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Referéndum secesionista

La fiscalía investiga si grandes empresas contratistas de la Generalitat están pagando el referéndum ilegal

Los investigadores creen que el Govern ha obtenido préstamos de particulares y firmas afines que devolverá dentro de varios años cuando Montoro no vigile

La Fiscalía tiene indicios de que el Gobierno de la Generalitat está financiando en parte la consulta ilegal del 1-O con dinero procedente de grandes empresas afines al independentismo cuyos balances han sido regados en los últimos años con contratas públicas de la Administración catalana.

Registro en el Departamento de Exteriores de la Generalitat.
Registro en el Departamento de Exteriores de la Generalitat.

Una investigación en marcha analiza desde hace varios días flujos de dinero de empresas afines y los organizadores del referéndum ilegal. Existe el convencimiento de que el inicio de la campaña secesionista en Tarragona, que reunió a unas 9.000 personas, y todos los recursos que se están empleando (papeletas para votar, urnas, la web suprimida, los anuncios, programas informáticos para el escrutinio…) "cuestan mucho dinero” y que parte de este sale de "empresas afines y económicamente agradecidas", señalan fuentes de la investigación.

Parte del dinero del 1-O sale de "empresas amigas económicamente agradecidas", señalan fuentes de la investigación

Otra forma supuestamente utilizada por el gobierno de Carles Puigdemont para eludir el control de gastos impuesto por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido acceder a préstamos de particulares en unos casos, y empresas amigas en otros, cuyos pagos se difieren en el tiempo a través de contratas infladas. Por ejemplo, el dinero se adelanta ahora a la Generalitat y esta empieza a devolverlo dentro de uno o dos años. Todo ello en la creencia de que entonces no estarán bajo la actual mirada avizor de Montoro.

Y la tercera línea de investigación de la Fiscalía sobre la procedencia del dinero para la consulta se centra en una presunta malversación de caudales, triquiñuelas para desviar fondos públicos de la Generalitat con el fin ilícito de costear una consulta prohibida por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, facturando pagos sobre servicios inexistentes y cuyo dinero realmente se destina a los preparativos de la consulta del próximo 1 de octubre.

La rápida asunción de las cuentas de la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda se fundamenta, entre otros indicios, en las pesquisas que desarrollan la Guardia Civil y la Policía Nacional a instancias de la Fiscalía Superior de Cataluña sobre este método de financiación. La Fiscalía indaga delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, que, de momento, atribuye a los 14 miembros del Govern, incluidos su presidente Carles Puigdemont y al responsable de finanzas Oriol Junqueras. La malversación conlleva penas de hasta ocho años de cárcel. Si los investigadores confirman estas prácticas, de las que de momento tienen indicios y testimonios de ciudadanos anónimos conocedores de algunas operaciones, el catálogo de delitos se ampliaría.

El departamento de Montoro preguntó a la interventora sobre la procedencia del dinero con que se pagan los actos preparativos del 1-0

Con este marco de fondo, la Fiscalía está estudiando asimismo si interpone una querella por desobediencia contra la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal, la persona que tiene que dar luz verde a todos los pagos y verificar que se ajustan a la legalidad. Y también informar a Hacienda de los gastos semanales que acomete el Gobierno de Puigdemont. El departamento de Montoro preguntó a la interventora sobre la procedencia del dinero con que se están pagando los actos preparativos del 1-0, pero esta indicó que lo desconocía, lo que le pareció inquietante al ministro, según fuentes gubernamentales.

El motivo de la querella sería haberse negado a enviar semanalmente las cuentas a Hacienda, si bien la funcionaria se ha retractado de su actitud y ayer empezó de nuevo a remitirlas, lo que, in extremis, podría evitarle una querella que está  preparada. Fue Hacienda la que comunicó a la Fiscalía la negativa de la interventora a colaborar en la entrega semanal de las cuentas.