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Los sindicatos policiales urgen al Constitucional a que actúe de oficio para impedir el pleno en el Parlament

Piden al órgano judicial que encomiende al Gobierno todos los actos necesarios, incluido "privar de libertad de los responsables"

Patricia Ortega Dolz

Los sindicatos policiales han presentado un escrito dirigido al Tribunal Constitucional (TC) en la sede de este órgano judicial. En el documento instan al TC a que adopte de oficio cuantas medidas sean necesarias para garantizar la eficacia de sus decisiones, apuntando entre otras cuestiones, a la suspensión de la celebración del Pleno que se celebrará el próximo martes día 10 en el Parlament de Cataluña, a la convocatoria ante el Tribunal de varios responsables políticos, o a encomendar al Gobierno central la ejecución de todos los actos necesarios para impedir la celebración del citado Pleno".

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"Ha llegado el momento de pasar a la acción de una vez", ha dicho su abogado a las puertas del Tribunal Constitucional. Y ha resumido en tres las medidas a adoptar para impedir el pleno.

La primera citar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente y a la presidenta el Parlament para advertirles de que deben cumplir con los mandamientos establecidos y no celebrar el pleno. En segundo lugar, que si mantienen esa actitud rebelde y continúan con sus propósitos ilegales, "sean suspendidos de sus funciones e incluso privados de libertad". Y en tercer lugar, que se encomiende al Gobierno la ejecución de todas las medidas necesarias.

"Ante los gravísimos acontecimientos que se vienen desarrollando en Cataluña, en relación con la organización de un referéndum, venimos a poner de manifiesto que resulta imprescindible pasar de las palabras a los hechos, en la defensa de la Constitución", arranca el escrito de los sindicatos. Propone una serie de medidas judiciales que pasan por admitir a trámite su recurso de amparo, como urgir a la presidenta del Parlament a que en menos de 10 días dé cuenta de sus actuaciones mediante el certificado correspondiente. Piden, además, "suspender cautelarmente los acuerdos parlamentarios impugnados y la celebración del pleno ordinario" aplazado por Puigdemont al 10 de octubre.

"Quienes suscribimos consideramos que ha llegado el momento, además de advertir personalmente a los principales protagonistas de esta situación sobre las responsabilidades y multas en las que podrían incurrir, de actuar de forma eficaz y plena, para garantizar la efectividad de los mandatos del Tribunal Constitucional".

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Además piden que le encomiende al Gobierno la ejecución de "todos los actos necesarios para impedir la celebración del pleno, evitando por todos los medios la celebración de manifestaciones, altercados o desordenes públicos".

Por eso piden que se notifique personalmente la resolución a Carme Forcadell Lluís, presidenta del Parlamento de Cataluña, y a los integrantes de la Mesa del Parlamento, Lluís Guinó i Subirós, vicepresidente primero; José María Espejo-Saavedra Conesa, vicepresidente segundo; Anna Simó i Castelló, secretaria primera; David Pérez Ibánez, secretario segundo; Joan Josep Nuet i Pujals, secretario tercero; y Ramona Barrufet i Santacana, secretaria cuarta. Y advertir a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y apercibirles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".

En su escrito, los sindicatos le piden al TC que de oficio adopte todas las medidas necesarias para garantizar la eficacia de sus decisiones. Entre ellas, "convocar al presidente de la Generalitat de Cataluña y al vicepresidente, así como a la presidenta del Parlament y a todos quienes ya fueron advertidos por TC antes de la celebración del frustrado referéndum, para advertirles en Sede Judicial de la necesidad de que adopten todas las acciones necesarias para evitar la celebración del pleno, absteniéndose de asistir al mismo y de informar a todos y cada uno de los miembros del Parlamento de que igualmente se abstengan de asistir, todo ello sin perjuicio de que si el TC observara una actitud rebelde pueda acordar cualquier medida coercitiva, incluida la de privación de libertad". Proponen además que, como "responsables de la situación", se les suspenda de sus funciones de manera cautelar. Y auguran que, de no tomarse medidas concretas, "se corre el riesgo de crear un conflicto social irreversible".

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".

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