Un nuevo informe policial remacha la financiación ilegal del PP madrileño

La UCO entrega en la Audiencia Nacional el avance de un documento más amplio en el que ya detalla el hallazgo de nuevos documentos sobre la caja b

Madrid - 19 oct 2017 - 23:27CEST

Esperanza Aguirre, llorando durante el Congreso Autonómico del Partido Popular de Madrid.Carlos Rosillo

Un nuevo informe de la Guardia Civil entregado al juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica de corrupción, apuntala los indicios sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño entre 2007 y 2011. El atestado, fechado el pasado miércoles, sostiene que la formación conservadora se sirvió de la empresa de publicidad El Laboratorio de Almagro para camuflar gastos electorales por encima de los límites legales en los comicios autonómicos de 2011.

En la agenda intervenida en octubre de 2014 en el domicilio del ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados los agentes detectaron una anotación que les llamó la atención: “El Laboratorio”. Este nombre fue identificado por los investigadores como la empresa de publicidad El Laboratorio de Almagro, dirigida por María Luisa Madariaga. Esta sociedad fue la adjudicataria, tras un concurso interno, de la campaña electoral de las autonómicas de 2011, cuya cabeza de cartel fue Esperanza Aguirre.

La investigación sobre la caja b del partido en el caso Púnica ha puesto de manifiesto que esta compañía recibió supuestamente fondos opacos para financiar la campaña de Aguirre saltándose los límites de la ley electoral. En esos comicios, el partido supuestamente destinó 1,54 millones de euros de “procedencia desconocida”, según la Guardia Civil. De esa cantidad, según un archivo Excel de campaña intervenido al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez Moliner, 1,21 millones se emplearon en pagos a El Laboratorio por diversos conceptos, de los cuales 897.000 euros correspondían a la campaña de 2011. Sin embargo, el montante declarado oficialmente por el partido como pagos de ese periodo electoral a El Laboratorio y las sociedades vinculadas a esta compañía fue sensiblemente inferior: solo 217.000 euros.

"Se facturó como dijo el partido"

El matrimonio formado por Marcelino Elosúa y María Luisa Madariaga declaró ayer en la Audiencia Nacional (ambos como investigados) ante el juez Diego de Gea —nombrado en apoyo de su compañero Manuel García Castellón, de viaje esta semana— para explicar su presunta implicación en la trama. Durante su comparecencia, ambos insistieron en que los 200.000 euros que se les intervino en la frontera entre Francia y Suiza era “dinero de la familia” de él y que ya pagaron una multa por ello, aunque no explicaron por qué estaba en un banco helvético a nombre de una sociedad panameña. “No les preguntaron”, aseguran fuentes cercanas al matrimonio. Estas insistían ayer en que los trabajos que hicieron al PP de Aguirre para diseñar su estrategia electoral en 2011 fueron “transparentes” y que los pagos se realizaron “por transferencias bancarias, sin dinero en efectivo ni sociedades interpuestas”, aunque admitieron que algunos se hicieron fuera de plazo. “Se facturó cómo dijo el PP”, alegaron.

En el nuevo informe, los agentes resaltan el hecho de que el 22 de agosto de 2011, pocos meses después de las elecciones autonómicas, María Luisa Madariaga y su esposo, Marcelino Elosúa, fueron sorprendidos en la frontera franco suiza de Saint Julien cuando pretendían entrar en Francia desde el país helvético con 200.000 euros ocultos en tres paquetes bajo el asiento del conductor. El informe policial especula con la posible vinculación de este movimiento irregular de fondos y los pagos en b a El Laboratorio y sus filiales.

Para justificar la procedencia lícita de ese dinero en efectivo, la defensa de Marcelino Elosúa ha presentado dos resguardos bancarios de la misma fecha de la aprehensión de los fondos por los aduaneros franceses. Estos resguardos bancarios corresponden a dos cuentas corrientes de la sociedad panameña Zaino Associated Corporation en la banca privada Julios Bär, en Lausana (Suiza).

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El hecho de que el dinero estuviera en un banco suizo a nombre de una sociedad panameña abierta en un despacho dedicado a la “testaferría internacional” entra en “franca contradicción”, según los agentes, con “los argumentos expresados por la defensa [de Elosúa] de que la procedencia del efectivo incautado [en la frontera franco-suiza] era fácilmente identificable”.

El 7 de marzo pasado, los agentes del instituto armado, por orden del juez del caso Púnica, registraron los domicilios del matrimonio y de las sociedades de El Laboratorio. El análisis de los documentos intervenidos en ese registro será objeto de un informe específico, pero los investigadores han comunicado al juez un “resumen anticipado” de ese futuro atestado.

Pago de facturas

Los agentes informan al magistrado de que han encontrado facturas de varias empresas subcontratadas por el Laboratorio para trabajos supuestamente realizados en la campaña electoral del PP madrileño en 2011. Según el informe, “muchas de estas facturas”, cuyo concepto corresponde de manera “indubitada” a la campaña, “han sido abonadas semanas antes a la convocatoria electoral”. Otras facturas se han fraccionado en dos pagos, uno antes de la campaña y otro durante el periodo especial previo a los comicios.

El informe policial pone de relieve, en su parte final, que en fechas anteriores a la campaña de 2011, El Laboratorio supuestamente recibió parte de los beneficios de una campaña de publicidad de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, pese a no haber sido adjudicataria del mismo ni “haber sido subcontratada para su ejecución”.