han de ser informadas por el Govern). La intervención de TV3 se veía muy complicada en el seno del PSOE, si bien la última decisión la tiene Rajoy.
El Ejecutivo se cree facultado para convocar elecciones
Una incógnita se ha despejado respecto a si se puede convocar elecciones en Cataluña bajo el amparo del artículo 155. “Creemos que es una posibilidad que el 155 faculta para convocar elecciones y desde luego la lógica aboca a que se celebren en Cataluña unas elecciones”, señaló ayer el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Durante semanas ha habido discusiones políticas, jurídicas y constitucionales de si es posible que desde el Gobierno de la nación se puedan convocar elecciones.
El Ejecutivo ha llegado a la conclusión de que ese artículo constitucional, inédito y sin un desarrollo exhaustivo, permite casi todo. Nada más lejos de la voluntad del Gobierno y del PSOE, en todo caso, que convocar las elecciones.
Las peticiones al presidente de la Generalitat para que convoque comicios han sido incesantes y aún continuarán durante los próximos días. Hasta ayer, sin embargo, el pesimismo era evidente en las filas gubernamentales al constatar por sus conversaciones oficiosas con consejeros de la Generalitat que se estaba más cerca de proclamar la independencia en un pleno del Parlament, esta vez con toda la oficialidad, que de convocar elecciones. “La prioridad del Ejecutivo es restablecer la legalidad y la neutralidad de las instituciones catalanas, ya que ahora están vulneradas”, señaló el ministro portavoz del Gobierno para justificar las medidas que hoy tome el gabinete. Aun así estarán muy pendientes de los pasos que el Govern pueda dar la próxima semana por si el presidente de la Generalitat decidiera convocar elecciones. Aún estará en plenitud de derechos. No será relevado de sus competencias hasta que el Senado vote las medidas el próximo viernes.
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