Interior envía a puestos de rango inferior a los policías que investigaron a Villarejo
La Dirección General de la Policía ha defendido la decisión y ha afirmado que los agentes han podido elegir su nuevo destino
El Ministerio del Interior ha enviado a puestos de rango inferior al inspector jefe de grupo Rubén López Martínez, que llevó la investigación del caso Villarejo, y a los seis policías que participación en la comisión judicial. Estos destinos se interpretan en fuentes policiales como una represalia por el último informe remitido al Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, y archivado por la juez, en el que se solicitaban diligencias sobre los comisarios José Manuel Villarejo, Eugenio Pino (ya jubilados) y José Luis Olivera (en activo).
Un portavoz de la Dirección General de la Policía ha defendido, en declaraciones a EL PAÍS, los destinos de los siete policías, afirmando que se les ha dado la oportunidad de elegir su nuevo puesto de trabajo, tras la disolución de la comisión judicial que ayudó en la investigación del caso Villarejo. Varios de los inspectores consultados han negado ese ofrecimiento.
Rubén López Martínez, tendrá que incorporarse el próximo lunes a la central de guardia de la comisaría provincial de Madrid. Un departamento que custodia calabozos y realiza funciones muy lejanas a lo que corresponde a un policía judicial con ocho años de servicio. En fuentes sindicales se explica que el nuevo puesto tiene un nivel 24, frente al 25 de su rango anterior. Este inspector jefe de grupo se incorporó a la policía judicial en 2009, según su hoja de servicios, y ha estado destinado en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECO) y otras unidades de investigación, además de Asuntos Internos.
Los otros seis policías, con distintos rangos, han sido destinados a diversas comisarías de distrito de Madrid, después de tres años trabajando en la investigación de los casos Nicolay y Villarejo. Ya en su día, el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, fue cesado de su cargo por el anterior ministro del Interior, tras una dura polémica con Villarejo, que se mantuvo en su puesto. El juez le reclamó para dirigir la comisión judicial hasta su jubilación la primavera pasada.
La investigación ha sufrido todo tipo de avatares, según consta en los informes presentados por la propia comisión en los que se reclamaba mayor colaboración por parte del anterior director adjunto operativo, Eugenio Pino y sus colaboradores. Durante más de dos años, mientras el procedimiento correspondía al juez Arturo Zamarriego, el caso fue avanzando pese a la oposición del fiscal Alfonso San Román y los intentos de Interior de evitar algunas diligencias.
Villarejo fue acusado entonces de planear, ejecutar y difundir una conversación entre dos policías y dos agentes del CNI, por lo que está imputado por el delito de revelación de secretos, por el que ya ha prestado declaración ante el juzgado.
Sin embargo, tras el ascenso de Zamarriego a la Audiencia Provincial de Madrid, la nueva juez del 2, María del Pilar Martínez Gamo, cambió el rumbo del procedimiento, siguiendo la línea de la Fiscalía y en estos momentos siguen abiertas tres de las piezas separadas. En julio, la magistrada entendió que el trabajo de la comisión judicial de la policía ya había aportado todo lo que podía y decidió su disolución. Esta decisión que está recurrida ante la Audiencia de Madrid.
Junto a esa decisión, la juez no admitió a trámite el penúltimo informe elaborado por la comisión judicial y lo envió a reparto. En ese informe se solicitaban diligencias que afectaban al actual director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera y al anterior número 2 de la Policía, Eugenio Pino, con los que se comunicó el comisario Villarejo en los días siguientes a la detención de Francisco Nicolás Gómez Iglesias.
Un informe de cargo en el limbo judicial
Tres meses después de que la comisión judicial de la policía presentara ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid el último informe sobre la grabación ilegal que supuestamente hizo Villarejo de otros policías, nadie se ha hecho cargo de él. La juez Martínez Gamo lo envió a reparto y allí sigue.
El citado informe revelaba la razón por la que el comisario Villarejo se implicó en el caso del Pequeño Nicolás: intentaba anular el procedimiento para evitar que la investigación les llevara hasta una finca, La Alamedilla, participada por su amigo Adrián de la Joya, y su presunto origen ilícito, desde el caso Banesto. Adquirida en 1987 por Mario Conde y Arturo Romaní, luego pasó a manos de un grupo de socios liderados por Javier Martínez de la Hidalga, al que Francisco Nicolás se dirigió en sus oscuras operaciones.
