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El Ejecutivo debe recurrir al Congreso o al Senado para las medidas más duras

Tanto el artículo 155 como los decretos de estado de sitio y de excepción requieren de la aprobación de las Cámaras

Entrevista con el presidente del gobierno mariano Rajoy en el palacio de la Moncloa.
Entrevista con el presidente del gobierno mariano Rajoy en el palacio de la Moncloa.

Ante el desafío de la Generalitat de Cataluña el Gobierno deberá elegir entre la amplia batería de medidas que tiene previstas para cortocircuitar el proceso de independencia. El Ejecutivo debate ahora qué acciones cumplen con los criterios de “eficacia”, “operatividad” y “elegancia” que Mariano Rajoy quiere que tenga su respuesta, según fuentes del Ejecutivo. Este tardaría casi una semana en poner en marcha en el Senado el artículo 155 de la Constitución; dependería de los apoyos de la oposición en el Congreso para activar el estado de excepción o el de sitio; y tendría en la Ley de Seguridad un instrumento flexible.

Aunque en La Moncloa se sigue confiando en la acción de la justicia frente a los promotores de la independencia —que se enfrentan a posibles acusaciones de sedición y rebelión— no se descarta optar por una combinación de medidas quirúrgicas que sigan el camino abierto por la intervención de las cuentas del Govern por parte de Hacienda, que ya está en vigor desde septiembre.

“El Gobierno y el Estado de derecho cuentan con todas las herramientas a su alcance para hacer frente a este golpe antidemocrático, y son suficientes y no se basan solamente en una parte de la Constitución o en un artículo de la Constitución”, dijo ayer Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP. “Entiendo que algunos se han empecinado en hacernos creer que alguna parte de la Constitución puede actuar como un bálsamo de Fierabrás, pero no es así”, insistió en referencia a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que el viernes acudió a La Moncloa para pedirle a Rajoy que activara esa previsión constitucional con la meta de convocar elecciones autonómicas en Cataluña. “Esto es algo más complejo, necesita medidas más elaboradas y necesita sobre todo un cúmulo de medidas que deben aplicarse de forma conjunta”, dijo Hernando.

El criterio de eficacia que La Moncloa defiende también tiene en cuenta el progresivo desmantelamiento de las estructuras del Estado que, a su juicio, han conseguido los soberanistas en Cataluña. El Gobierno no quiere caer en el error de tomar decisiones de gran impacto sobre el papel que luego demuestren no tener consecuencias prácticas. Además de las medidas quirúrgicas que Rajoy podría adoptar, estas son las herramientas legales a su disposición:

Artículo 155 de la Constitución. Permitiría al Gobierno asumir competencias concretas de la Generalitat, siempre con la aprobación previa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. El proceso de activación del artículo llevaría varios días —se abrirían dos periodos para las alegaciones del presidente de la Generalitat—, lo que le resta eficacia. En La Moncloa se considera que esta herramienta ha sido demonizada, asociándola con la suspensión de la autonomía, y que “está poco estudiada”. Hace días, Rajoy trasladó a Albert Rivera que, a su juicio, en ese momento no había base jurídica para el uso del 155. Fuentes gubernamentales aseguran que eso ha cambíó ayer.

Ley de Seguridad Nacional Aplicar esta medida depende exclusivamente del presidente. Miembros del Gobierno consideran esta ley como un instrumento versátil, porque permitiría a Rajoy nombrar una autoridad funcional con las competencias que él mismo determinara, y decidir también los recursos humanos y materiales de los que dispondría.

Decretos de alarma, excepción y sitio El Gobierno puede decretar el estado de alarma sin el permiso del Congreso, pero esta previsión está diseñada para afrontar las consecuencias de grandes catástrofes naturales o del colapso de servicios públicos. Tanto el estado de excepción como el de sitio requieren la aprobación previa del Congreso por mayoría absoluta. Como el PP tiene 137 diputados, ni siquiera sería suficiente con el voto favorable de Ciudadanos, que tiene 32 escaños: previsiblemente, la convalidación de cualquiera de esos dos decretos dependería del PSOE.

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