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Jueces y fiscales rechazan la “injerencia” de la Generalitat en su labor

Las asociaciones censuran la creación de la Comisión de derechos fundamentales, que busca controlar su trabajo

Furgones de Policía y Mossos d'Esquadra ante la sede del Tribunal Superior de Cataluña. Ampliar foto
Furgones de Policía y Mossos d'Esquadra ante la sede del Tribunal Superior de Cataluña. EL PAÍS

Las cuatro asociaciones principales de jueces y las tres de los fiscales han expresado este viernes su “rotundo rechazo” a la creación por parte de la Generalitat de la llamada Comisión Especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña. Este órgano, cuya puesta en marcha se publicó el pasado martes en el Diario Oficial de la Generalitat, tiene, entre otros objetivos, “velar” por que en la investigación de los excesos policiales durante el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre, el sistema judicial” sea “igual de diligente y utilice todos los recursos que ha sido capaz de utilizar y de demostrar para perseguir otros hechos”.

En un comunicado conjunto, las siete asociaciones consideran que esa comisión es un “órgano innecesario” y supone una injerencia en la función de jueces y fiscales. “En nuestro país los derechos fundamentales y libertades públicas están plenamente reconocidos por la Constitución y la Ley y garantizados por los Jueces y Fiscales integrantes del Poder Judicial, en cuya función constitucional esa Comisión pretende nítidamente interferir”, señala la nota. “Nadie debe quebrar la necesaria separación de poderes públicos, ni menoscabar nuestra independencia, ni devaluar nuestra apariencia de imparcialidad, porque son garantías para todos los ciudadanos”, insisten las asociaciones.

El Consejo del Poder Judicial pide acciones legales contra la Comisión

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha solicitado este viernes a la Abogacía del Estado que ejercite las acciones legales que procedan contra el acuerdo del Gobierno de la Generalitat que crea la llamada “Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña” al considerarlo “una flagrante, insólita e injustificable violación” de la independencia judicial. En su carta al jefe de los servicios jurídicos del Estado, Eugenio López Álvarez, Lesmes afirma que “no es de recibo” que “el Poder Ejecutivo se arrogue una suerte de función supervisora de la actividad que puedan desarrollar los tribunales en el ejercicio de las competencias que conforme a la Constitución les atribuyan las leyes”.

“El Govern de la Generalitat de Catalunya no puede, en modo alguno, desarrollar funciones de vigilancia y control de las actuaciones judiciales”, recalca Lesmes, que acusa al Ejecutivo de Carles Puigdemont de hacer patente una vez más “el desprecio más evidente por los fundamentos del orden constitucional nacional y europeo”.

Lesmes recuerda que la Generalitat puede recurrir las decisiones de los tribunales, pero "no someter a una suerte de control político, bajo además explícitas amenazas de emprender acciones genéricas e innominadas de responsabilidad contra los jueces y tribunales por la actuación que puedan desarrollar”.

Ignacio González Vega, portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que la creación de esa comisión de derechos fundamentales, es un “despropósito” porque, según él, busca "cierta medida de control" sobre la labor de los jueces que correspondería, en todo caso al Ministerio Fiscal o a los jueces a través de la vía de los recursos. El portavoz de la asociación progresista considera que el Consejo General del Poder Judicial debería actuar ante esta “injerencia”.

La comisión, en la que participarán “expertos externos” al Govern de la Generalitat y miembros de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico, se justifica, según el acuerdo de constitución, por la "gravedad y la dimensión" de las cargas policiales del 1 de octubre, cuando antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil, actuaron por la fuerza contra los grupos apostados delante de los colegios electorales para evitar su cierre, ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La comisión busca “reunir toda la información posible, analizar hasta qué punto se han violado las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas y adoptar todas las acciones legales para depurar las responsabilidades de los agentes, de los mandos y de los responsables políticos que ordenaron estas operaciones”, con el objetivo de que “se impida la existencia de cualquier espacio de impunidad”.

El comunicado de los jueces y fiscales, además de rechazar la comisión de la Generalitat, reitera que el respeto a la Ley y a los derechos de los demás “son y serán las únicas pautas que guiarán” su ejercicio profesional. “Jueces y Fiscales no distinguimos ni distinguiremos entre partes”, señala la nota.

El comunicado subraya que el “exhaustivo ordenamiento jurídico, de dimensión nacional y supranacional” con que cuenta España, “salva con creces cualquier comparación en términos de garantías y contrapesos con el resto de ordenamientos de nuestro entorno occidental y democrático”.