Las explicaciones de Trapero no convencen a la fiscalía
La fiscalía recibe un nuevo atestado que extiende los posibles hechos delictivos del jefe de los Mossos al 1 de octubre
Josep Lluís Trapero, comisario mayor de los Mossos d’Esquadra, declaró este viernes como imputado por sedición en la Audiencia Nacional por la supuesta pasividad de la policía catalana durante los altercados del 20 de septiembre tras la operación de la Guardia Civil contra los organizadores del referéndum. La versión de Trapero resultó “poco convincente” para la fiscalía, que ha ampliado la investigación hasta el 1 de octubre, fecha de la consulta ilegal.
El principal responsable operativo de los Mossos d'Esquadra llegó a la Audiencia Nacional pocos minutos antes de las nueve de la mañana, vestido de uniforme y con una carpeta bajo el brazo. En ella guardaba documentos con los que corroborar que la actuación del cuerpo policial autonómico para proteger el dispositivo de la Guardia Civil ante la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre, durante las manifestaciones convocadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, fue adecuada. Los presidentes de ambas entidades soberanistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, también declararon como imputados ante la juez Carmen Lamela. Todos ellos quedaron en libertad sin medidas cautelares tras la comparecencia.
Los altercados que se produjeron ante la Consejería de Economía —donde se habían congregado 40.000 personas, para protestar contra las detenciones y registros de la Operación Anubis contra la preparación del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre— obstaculizaban la actuación de la Guardia Civil y los funcionarios del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
El magistrado titular de ese juzgado, Juan Antonio Ramírez-Sunyer, tuvo que llamar personalmente a Trapero para ordenarle que facilitara la salida de la comitiva judicial. La secretaria del juzgado tuvo que abandonar la Consejería por una azotea y los últimos guardias no pudieron salir del edificio hasta primeras horas de la mañana del día 21. Tres vehículos de la Guardia Civil aparcados ante el edificio de Economía resultaron destrozados. En otros lugares donde se ordenaron registros judiciales en aquellas jornadas también se produjeron incidentes.
Los líderes soberanistas afirman que su movilización es pacífica
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de las entidades soberanistas, encargadas de movilizar y dinamizar a los partidarios de la independencia, rechazaron la denuncia de la Fiscalía, que les responsabiliza de los altercados que entorpecieron la Operación Anubis contra los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Además, sostuvieron que, en cualquier caso, la Audiencia Nacional no es competente para investigar y juzgar delitos de sedición, que, según ellos, corresponden a los juzgados territoriales.
Cuixart se acogió a su derecho a no declarar. A la salida del tribunal, el líder de Òmnium manifestó que las entidades soberanistas están haciendo que “la voluntad del pueblo catalán” se pueda expresar y denunció que se está produciendo un “intento de judicialización de un problema político”.
Sànchez, por su parte, optó por contestar únicamente a las preguntas de su abogado. “La voluntad que nos amparaba era la de ejercitar el derecho a la movilización para protestar por unas actuaciones del todo injustificadas y, a día de hoy, esa movilización sigue siendo un referente de civismo. En ningún caso esas personas pretendían alterar lo que la Fiscalía quiere hacer creer de lo que se quería alterar”, dijo a los medios de comunicación que le esperaban ante la Audiencia. El líder de la ANC rechazó hacer ningún comentario sobre la salida de empresas de Cataluña ante una eventual declaración unilateral de independencia.
Según el atestado inicial de la causa por sedición, Sánchez y Cuixart lideraron la concentración ante las puertas de la Consejería de Economía. “A las 00.13 h del jueves [21 de septiembre], el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, pidió que la movilización no se detuviera”, recoge la denuncia. “Subido a un coche de la Guardia Civil con Jordi Sànchez llamaron a la "movilización permanente" a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo”. Posteriormente, señala el escrito “y vista la situación provocada pidieron a los manifestantes que se disolvieran sin poder controlar la concentración".
Trapero salió de la Audiencia sin hacer declaraciones tras permanecer 40 minutos ante la juez Lamela, entre aplausos de diputados nacionalistas congregados ante el tribunal y gritos de “traidor” lanzados desde la acera contraria. Según un comunicado remitido por los Mossos, manifestó ante la magistrada que la actuación del cuerpo autonómico ese día fue “correcta y necesaria” y se escudó en que la Guardia Civil no les avisó con antelación suficiente de la operación ante la Consejería de Economía, 11 de cuyos altos cargos fueron detenidos en la Operación Anubis. Según él, se enteró “por los medios” de ese dispositivo policial contra el referéndum.
"Poco convincente"
Las “manifestaciones exculpatorias” de Trapero resultaron “poco convincentes” para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas. No obstante, el ministerio público optó por no solicitar medidas cautelares, pese a que el delito de sedición está penado con hasta 15 años de prisión cuando lo cometen autoridades.
La Fiscalía pidió inicialmente la suspensión de las declaraciones previstas para este viernes porque en la misma mañana habían recibido un informe de unas 400 páginas de la Guardia Civil, en el que los hechos presuntamente sediciosos se extienden desde el 20 de septiembre hasta el 1 de octubre, jornada del referéndum. El fiscal Miguel Ángel Carballo solicitó a la juez Lamela posponer el interrogatorio para no perjudicar el derecho de defensa de los imputados. Sin embargo, la magistrada decidió llevar a cabo los interrogatorios sobre la base de los informes recabados hasta ese momento. Trapero contestó a las preguntas tanto de la juez y el fiscal como de su defensa, encomendada a un abogado de la Consejería de Interior de la Generalitat.
Trapero, Sánchez y Cuixart deberán ser citados en una fecha próxima —previsiblemente después del 16 de octubre— para declarar ya sobre el nuevo atestado presentado este viernes. Será en esa ocasión cuando la Fiscalía se planteará la petición de medidas cautelares, que pueden abarcar desde una prisión provisional, en el caso más grave, a la entrega del pasaporte o la prohibición de salir de España.
Este viernes también estaba citada en la Audiencia Nacional, por videoconferencia, la intendente jefe de los Mossos en el barrio barcelones del Eixample, Teresa Laplana. Sin embargo, no pudo declarar por motivos médicos.
Fuentes del ministerio público manifestaron que es posible que del nuevo atestado de la Guardia Civil, que viene acompañado de un soporte audiovisual con “multitud de carpetas” se pueda derivar alguna imputación más en la causa por sedición.
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