El Consejo de Europa pide investigar las cargas policiales del 1 de octubre
El comisario de derechos humanos exige a Zoido que active una evaluación independiente
El Consejo de Europa pide explicaciones por la actuación policial del 1 de octubre. El comisario de derechos humanos de ese organismo, Nils Muiznieks, ha enviado una carta al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para expresarle su “preocupación” por las “alegaciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad” durante esa jornada. Muiznieks va un paso más allá que otras instituciones al pedir al Gobierno español una investigación independiente sobre el comportamiento policial en el referéndum ilegal en Cataluña.
La misiva, fechada el pasado 4 de octubre, ha sido divulgada este lunes por el Consejo de Europa, que vela por el cumplimiento de la democracia y los derechos humanos en 47 países del continente. “Le urjo a que asegure, en cooperación con otras autoridades encargadas de la seguridad, que se realizan investigaciones rápidas, independientes y eficaces”, señala Muiznieks. El comisario considera que esa medida permitiría “disuadir otras conductas de mala praxis de la policía, pero también evitar cualquier escalada de tensión y de violencia”. Este responsable se dirige a España tras haber recibido informes sobre el “uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos y personas que ofrecían una resistencia pasiva a la acción policial”.
El principal defensor de los derechos humanos en el Consejo de Europa se suma a la inquietud expresada, de manera más informal, por otros dirigentes europeos. La carta enviada a Zoido admite “la dificultad que tienen los policías para hacer su trabajo en el actual contexto de tensión que prevalece en Cataluña”, pero considera “de máxima importancia” que los cuerpos de seguridad “ejerzan la contención”.
Muiznieks aprovecha para recordar a España dos recomendaciones que datan de 2013 y que, en su opinión, resultan aplicables en este caso. En primer lugar, insta a no usar armas antidisturbios como pelotas de goma para dispersar manifestaciones. Además, pide la creación de un mecanismo independiente que examine las denuncias sobre mala praxis policial. El comisario sugiere que lo haga, bien otorgando esta competencia al Defensor del Pueblo o creando un organismo nuevo.
Dos días después de recibir la carta, Zoido le remitió su respuesta, también dada a conocer por el Consejo de Europa. Sobre el asunto particular de las cargas policiales, el ministro responde que las fuerzas de seguridad del Estado “actuaron prudente, apropiada y proporcionadamente”, sin entrar en los casos de enfrentamientos entre agentes y manifestantes. El titular de Interior apela al marco general de este conflicto para defender la actuación de jueces y policías: España es “una democracia consolidada”, donde “nadie es perseguido por sus ideas”. Y las actuaciones policiales del 1 de octubre “no estuvieron dirigidas contra los ciudadanos y sus ideas”, explica.
Zoido arremete contra los separatistas “por su absoluta falta de respeto por los estándares democráticos más básicos” y destaca que la consulta unilateral sobre la independencia no se ajusta a los requisitos que fija la propia Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa.
Debate parlamentario sobre Cataluña
Más allá de la advertencia del comisario de derechos humanos, la institución con sede en Estrasburgo celebra esta semana un debate más amplio sobre Cataluña. La Asamblea Parlamentaria, que reúne a diputados de los 47 países miembros, discutirá sobre la situación creada a raíz del 1 de octubre. Es la segunda institución supranacional que aborda el asunto, tras el debate que mantuvo la semana pasada el Parlamento Europeo.
Previo a ese debate, el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, ha mantenido este lunes un encuentro con el ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis. Jagland ha “enfatizado la importancia de la unidad de España” y ha añadido que “el diálogo interno debería basarse en el Estado de derecho y los principios constitucionales”, según un comunicado de la institución.
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