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Bruselas ve con una mezcla de inquietud y estupor el desafío independentista de Cataluña

Arias Cañete a EL PAÍS: “La Comisión espera que todas las autoridades, ya sean nacionales, regionales o locales, actúen en el marco de la Constitución”

Claudi Pérez
Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Energía y Acción Climática.
Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Energía y Acción Climática.Delmi Alvarez

Miércoles 27 de septiembre: inesperado sol en Bruselas a media tarde. E insospechada manifestación de nacionalistas flamencos que bloquean la entrada de la embajada de España ante la UE. Cánticos, proclamas, griterío en favor de la independencia de Cataluña (pese a que Flandes aparcó sus propias aspiraciones independentistas en 2014). No hay mucha gente pero sí cierto colorido: banderas con las garras del león bramante, negro sobre fondo amarillo, mezcladas con un buen número de esteladas. Y un cacao mental considerable entre los manifestantes, que hablan de colonialismo fiscal de España, de Franco, de la inevitable Guardia Civil (convertida en un cuerpo “paramilitar” en la prensa de media Europa) y demás excesos del discurso independentista catalán de los últimos tiempos, que comparte denominadores comunes con el nacionalismo flamenco. Todo eso, a un paso del centro de la capital belga.

A un par de quilómetros, en el distrito europeo, el sentir en las instituciones de la UE es una mezcla de inquietud y estupor. Bajo los focos, Bruselas cierra filas con España. Pero en los kilométricos pasillos de las sedes de la UE hay diversos grados de intranquilidad: Bruselas ve con preocupación e indisimulada atención el desafío secesionista, convertido ya en una crisis de Estado. La Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE), el Consejo (que representa a los Estados miembros), la Eurocámara y la constelación de lobistas, think tanks, corresponsales internacionales y demás fauna bruselense miran con cada vez más intranquilidad los acontecimientos políticos en España. El Gobierno insiste en que no ha pedido nada a Bruselas y subraya que no va a haber referéndum, pero a la vez es consciente de que está perdiendo posiciones en la batalla por la opinión pública internacional, a pesar de la catarata de medias posverdades que circulan. Y las instituciones adoptan el perfil bajo que suelen dar a los “asuntos internos” de los Estados miembros, pero admiten que el problema está saltando a la agenda europea. En parte por incomparecencia: la ausencia del presidente Rajoy en la cumbre de Tallin es la demostración de que la tensión es máxima.

Bruselas giró la vista hacia España tras los atentados yihadistas de agosto, un golpe tremendo que no mitigó el continuo cruce de acusaciones entre Madrid y Barcelona.Con el desafío del referéndum, las imágenes de una Barcelona insurgente que ha salido a la calle han causado un fuerte impacto en toda Europa. Y aun así, Cataluña es una especie de elefante en la habitación: todo el mundo es consciente de que el problema está ahí, pero a la vez “Bruselas no quiere saber nada”; “no queremos entrar en ese follón”, resume una alta fuente europea, que admite la expectación pero quita hierro a la preocupación.

El respaldo al Gobierno español es notable, pero Bruselas es una especie de teatro donde cada detalle cobra importancia. Las interpretaciones sobre la ausencia de Mariano Rajoy de la cumbre informal de Tallin son variadas como los colores de una verdulería: España aduce que el resto de líderes ya están firmemente convencidos; otras delegaciones confiesan cierto alivio por esa ausencia, algo incómodas por los esfuerzos jurídicos y policiales de España para impedir el referéndum. "De la cita del domingo cuentan tanto la participación y los resultados como la posibilidad de que el asunto salte de dimensión definitivamente si hay algaradas en la calle", apunta el embajador de uno de los países fundadores de la Unión.

En el último lustro, España ha pasado de ser uno de los principales elementos de incertidumbre en la crisis europea a fuente de estabilidad. Es una de las economías que más crece. Sigue presentado unos niveles de deuda y de paro prácticamente sin parangón en todo el Atlántico Norte, pero ha logrado sacar la cabeza del hoyo. A la vez, en el último lustro España ha sufrido no solo una crisis económica sino también una crisis social, con un fuerte componente moral (vinculado a la corrupción y a los rescates bancarios) y una crisis política de baja intensidad: el PP gobierna con una de las mayorías más exiguas de la democracia y tanto el PSOE como Podemos viven tiempos convulsos. “La conjunción de estas crisis, esa tormenta perfecta, ha hecho aflorar desequilibrios que se habían ido acumulando durante cuatro décadas: Cataluña y el debate territorial es solo uno de ellos, pero ahora mismo el más importante de largo”, aseguran fuentes europeas.

Este es el resumen de la posición de las instituciones y de los actores más relevantes en la capital europea, tras una veintena de entrevistas.

