El Tribunal de Cuentas reclama casi 5,3 millones de fianza a Artur Mas por el desfalco del 9-N
El expresidente catalán verá embargados sus bienes si no deposita esta garantía por haber desviado dinero público a la consulta ilegal de 2014
El Tribunal de Cuentas ha notificado este lunes al expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas que debe depositar una fianza solidaria de 5,250 millones de euros por el gasto ocasionado a las arcas públicas para la organización de la consulta ilegal de autodeterminación del 9 de noviembre de 2014, celebrada pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional. El expresident verá embargadas sus cuentas y propiedades si no deposita esta cantidad los 15 días fijados por el Tribunal. La cantidad incluye el dinero supuestamente detraído al erario público más los intereses generados desde esa fecha, según fuentes jurídicas. La cantidad es aun provisional porque los abogados de los implicados están presentando alegaciones y, además, debe ser reunida por todos los investigados. La instructora también ha acordado exculpar a dos de los 11 implicados en esta causa tras acreditar que no tuvieron participación en estos gastos. Se trata de Jordi Serra, interventor de Presidencia, y Carolina Pardo, interventora de la Consejería de Gobernación.
La instructora ha descubierto otras partidas económicas también destinadas al 9-N que no figuran en la liquidación provisional y que serán investigadas a lo largo del proceso
El Tribunal de Cuentas, en esta fase de investigación previa a un juicio en la jurisdicción contable, atribuye a Mas la responsabilidad por todos los gastos que se generaron en aquel pseudo referéndum de independencia de Cataluña, por el que el político acabó siendo inhabilitado por desobediencia en la vía penal.
En el procedimiento abierto en el máximo órgano fiscalizador del Estado están también investigados los exconsejeros de la Generalitat Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, que fueron también condenados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por esobediencia. Además, la causa se dirige contra otros seis altos cargos del Gobierno autonómico que supuestamente dieron luz verde en sus respectivos departamentos a los gastos irregulares para el 9-N. A todos ellos se les reclaman diversas cantidades económicas en función de su presunta responsabilidad.
La instructora designada por el órgano estatal encargado de velar porque las administraciones destinen el dinero a sus fines legales, María de los Llanos Castellanos, ha investigado en los últimos meses las cuentas del 9-N. Y ha resuelto que el dinero ilícitamente desviado con aquiescencia de Mas asciende a 5,1 millones, a los que suma otros 400.000 en concepto de intereses. A aproximadamente 5,5 millones asciende la liquidación provisional aflorada hasta el momento por el tribunal.
Es una fianza solidaria, por lo que, si alguno de los diez encartados no tiene dinero ni propiedades, los otros han de responder con las suyas por él
Ese es el dinero que Mas y otras nueve personas (cinco altos funcionarios de la Generalitat y cuatro altos cargos de su Gobierno) tienen que afianzar en un plazo máximo de 15 días si no quieren ver embargados todos sus bienes. Es una fianza solidaria, por lo que, si alguno de los encartados no tiene dinero ni propiedades, los otros han de responder con las suyas por él. No todos se enfrentan a la misma cantidad. Responden de las cantidades en cuyo destino ilícito hubiesen participado. Hubo compras, por ejemplo, de 7.000 ordenadores, de carteles electorales, de aplicaciones informáticas... Al saber que el Tribunal de Cuentas le había citado para hoy por las cuentas del 9-N, el expresidente Mas pidió públicamente a los catalanes que le ayudaran con pequeñas cantidades para pagar lo que le iba a reclamar el órgano fiscalizador.
La instructora tiene previsto comunicar este lunes por la mañana a la representación de Mas que él es responsable de todas las compras ilegales porque entonces era el presidente de la Generalitat y dio el visto bueno a todos los gastos, o los consintió. Todos los encartados (inicialmente hubo once, si bien la instructora ha exonerado a uno de ellos, un funcionario) han sido citados esta mañana para entregarles los resultados de su investigación. Cuatro abogados y un procurador en representación del expresidente catalán Artur Mas y varios ex altos cargos del Govern han llegado cerca de las 11.00 al Tribunal de Cuentas, en medio de una gran expectación de periodistas.
