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Sanar el cáncer con canciones y otras pseudoterapias: el Gobierno admite que el fiscal debe actuar

Ciudadanos pide a Sanidad que vaya más allá contra los "curanderos" e inste al ministerio público a abrir diligencias

J. J. Gálvez
Una pareja, frente a un centro de terapias alternativas en Valencia.
Una pareja, frente a un centro de terapias alternativas en Valencia.Monica Torres (EL PAÍS)

Las pseudoterapias propuestas por curanderos han hecho saltar las alarmas en el Congreso: melodías que supuestamente "sanan" el cáncer; tumores causados por la "pérdida de una mascota" y que desaparecerán sin ningún tratamiento; o enfermedades curadas "con la mente". El Ministerio de Sanidad ha admitido en una respuesta parlamentaria que todas estas prácticas recomendadas en España por diferentes "profesionales sanitarios" —"en muchos casos no facultativos, o con sus titulaciones no homologadas", según recalca el Gobierno— pueden constituir un delito y reconoce que la Fiscalía debe investigarlos de oficio.

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"Divulgan terapias alternativas a la medicina convencional entre pacientes con enfermedades graves. En algunos casos, contraproducentes. En otros, a lo sumo con una eficacia inocua. Poniendo en peligro su salud e integridad física", subraya el Ejecutivo en una contestación a Francisco Igea, diputado de Ciudadanos, que pide al Gobierno dar un paso más a allá y le solicita que inste directamente al ministerio público a abrir diligencias. "No tenemos constancia de que lo haya hecho. Y es pasmoso que admita que existan ilícitos y que no haga nada", apostilla el portavoz de Sanidad de la formación encabezada por Albert Rivera.

Igea, que ya impulsó a principios de año una proposición no de ley para obligar a los médicos a denunciar a los pseudoterapeutas, ha aprovechado la retransmisión de un programa de Cuatro para volver a poner el tema sobre la mesa. Un capítulo de En el punto de mira, emitido en mayo, mostraba cómo diferentes "profesionales" que ejercen en España basan su actividad sanitaria en pseudociencias como la "nueva medicina germánica" o en la "bioneuroemoción". Lo que, según insiste el Gobierno en su respuesta parlamentaria, puede constituir varios delitos de intrusismo, contra la salud pública y de lesiones.

Según un estudio de la Universidad de Yale (EE UU), las denominadas medicinas alternativas incrementan hasta un 470% el riesgo de muerte en pacientes de cáncer. Ante la magnitud del problema, la Organización Médica Colegial (OMC) trasladó en mayo a la Fiscalía un listado con un centenar de portales web "peligrosos", que "dicen explícitamente que pueden curar el cáncer con remedios falsos y que son sectas sanitarias que apartan a la gente de sus familias y de la medicina". Entre ellos, la OMC citaba a Enric Corbera, que también aparece en el programa de Cuatro. Este psicólogo sostiene que las enfermedades están provocadas por conflictos emocionales: "He visto centenares de personas con cáncer y me he dado cuenta de que las características biológicas de una célula cancerígena corresponden exactamente a las características psicológicas de una persona enferma de cáncer".

Elena Campos, doctora en Biomedicina y presidenta de la Asociación para Proteger a los Enfermos de las Terapias Pseudocientíficas (APETP), pidió el pasado junio a Sanidad que pusiese en marcha una campaña contra estas pseudoterapias. Entonces, el PP reaccionó, después de recibir numerosas críticas porque su grupo parlamentario no había querido definir su posición sobre actividades como la homeopatía. Los conservadores presentaron una proposición no de ley, aprobada el pasado septiembre, para que el Gobierno instase a las autonomías a vigilar a estos curanderso.

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El partido conservador subrayó que "existe el riesgo de que los pacientes abandonen terapias científicas por prácticas alternativas que no son compartidas por médicos, que carecen de valor curativo demostrable, que pueden ocasionar graves problemas de salud y, en definitiva, son un fraude para los ciudadanos". Ahora, en su respuesta parlamentaria, no solo habla de su posible carácter delictivo, sino que dice que la fiscalía debe investigar de oficio.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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