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Comisión. El presidente Jean-Claude Juncker ha dejado claro su apoyo “a lo que digan las Cortes y al Constitucional”: el brazo Ejecutivo de la UE no acepta un referéndum que se convoca al margen del marco legal. Bruselas ha acuñado el mantra de que el procés “es un asunto interno de España”, aunque la Comisión subraya desde hace más de una década que una Cataluña independiente “quedaría fuera de la UE”. Juncker ha explicado al final de la cumbre de Tallin que "El Parlamento español y el Tribunal Constitucional ya han tomado una decisión, y nosotros nos atenemos a eso".

Preguntado al respecto, el comisario español Miguel Arias Cañete asegura a EL PAÍS que “uno de los valores en los que se fundamenta la Unión Europa es el respeto al Estado de derecho”. “La Comisión espera que todas las autoridades, ya sean nacionales, regionales o locales, actúen en el marco de la Constitución”, advierte Arias Cañete: de sus palabras se deduce que en Europa no gusta ese continuo desafío a la legalidad, pero el entrecomillado es el que es, y llega hasta donde llega. Bajo la condición de anonimato, los altos funcionarios son más explícitos. Uno de los principales colaboradores de Juncker ha expresado esta semana una honda “preocupación” por Cataluña: “Estaremos atentos si el asunto tiene consecuencias de una forma o de otra”, ha dicho con cierta ambigüedad. Otras fuentes de la misma institución admiten que el brazo ejecutivo de la UE está “a la expectativa”, pero rechazan que haya “preocupación”. “No queremos saber nada. Y lo mismo sucede en las capitales: ni en Berlín ni en París ni en Bruselas hay mercado para lo que quiere Cataluña; no hay ningún mercado”.

Octavi Quintana, alto funcionario comunitario, solo ha empezado a detectar cierta inquietud “en los últimos días”, pero advierte que el catalán es aún hoy un asunto "secundario". Quintana no apoya el procés; pero critica que el Gobierno central “no tiene discurso, carece de narrativa, no ha sido capaz de explicar nada más allá de los argumentos jurídicos y legales, cuando este es un asunto político de primera magnitud”. Y cree que esa falta de relato perjudica con claridad a España: “Bruselas es consciente de que el Parlamento catalán violó la Constitución y el Estatuto con una ley de referéndum que se aprobó sin las mínimas garantías democráticas. Todo el mundo ve que el Gobierno catalán ha tergiversado el debate con posverdades y posmentiras, como si el Brexit y la elección de Trump no hubieran sucedido ya. España tiene la razón de su parte: este es un referéndum ilegal, y saltarse las leyes tiene consecuencias. Pero Madrid pierde la batalla de la comunicación si no es capaz de explicarse, de dar argumentos políticos a un desafío político. Las imágenes que llegan de Barcelona perjudican la posición del Gobierno español, más aún si no hay relato, si Madrid no es capaz de aceptar la mediación de Bruselas simplemente porque le parece que ese sería un signo de debilidad”. “Pero el verdadero problema está en Barcelona. Cada vez es más difícil decir esto allí. No se puede hablar, no se puede criticar el hecho de que el Gobierno catalán mienta con descaro. Empieza a extenderse un silencio como el que había hace unos años en el País Vasco. Y cuidado porque eso es algo parecido al fascismo”, asegura tajante uno de los pocos entrevistados que se avienen a dar su opinión con nombre y apellidos.

Consejo. El presidente Donald Tusk ha evitado pronunciarse: se agarra al mantra del "asunto interno". Preguntado en una comparecencia ante la prensa hace unos meses, tiró de la doctrina de su predecesor, el belga Herman Van Rompuy: “Un nuevo Estado independiente que se independiza de un Estado miembro sería un tercer país respecto a la Unión, los tratados dejarían de aplicarse en su territorio”. Los referéndums escocés y catalán "son distintos", dijo en su día Van Rompuy, "por restricciones constitucionales": uno se hizo dentro de la normativa vigente, y el otro saltándose a la torera los dictámenes del Constitucional. El equipo de Tusk sigue de cerca los acontecimientos, pero subraya que no hubo una sola palabra sobre Cataluña en la cena de la cumbre informal de Tallin, el jueves. Otras fuentes dentro de la institución admiten “preocupación”, pero destacan que ningún país ha dado el más mínimo apoyo a las tesis catalanas: "Alemania y Francia han sido rotundas, se han puesto del lado de Rajoy". “Es altamente improbable que tras un referéndum sin garantías y después de saltarse las leyes el Gobierno catalán vaya a obtener ningún tipo de apoyo”, admiten las fuentes consultadas, “pero es evidente que ese asunto está entrando en la agenda y que hay muchos países nerviosos: varios Estados miembros tienen minorías nacionalistas y miran con expectación e inquietud lo que sucede”.

