La Fiscalía investiga la expulsión de los policías y guardias civiles de los hoteles como delito de odio
El ministerio público pide a la Policía que identifique a los autores de las presiones
La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación por coacciones, amenazas y delitos de odio por las supuestas presiones políticas para lograr la expulsión de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional de los hoteles de Calella y Pineda de Mar en los que se alojaban. El fiscal de delitos de odio y discriminación de esa provincia, Miguel Ángel Aguilar, ha ordenado a la Policía Nacional que compruebe los hechos e identifique a los supuestos autores de las presiones.
La investigación se ha iniciado tras ver las informaciones periodísticas sobre la expulsión de los agentes y tras leer en las redes sociales el documento en el que el gerente de la cadena de hoteles Checquin en Pineda se declaraba “obligado” a desalojar al contingente de policías de dos de sus establecimientos “bajo amenaza” de “cerrarlos durante cinco años”.
En varias localidades catalanas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han visto asediados por miembros del ala más radical del independentismo y por grupos numerosos de vecinos. Varias comisarías y cuarteles también han registrados escraches para protestar por las cargas policiales para impedir el referéndum este domingo.
En Calella, los 150 antidisturbios de la Guardia Civil destinados en el hotel Vila de Calella tuvieron que abandonar este lunes el pueblo después de que la empresa Eco-Resort, propietaria del establecimiento, les instara a marcharse. "No sois bienvenidos”, les gritaron los vecinos a las puertas de los hoteles tras las cargas policiales por el referéndum.
En Pineda, la primera teniente de alcalde, Carme Aragonès (del PSC), anunció anoche que ha habido una negociación con la dirección de los hoteles para que las fuerzas de seguridad se vayan lo antes posible "porque los ánimos están irritados" y "esta situación ponía las calles en riesgo y no valía la pena".
Se trata de la primera actuación autónoma de la fiscalía después de que el pasado 27 de septiembre la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas se hiciera cargo de la investigación sobre la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación.
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