La comunicación de la instructora se hará delante del fiscal y del abogado del Estado que se han personado en estas pesquisas económicas, y les ofrecerá la posibilidad de presentar alegaciones. Y salvo que la instructora advierta en sus entrevistas que alguno más debe ser exculpado porque justifique que no participó en el desvío del dinero, los que queden, con Mas a la cabeza, tendrán que afianzar en 15 días los 5,5 millones. De lo contrario, sus bienes también quedarán embargados hasta que finalice el proceso en un juicio que determinará definitivamente las responsabilidades individuales.
La instructora entiende que “hay responsabilidad contable” en 10 de los 11 denunciados por dos asociaciones jurídicas catalanas. Entre los encartados se hallan Joana Ortega Alemany (exconsejera de Gobernación con Mas), Irene Rigau Oliver (de Educación) y Francesc Homs Molist, (vicepresidente, y a quien ha habido que notificarle la cita de hoy a través del BOE del pasado 16 de septiembre puesto que las tres veces que han ido los agentes del tribunal a citarle personalmente no estaba en su casa). Seis funcionarios de la Generalitat también deben responder por haber puestos sus firmas en los libramientos de dinero para el 9-N.
La instructora les atribuye el “haber ordenado, instigado o cooperado de forma necesaria en la imputación a los Presupuestos de la Generalitat de 2014” dinero que fue destinado ilegalmente a la celebración del 9-N. Aparte de los 7.000 ordenadores para los colegios electorales, se compraron programas y aplicaciones informáticas para el seguimiento de la participación y la transmisión de los resultados; material destinado a la consulta, urnas y papeletas, instalación de un centro de prensa desde el que publicitar los resultados, y los gastos del envío masivo de papeletas a millones de hogares catalanes”. La Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes, que fueron las denunciantes de estos hechos, cifraron el desvío ilícito en 5,1 millones.
La fianza puede crecer
Sin embargo, la instructora ha descubierto otras partidas económicas también destinadas al 9-N que no figuran en la liquidación provisional que hoy comunicará a los diez implicados. Y que serán objeto de análisis durante el proceso ya en marcha, lo que puede incrementar sustancialmente los casi 5,3 millones de fianza destapados hasta el momento. Al tribunal no le ha dado tiempo a recabar de la Generalitat la documentación necesaria para verificarlo.
Con cada consejero y con el resto de intervinientes de cada departamento del Govern catalán, Mas es, según el tribunal, responsable solidario de los casi 5,3 millones salido de todos y cada uno de ellos. Y después de él, su exvicepresidente Homs. Por estos gastos ilegales, el expresidente (dos años de inhabilitación) y Homs (un año y cuatro meses) ya fueron condenados por el Tribunal Supremo. Ahora toca devolver el dinero.
El desglose de los 5,25 millones
El desglose de los 5,25 millones que deberán afianzar entre los nueve supuestos responsables finales es el siguiente: 2,8 millones por la adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación, que deberán asumir Mas y la exconsejera de Educación Irene Rigau; 806.000 euros por la campaña institucional para fomentar la participación (Mas, Homs, Jordi Vilajoana e Ignasi Genovés); 699.000 euros para el soporte informático (Mas, Homs, Ortega y Lluís Bertrán); 307.000 euros para la campaña de información (Mas, Homs y Jaume Domingo); 144.000 euros para un centro de prensa (Mas y Homs); 50.000 euros para el material de votación (Mas, Ortega y Josefina Valls), 21.700 euros de un contrato menor para otra campaña informativa (Mas, Ortega y Josefina Valls). Las dos partidas menores son de 1.400 euros de la ampliación de una póliza de seguros para los voluntarios del 9-N (Mas, Ortega y Valls) y 74 euros para el registro de una web institucional de la votación (Mas, Ortega y Lluís Bertrán).