Parlamento Europeo. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha sido quizá el alto cargo institucional más rotundo hasta ahora. “Cualquier acción contra la Constitución es una acción contra la UE; respetar el Estado de derecho es una obligación”. Los grandes partidos cierran filas con España, pero medio centenar de eurodiputados de seis partidos y 18 nacionalidades reclamaban hace unos días a Rajoy que “detenga inmediatamente” las “acciones represivas” contra Cataluña y abra “un diálogo político”. Uno de los firmantes, Ernest Urtasun (ICV), asegura que “aunque la posición oficial no ha variado, existe preocupación creciente por el choque institucional, y una incomprensión cada vez mayor por la falta de iniciativa política de Rajoy”. El líder del PPE, el alemán Manfred Weber, afirma a este diario que la situación de Cataluña “no tiene nada que ver con las de Escocia o Quebec, que pactaron un referéndum dentro de sus respectivos marcos constitucionales”. “Los tratados subrayan la importancia del imperio de la ley y de la integridad territorial de los Estados miembros. La propaganda que estamos viendo no debería cergarnos”, remacha rotundo. Para Gianni Pittella, líder de los socialistas, la batalla por el autogobierno “es justa, pero tiene que ser compatible con la Constitución. Una cosa es reformar el autogobierno regional, y otra pretender una total independencia con un referéndum inconstitucional”. “Rajoy podía haber evitado ese desencuentro con diálogo: tiene una grave responsabilidad política”, ataca. En las últimas horas, la izquierda y los verdes han intentado poner en la agenda de la semana próxima un debate sobre Cataluña en la Eurocámara; el centroderecha y el centroizquierda (PPE y PSE) han votado en contra, y los liberales se han abstenido. No habrá debate.

'Think tanks'. Eurointelligence, el laboratorio de ideas que dirige el influyente Wolfgang Münchau, analiza a diario la situación en Cataluña y sostiene que el desafío ha saltado a una nueva etapa: “España va a impedir el referéndum pero el proceso ha dado un salto imprevisible con las protestas callejeras. A pesar del envío masivo de policías, esa dimensión en la calle puede minar la autoridad del Estado y deja la iniciativa en manos de los políticos catalanes, que decidirán el martes si declaran unilateralmente la independencia”. Federico Santi, de Eurasia Group, considera “muy preocupantes” los últimos acontecimientos. “La mayor agresividad de Madrid va a dificultar el referéndum: eso limitaría el riesgo de que el Gobierno catalán declare unilateralmente la independencia, aunque las tensiones sociales pueden provocar disturbios". A los análisis de los think tanks se han sumado las preguntas en la sala de prensa de la Comisión de la prensa internacional, con un claro sesgo, de momento, a favor de las tesis del Gobierno catalán tras las imágenes de la intervención de la Guardia Civil. En la opinión publicada hay un poco de todo, aunque los grandes medios europeos no parecen apoyar las tesis independentistas: los editoriales del Financial Times, The Economist o el Die Zeit, por ejemplo, han sido duros contra el referéndum; el escritor irlandés Colm Toibin, buen conocedor de Cataluña, escribe hoy mismo en The Guardian un alegato en favor del procés.

Madrid y Barcelona en Bruselas. El Gobierno español ha empezado a dar la batalla en la capital europea con mucha más claridad en los últimos días. “Las instituciones y los Estados miembros apoyan sin fisuras a España”, aseguran fuentes del Ejecutivo, "hay decenas y decenas de declaraciones que lo demuestran". “Las capitales y Bruselas son conscientes de que nos jugamos el Estado de derecho no solo en España: nos jugamos una forma de entender la aplicación de las leyes y el respeto institucional después del reguero de disparates del Gobierno catalán”. Madrid cree que en Bruselas hay una “preocupación contenida”, y teme, eso sí, que “una mala foto” pueda agravar los problemas. "Pero el trasfondo de la cuestión es claro: el Gobierno catalán se ha saltado las leyes y los jueces han actuado. El referéndum no se va a celebrar y nadie, absolutamente nadie en Europa va a apoyar este desafío". Amadeu Altafaj, jefe de la delegación de Cataluña en Bruselas, apunta en otra dirección: “Detectamos un grado de preocupación sin precedentes en Bruselas. Sobre todo por la incertidumbre y la falta de escenarios para el día siguiente al 1-O, pase lo que pase. La preocupación obedece a los instrumentos elegidos para lidiar con un problema político, y al mismo tiempo a la ausencia de un plan para reconducir la situación con diálogo político”.

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Sobre la firma

Claudi Pérez
Director adjunto de EL PAÍS. Excorresponsal político y económico, exredactor jefe de política nacional, excorresponsal en Bruselas durante toda la crisis del euro y anteriormente especialista en asuntos económicos internacionales. Premio Salvador de Madariaga. Madrid, y antes Bruselas, y aún antes Barcelona.

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